23 de agosto de 2023

Senadores de la bancada de Honor Colorado de la ANR presentaron al canciller Rubén Ramírez Lezcano una propuesta de adenda que modifique el convenio suscrito entre el Gobierno y la Unión Europea para el apoyo financiero a proyectos educativos. El canciller indicó que todas las inquietudes de los senadores -como representantes del pueblo- serán plasmadas en un instrumento diplomático, sea una adenda, nota reversal, o convenio adicional. En este documento “buscamos que toda la redacción e implementación se ajuste a las prioridades y necesidades del Paraguay”, dijo en conferencia de prensa. El ministro de Relaciones Exteriores recordó que su prioridad al asumir el cargo la semana pasada fue la de encontrar una solución al proyecto de ley que deroga el convenio firmado en el año 2020 para el financiamiento de proyectos de mejora educativa, de apoyo a infraestructura y jornada escolar extendida, entre otros. “El aspecto financiero no es una prioridad”, dijo el canciller sobre la advertencia de las autoridades salientes del Ministerio de Educación y Ciencias, de que Gs. 110.000 millones quedarán sin ser financiados de derogarse la cooperación no reembolsable. Agregó que Paraguay tiene que ser un país “cumplidor” de los acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, “no podemos poner en riesgo la educación de nuestros jóvenes”, afirmó. Al respecto, se buscará modificar el convenio y enviar al archivo el proyecto de ley que propone su derogación.

Según las denuncias, el “Comité Evaluador” de la Municipalidad de Minga Guazú optó por otorgar la licitación a varias empresas amigas del intendente Diego Ríos. Incluso, estas presentaron sus costos más altos que otras empresas que también estuvieron en el concurso de licitación, pero quedaron fuera. Los documentos por los cuales se les adjudicó a estas empresas fue avalado por la Junta Municipal minguera actual, por lo que también serán investigados los ediles, según la notificación oficial que recibieron ayer. Este hecho, de igual manera y de forma paralela, fue denunciado ante el Ministerio Público por las empresas que fueron perjudicadas en dicha licitación, por lo que existen varias denuncias sobre un mismo hecho en diferentes instancias investigativas. La investigación fiscal fue abierta por el hecho denunciado contra la Municipalidad de Minga Guazú el 14 de junio, tras una convocatoria a Licitación Pública Nacional para la construcción de pavimento tipo empedrado. Se trata de la licitación 01/2023, con ID N°: 422716 en el portal de Contrataciones Públicas, según la notificación entregada ayer al cuerpo legislativo comunal. De acuerdo a las versiones de los denunciantes, además de los concejales municipales, estarían implicados los integrantes del Comité Evaluador y funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna minguera. La fuerte sospecha es que ninguna de estas instancias no hubiese dado su visto bueno de manera irregular sin la anuencia del intendente de esta localidad, por lo que también debe ser investigado, procesado e imputado, según los denunciantes. Las firmas que presentaron una menor oferta de costos y que alevosamente quedaron fuera de esta licitación fueron RC Construcciones, de Raúl Casco Escobar, y PAC, de Pablo Armoa. Pese a cumplir con todos los requisitos exigidos, ambas empresas quedaron fuera del proceso y se les benefició a otras empresas que presentaron una mayor oferta, señala la denuncia.    

En un hecho inusual, la presidente de la Junta Departamental del Alto Paraná, Carolina Rivas (ANR), prohibió a los comunicadores de diferentes medios de comunicación, que suelen realizar coberturas en el lugar, ingresar a la sala de sesiones donde se estaba llevando a cabo la reunión ordinaria del cuerpo colegiado. Argumentó que, debido al reducido espacio físico del sitio, no se permitiría el ingreso de más personas, por lo que invitó a los trabajadores de prensa a abandonar el lugar. Los periodistas se trasladaron al recinto asambleario debido a que se escuchaba con mucha dificultad lo que decían los concejales, por lo que decidieron ingresar a la sala, donde fueron diplomáticamente expulsados del lugar por Rivas. De todos modos, los periodistas se ingeniaron para seguir transmitiendo la sesión. La postura asumida por Rivas atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía de informarse de las determinaciones que toman las autoridades del departamento. Lamentablemente, Rivas no entendió así y expulsó a los trabajadores de medios de comunicación, pese a que ya fue concejal en el periodo anterior. La misma debió entender el trabajo de los trabajadores de prensa, pero primó más en ella su dictadora personalidad, antes que una funcionaria pública que se debe a toda la ciudadanía altoparanaense.

Ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Ciudad del Este y en la oportunidad el concejal Ernesto Guerín (ANR) presentó al plenario un pedido de informes respecto a las deudas pendientes contraídas por la administración del intendente Miguel Prieto. La solicitud hace referencia al compromiso económico asumido en los años 2020,2021, 2022 y hasta la fecha, según refiere la minuta presentada por el edil colorado. Igualmente, solicitó vía presidencia de la corporación, que el ejecutivo municipal rinda cuentas en relación a las transferencias de dinero realizadas a las comisiones vecinales, subcomisiones, asociaciones y otras entidades sociales, debido a la serie de denuncias presentadas contra el administrador comunal ante el Ministerio Público por el supuesto mal manejo de estos fondos. De acuerdo a la denuncia hecha por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, el intendente municipal Miguel Prieto hacía las transferencias de los fondos municipales a las diferentes comisiones vecinales, pero estas solamente firmaban por los documentos sin recibir un solo centavo a cambio, ya que todas las obras eran direccionadas por esta administración. A raíz de ello, el edil se mostró preocupado por esta situación irregular, por lo que le pide a Prieto rendir cuentas al respecto.

Ayer martes se recordó y celebró en todos los centros educativos públicos y privados del Alto Paraná, el Día del Folclore, pero el gran ausente en todos los actos conmemorativos fue el gobernador del Alto Paraná, César “Landy” Torres, que “desapareció” del espectro público. Ni siquiera en la sede de la Gobernación se llevó a cabo, por lo menos, un pequeño evento alusivo a la fecha, como retribución y defensa de las costumbres tradicionales de la cultura paraguaya. Tampoco, ningún funcionario departamental y mucho menos el nuevo secretario de Educación, Lic. Eligio Martínez, se animaron a dirigir un pequeño acto cultural. Esta visible ausencia cultural de las máximas autoridades del departamento le hace muy poco favor a las mismas. Lo peor es que ni siquiera en las páginas digitales de la institución se hicieron eco del evento recordado este martes, por lo que a las claras denota su falta de interés en defender y promover la cultura paraguaya. Es imperiosa la necesidad que la Gobernación del Alto Paraná haga una rápida reingeniería en relación a las fechas importantes que hacen al acontecer nacional, más aún por estar en una estratégica ubicación, donde comparte fronteras con dos grandes países como la Argentina y el Brasil.

El principal trabajo desarrollado por el CEAP es la promoción de la cultura en los diferentes distritos del Alto Paraná. Siendo un ente sin fines de lucro, prácticamente no recibe la asistencia económica de ninguna institución pública, por lo que estaban utilizando una oficina en la Gobernación del Alto Paraná, al no poder solventar los gastos del alquiler de un espacio físico en otro lugar. En la confianza que iban a continuar usufrutuando dicho espacio, se apersonaron en estos días a la institución, donde se llevaron la sorpresa de que sus pertenencias estaban tiradas en otra oficina, sin que nadie le haya dado explicaciones al respecto. La actitud de la nueva administración, a cargo del gobernador César “Landy” Torres, se encuadra dentro de una total falta de respeto hacia los promotores de la cultura, que ni siquiera fueron notificados de la determinación adoptada por el nuevo gobierno departamental. De acuerdo a los datos, además de haberse tirado al piso importantes libros y obras literarias de relevante valor cultural, los pocos mobiliarios del lugar también fueron removidos. La realización de ferias de libros y exposiciones de obras literarias fue el principal eje de trabajo realizado por esta organización con el claro objetivo de promover la cultura a nivel departamental. Lamentablemente, las instituciones encargadas de velar, promover y apoyar este tipo de eventos desarrollados por la CEAP, son las que debilitan todo tipo de esfuerzos realizados para promover y sostener actividades culturales. El gobernador Torres debería pedir disculpas públicas a los integrantes de esta organización sin fines de lucros y resarcir el daño moral causado a sus integrantes, sobre todo, por la abierta falta de respeto y consideración que se tuvo contra los mismos. Los integrantes del CEAP lamentaron el manoseo moral y grosero trato que tuvieron las nuevas autoridades de la Gobernación del Alto Paraná al tirar las pertenencias del organismo cultural, sin tener la más mínima consideración al trabajo que vienen desarrollando en pos de la promoción cultural en la zona. Este discriminativo, desvergonzado e insolente acto requiere una inmediata explicación de las nuevas autoridades de la Gobernación y, sobre todo, de la inmediata restitución del espacio que venían usufrutuando los integrantes del CEAP.