Para los problemas sociales más perturbadores, se dan buenos planteamientos sobre eventuales métodos de solución a ilegalidad, corrupciones, impunidad e ineficiencias estatales. Desde modificaciones de normas, del Código Penal y Procesal Penal, incluso una reforma en la Constitución Nacional, así como la implementación de tecnología para hacer de los presos sãmbuku más rastreables, cámaras por zonas públicas, registro dactiloscópicos, expedientes digitalizados y con acceso online, chips en cédulas y pasaportes, son considerados por los estudiosos y no tan estudiosos, de políticas criminales y de transparencias, como fórmulas de resolución de los problemas. Pero a las propuestas, que no son para nada despreciables y plenamente vigentes en otras naciones, obviar que el real problema es el componente humano, hace de las brillantes ideas inocuas. Existen sobradas normas que precautelan derechos y bienes, así como sanciones a las inobservancias de procesos, o la lentitud adrede, plazos precisos y perentorios, pero se tiene a una Justicia veloz como el caracol de jardín o el perezoso de tres dedos. La comercialización de disposiciones judiciales no se compadece de la aplicación de tecnología a expedientes, así como la selectividad para determinar severidad o suavidad. El componente humano es el defectuoso por excelencia. Por ello funcionarios públicos, y hasta profesionales médicos, tienen la capacidad de marcar llegadas con huellas dactilares, pero escabullirse minutos después, sin que la tecnología los coarte. La actual Constitución no es ninguna excusa como para vigencias de impunidades o la acción de jueces venales. Al menos en los artículos no figuran habilitaciones para animadversiones o amaños. Todo el mal por el que se reclama acción, plenamente están contempladas en esta misma legislación, solo que no se cumple. La corrupción en estamentos públicos es sostenida por altos funcionarios sin escrúpulos que viven de la coima. No hay marco legal que genera consciencia real, siempre se buscará una manera de vulnerarla, pues el desequilibrado malviviente vive de despojar bienes. La cédulas de identidades y pasaportes, antes mismo de entrar en vigencia ya tienen olor nauseabundo, ya que su origen de sobrefacturación y negociados preocupa. La erradicación de vicios pasa por una profunda reingeniería funcional y de recursos humanos. Y teniendo en cuenta ello, la impunidad es el motivador principal de hechos irregulares. Mediante unos (muchos) dólares se logra volcar la justicia, trabar derechos ajenos y entregar cédulas a “Dinho” en 24 horas. Falta propósito personal de integridad e infranqueable patriotismo en quienes tienen la responsabilidad de impartir justicias, administrar recursos públicos y en quienes tienen el deber de ser contralores. Si las cabezas no se sometieran a la corrupción, es más que evidente que en instancias inferiores tampoco no lo harían, por ello la importancia de líderes con autoridad moral y con desprecio a la falta de honradez. Sin ética y moral efectiva, los miembros de los poderes del estado se zambullen a las órdenes de propios intereses económicos. Del factor humano depende todo.
