Por definición “lato sensu”, la evasión fiscal es toda acción dolosa de ocultamiento de bienes o ingresos, con el objetivo de no pagar impuestos o pagarlos menos. Y como es propio, el no pago de tributos, que están puntualmente establecidos en las normas de la materia, por más antipático y hasta injusto, es obligación general a la que primordialmente los empresarios y comerciantes deben cumplir sin excusas. Guste o no, el incumplimiento genera sanciones. Sin entrar en la discusión de destinos y utilidades reales de lo que el fisco impone, históricamente este rubro ha sido motivo de irregularidades, beneficiando no precisamente al origen estimado para tributos. Y en ese sentido, es ineludible dejar de sostener la estructura delincuencial que de la evasión nace, pues solo favorece a muchos “peces gordos” de sectores comerciales, empresariales y de los mismos componentes de los órganos tributarios, que en la práctica son quienes fomentan la ilegalidad. Los que lucran con la evasión, y puntualmente el contrabando, son mayormente comerciantes inescrupulosos que amasaron fortunas explotando a dependientes. Muchos de ellos propietarios de conglomerados de medios de comunicación, donde se autoprotege el buen negocio. Pero lo claro y concreto es que la evasión perjudica a todos, si se antepone lo que se establece en el marco teórico del objetivo de los tributos. Por principio, la ley tiene vigencia “erga omnes”, por lo que no debería existir impunidad, independientemente a apellidos, padrinos, o patrones de quienes figuran como grandes evasores, por lo que las instancias tributarias deberían animarse a tocar ese tema. El perjuicio al país es real, por lo que la falta de castigo a los grandes contrabandistas es el mal a combatir, no a quienes traen una bolsa de productos del supermercado de frontera. Pero es apropiado considerar que no podrá ser normal lo ilegal, pese a manifestar carencias materiales. El no tocar a los poderosos que integran esquemas de evasiones, es aumentar la impunidad promotora de este delito. La severidad contra los “pececitos” del río de las mafias, pinta más bien a conseguir chivos expiatorios. Los integrantes del Gobierno, desde antaño, prefirieron dejarse estar en este ámbito, por la preeminencia de la corrupción, que les valió convertirse en multimillonarios en base a lo antijurídico. Los encargados de los controles fueron los principales delincuentes que no vieron, no escucharon y no dijeron nada. La evasión fiscal es un mal con largas extensiones, favoreciendo a organizaciones delincuenciales, verdaderas mafias que tienen un perverso esquema que los beneficia a costa del Estado, llegando no solo a góndolas de supermercados, sino hasta a grupos delictivos alimentados por el narcotráfico. La ciudadanía debe comprender que la ley es regla, que desobedecerla es un delito castigable, por lo que exigir que esto llegue más arriba será correcto para la generalidad. Lo que no corresponde perjudica al país. Al no recaudarse lo estimado, se traban fuentes de financiación para obras públicas, mejoramiento de servicios y el sostenimiento del mismo Estado. La obligación es siempre la misma, erradicar lo ilegal, y para ello la presente administración gubernamental, a la par de controles sobre las firmas, debe dirigir la lupa sobre sus contralores. Castigar a quienes montaron grandes empresas con bases en la evasión, será aleccionador.
