El intendente de Ñacunday, Rafael Ramírez (ANR), salió al paso de las acusaciones de la Contraloría General de República (CGR) que presentó una denuncia contra su administración ante el Ministerio Público luego de analizar de los ejercicios 2021 y 2022. El jefe comunal aseguró que, en todo caso, hubo un error humano y que están arrimando las documentaciones para echar por tierra las acusaciones. Según lo que dice la CGR, al menos G. 412 millones que correspondían al almuerzo escolar del periodo 2022 fueron despilfarrados en la administración de Ramírez. “La licitación es plurianual. Nosotros hicimos todo como corresponde, pero quiero creer que hubo un error humano, porque nos dijeron que se utilizó el ID de otra municipalidad y eso estuvo a cargo de la gente de UOC de la municipalidad, pero yo soy el administrador”, explicó el intendente. El jefe comunal insistió que no se hizo ningún pago irregular y que él como docente es el más interesado en que los niños reciban el almuerzo escolar. Por ello, su equipo jurídico y contable está recabando todas las documentaciones para presentar ante la CGR y el Ministerio Público, aunque todavía no fueron llamados a presentar su descargo. El informe del contralor Camilo Benítez, tras las auditorías realizadas a los periodos 2021 y 2022, de varias municipalidades del país, reveló que las irregularidades detectadas son punibles y merecen una investigación penal. En el grupo están al menos 6 municipios del Alto Paraná, entre ellas el distrito de Ñacunday, a cargo del colorado Ramírez. DENUNCIAS QUE SE EXTINGUIERON El intendente de Ñacunday dijo que la CGR ha encontrado irregularidades en lo que respecta a transferencias a las comisiones vecinales por un valor de G. 800 millones destinados a la perforación de pozos artesianos, pero las obras nunca fueron realizadas. Recordó que enviaron todos los antecedentes a la Fiscalía de Iruña cuando asumieron el cargo y que nunca hubo ningún trámite en relación al caso. Todo esto es en relación a la gestión de su antecesor Everaldo Devitte, que según el intendente Ramírez es muy amigo de la fiscal zonal de Iruña, María del Carmen Meza. A raíz de esa amistad la representante del Ministerio Público habría hecho de todo para que las denuncias en su contra no tengan trámite y las causas se extinguieron. En abril del año pasado, la Fiscalía zonal había informado que esperaba los informes de la CGR sobre los movimientos bancarios de la comuna ante presuntos hechos de estafa y lesión de confianza, pues al menos G. 792.344.800 fueron cobrados a través de cheques que fueron efectivizados y que no constan en la rendición de cuentas de la gestión de Everaldo Devitte. Esto hizo que la comuna deje de recibir por bastante tiempo los fondos de royalties y Fonacide en la actual administración. Al respecto, el intendente Ramírez dijo que tras varios trámites ahora cuentan con G. 550 millones en las arcas de la municipalidad para ejecutar los proyectos dentro del municipio. Otro de los casos que no fueron investigados fue la supuesta excavación de pozos artesianos por los cuales recibió G. 92 millones en un primer desembolso y otros G. 9.200.000 para comprar transformadores, que estaban a cargo de una comisión de infraestructura y desarrollo distrital, que no cumplió con la ciudadanía.
