14 de agosto de 2023

Los 21 concejales electos del Alto Paraná se convertirán mañana en activos, luego de jurar en el acto previsto para las 17:00 en el Centro Cultural “Agustín Pio Barrios-Mangoré” de Ciudad del Este. De igual forma, en el mismo acto, César “Landy” Torres (ANR), será investido como nuevo gobernador de este departamento. Posterior al evento, los ediles procederán a realizar la primera sesión, donde se conformará la mesa directiva por el periodo 2023-2024. Ya todo está previsto para la realización de la ceremonia oficial donde asumirán mañana sus respectivos cargos los hasta el momento concejales electos y proclamados. De los 21 ediles, 9 son del Partido Colorado (ANR), 5 del movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo), 4 son del Partido Liberal Radical Auténtico (Concertación Nacional) y 3 son del Partido Cruzada Nacional (PCN). La totalidad de los ediles tienen una promesa de campaña de impulsar el desarrollo industrial de la zona, la generación de empleos, fortalecer la salud y la educación de la zona. En el mismo acto protocolar, el electo gobernador, César “Landy” Torres, asumirá el cargo y su primera tarea será la de efectuar un corte administrativo, de modo a deslindar responsabilidades de la cuestionada administración saliente de Roberto González Vaesken. En conferencia de prensa del miércoles último, este informó que todos los vehículos; livianos y pesados, quedarían en parque cerrado, al igual que todas las documentaciones pertinentes se le entregaría a Torres, una vez que sea investido como gobernador del Alto Paraná. “Antes de este martes no le voy a poder entregar ningún documento porque antes de este día, aun no es gobernador. Recién cuando asuma el cargo, con mucho gusto le voy a entregar todas las documentaciones respecto a nuestra administración”, insistió González Vaesken, de pésima gestión, según algunos ediles salientes, como Sandra Miranda del Partido Patria Querida y Felipe Carlos Mora, del Partido Popular Tekojoja (PPT). OPOSITORES En cuanto a la sesión donde se llevará a cabo la conformación de la futura mesa directiva; de acuerdo al protocolo, está marcada para las 18:00 de mañana martes 15 de agosto, en la sala de sesiones de la Junta Departamental del Alto Paraná. En tal carácter, el bloque opositor, compuesto por 12 integrantes, si se mantienen unidos, tendrán la posibilidad de copar la principal conducción política y administrativa del cuerpo colegiado. Hasta ayer, los disidentes aseguraban que la presidencia de la próxima mesa directiva quedaría en manos de un liberal, la vicepresidencia a cargo de un referente del PCN y la primera secretaría política estaría bajo la tutela de un concejal de Yo Creo. La segunda secretaría política se le ofrecería a un oficialista. Sin embargo, los colorados no se quedan atrás y dan a entender que habrá “sorpresas” en la elección de las futuras autoridades de la corporación legislativa departamental.

El informe de la Contraloría General de la República (CGR), tras las auditorías realizadas a los periodos 2021 y 2022, de varias municipalidades del país, derivó a la remisión de esos documentos al Ministerio Público, pues varias irregularidades detectadas son punibles y merecen una investigación penal. En el grupo están al menos 6 municipios del Alto Paraná. El contralor general Camilo Benítez, indicó que desde finales de julio está remitiendo los informes de auditorías al Ministerio Público y las comunas del Alto Paraná que fueron denunciadas son Iruña (Arnaldo Mensch – PQ), Presidente Franco (Roque Godoy – PLRA), Minga Guazú (Diego Ríos – Yo Creo) y Ciudad del Este (Miguel Prieto –Yo Creo). Los colorados Nelson Cano de Hernandarias y Rafael Ramírez de Ñacunday, también integran la lista. Uno de los puntos controlados es la distribución del almuerzo escolar, según el contralor Benítez y en la región, el equipo de ReAcción Paraguay, ha presentado informes detallados con respaldo documental sobre el manejo de los recursos destinados a la alimentación de niños en edad escolar, principalmente contra los municipios que están en el área metropolitana del décimo departamento. En el caso de Ciudad del Este, en el año 2022, el intendente Prieto había mencionado que fueron beneficiadas 4.991 niños en 12 instituciones educativas, con una adjudicación por valor de G. 6.251.227.500. Por entonces, el jefe comunal esteño había dicho que disminuyeron los costos de los alimentos para llegar a más escuelas. En Minga Guazú, el intendente Diego Ríos fue cuestionado por el precio de obras viales realizadas en el distrito y este año, le aprobaron su balance correspondiente al año 2022 con 8 votos a favor y 4 en contra, pero recién ahora están pidiendo, los del bloque colorado, un asesor externo para que revise la gestión de intendente minguero. Admitieron que la aprobación la hicieron sin ningún documento respaldatorio. En Iruña, la gestión de Arnaldo Mensch está bajo la lupa, también por los costos de obras realizadas, según indicaron algunos concejales de Iruña. En tanto, en Ñacunday, la gestión de Rafael Ramírez, también está bajo la mira del Ministerio Público por los precios de obras y también habían denunciado lo relacionado a las transferencias al sector privado. PRESIDENTE FRANCO Y HERNANDARIAS En Presidente Franco, el intendente Roque Godoy siempre fue blanco de cuestionamientos severos de parte de algunos colorados, entre ellos el concejal Hugo Mendoza, quien numerosas ocasiones llevó documentos a la CGR, pidiendo la intervención de la comuna, a cargo del liberal Roque Godoy. Uno de los puntos cuestionados fue la utilización de combustibles, logrando incluso, en noviembre del año pasado, una adenda por G. 300 millones, pero tales gastos no condicen con la operatividad del parque automotor de la comuna. Las transferencias al sector privado, como las comisiones vecinales y las contrataciones por la vía de la excepción que, según la denuncia, se hizo violando la Ley, son algunos de los puntos que fueron denunciados contra la gestión del intendente franqueño. En Hernandarias, también hay numerosas críticas a la gestión de Nelson Cano y el año pasado, uno de los casos más polémicos fue el supuesto pago irregular a la Iglesia Dios del Paraguay un monto de G. 3.900 millones. Por el caso, el jefe comunal fue denunciado ante la fiscalía de Hernandarias por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Las construcciones con recursos del Fonacide que fueron dejadas a medias, pésima calidad de obras y pedidos que nunca fueron atendidos, también son puntos que salpican la gestión de Cano y que fueron denunciados públicamente por contralores de estos trabajos.