Seguir sin priorizar efectivamente a la educación, es el daño más torpe que se puede propiciar a uno de los elementos más trascendentes del progreso. La educación pública padece innecesariamente de acondroplasia debido al desinterés gubernamental, que pareciera hasta ser conveniente dejarlo con baja estatura, pues por sentido común inversión en el ámbito es garantía de mejorías. Es innegociable para cualquier buen propósito, no acrecentar recursos para rubros que permitan la formación integral de ciudadanos, independientemente a las condiciones materiales. Y si bien en discursos, la salud, seguridad, trabajo y por sobre todo la educación, han sido puntas de lanza de campañas electorales, hoy hay olvido. Apostar en mejorar la educación implica perfeccionar la infraestructura y salarios de docentes. Nunca puede ser tomado como gasto, destinar mayor presupuesto a universidades públicas. Hacer alcanzable para la mayor franja de ciudadanos y ciudadanas una formación académica superior, no es una cuestión de premio, sino obligación del Gobierno. Intentar construir educación terciaria de calidad, es prioritario para la generación de avances en ciencias, y en solución a los problemas sociales. El alto costo de la educación universitaria es real, pese a lo que se puede llamar de gratuidad, que en la práctica es pagar cuotas, pese a ser públicas. Buscar cercenar presupuestos, como el caso puntual de la UNE, es el contrasentido más grande para un país que desea el progreso para su gente y que repite que se estará mejor. En pleno Siglo XXI, la población no puede resignarse en aceptar que solo con auxilios de becas se puede aspirar a cumplir el anhelo de ser profesionales. Es una vergüenza que se haga alarde de formaciones en el exterior del mismo Jefe de Estado, pero en contrapartida antes que incrementar recursos se proceda al tijerazo periódicamente La educación sigue siendo la prioridad en tiempos electorales. La desidia gubernamental queda plasmada con la mezquindad repetida. Eliminar privilegios innecesarios de la esfera del poder, ni siquiera figura entre los propósitos para optimizar los siempre escasos recursos oficiales, por lo que lleva al primer análisis somero, de que no se cambia con la práctica de lo inservible para la generalidad. El recorte siempre es para rubros que la ciudadanía requiere mejorías. Pero, ¿qué se puede esperar de gente que prefiere y avala comprar títulos de supermercados, perdón, universidades, y desde curules decidir suerte de quienes tienen diez veces más formación académica e integridad? Tener a más ciudadanos con instrucción terciaria, solo no conviene a quienes instalan oscurantismo para sobrevivir a costa de ignorancias ajenas. La ignorancia no pasa por una decisión de vida, sino por falta de oportunidades. Al ser un derecho, inmediatamente pasa a ser obligación del Estado permitir que se rompan las desigualdades humanas, y en efecto lograr que connacionales estén mejor. Una educación mejorada, repercute en todos los ámbitos, facilitando la optimización de salud, trabajo y bienestar comunitario.
