La inmensa lista de organismos y entidades del Estado que plantean aumentos en Presupuestos, primordialmente para salariales, se contrapone totalmente a gran parte de opaca gestión de los sectores, y principalmente para quienes serán los beneficiarios. Deficientes servicios, funcionarios con poca formación intelectual, encima descorteces y poco empáticos, no precisamente son atributos premiables. La reivindicación salarial es un derecho para todo trabajador, eso es innegable, pero puntualmente para la función pública existen circunstancias que antes que justicias, parecieran beneficios inmerecidos. No se puede generalizar, pero al seguir en las mismas penurias suma en contra de pedidos. Todo empleado del Estado, con empeño en cumplir cabalmente sus funciones y demostración de capacidad para el mismo, nada más que ejerce su obligación para el cual fue designado. De la misma forma, arrastrar la incompetencia y la irresponsabilidad deberían ser suficientes para ser cambiado. Esto sí, debería ser normal. Históricamente las instituciones públicas se han llenado de recomendados políticos, donde el mayor mérito era ser afiliados a un determinado partido político o ser apadrinado por algún fulano con poder político. Ni siquiera saber leer y escribir eran filtros para ellos. Ineficiencias y desidias de décadas no pueden prevalecer en este tiempo donde lo que urge es la capacidad de llevar adelante gestiones adecuadas para bien de la generalidad. Otra realidad es que lo buenos y honestos empleados del Estado son postergados por caprichos de analfabetos funcionales, pero con clisé de jefe por desgracias de zoquetes. Inoperantes e ineptos no pueden seguir siendo adornos del estamento del que depende optimizar los servicios públicos. Todo trabajador tiene derecho al pago digno por su labor, siendo directamente proporcional al trabajo, no a ser planillero o hurrero. Igualmente, el ciudadano tiene derecho a exigir que se proporcione una mejor labor en las instituciones públicas. Si se seguirá con malos tratos, arrogancia, corrupción, lo que se merecería es ser sacado de cargos. Descansos legales prolongados y estabilidad laboral preferencial ya son premios relevantes en un país donde el Estado encabeza la lista de improductividad y gasto. Ciertas instituciones públicas son realmente de élite, ganando sumas absurdas por poca labor y escasa carga horaria. Muchos privilegiados cumplen funciones como máximo 6 horas por día y hasta el viernes, con respeto absoluto de feriados, huelgas, permisos, premios y sobresueldos. ¿Quién no quisiera estos privilegios? Todo pedido o consideración debe basarse en argumentos reales, pero por sobre todo en fojas limpias, aportes con innovaciones para la labor cumplida, alta eficiencia y rendimiento. Hay demasiada deficiencia en entes dependientes del Gobierno como para intentar desvirtuarlos. La depuración es importante justamente para optimizarla. Contar con funcionarios instruidos y servicios como corresponden, es obligación para con la ciudadanía, que al final de las cuentas es la que paga los salarios. Achicar el Estado es indispensable para el sostenimiento. Aumentar por aumentar por simple populismo, no será la respuesta para estar mejor.
