En la función pública todo hecho de corrupción es repudiable, más aún cuando se hace mención en la tremenda necesidad de una gran franja poblacional. Lo despreciable se incrementa cuando seudo políticos y funcionarios estatales intentan sacar lucro indebido en rubros sensibles como salud y educación. Aunque en casi la generalidad de instituciones nacionales y locales prevalece el descaro vil de sucias mentes de malvivientes que no solo meten la mano en la lata, sino que la dejan vacía. No puede dejar de tener repulsión lo aberrante del actuar de quienes lanzan discursos de interés en el pueblo, pero en sus actos son apátridas y traidores. Deberían tener sanción correspondiente. Lograr trabar investigaciones fiscales y hasta desmeritarlas con chicanas sucesivas es hacer de negociados para amigos, sobrefacturaciones, la muestra más palpable de cómo opera la asociación ilícita para delinquir prevaleciente. El dinero público debe tener un manejo objetivo y cuidadoso, estableciéndose criterios claros de manejos de licitaciones y adjudicaciones. Es despreciable el robo de los bienes públicos, por lo que bandidos que buscan lucrar desde cargos, no pueden permanecer es sus roles como si nada. La afiliación política no hace menos corruptos o merecedores de impunidades. Ya no debe haber momentos de tolerancia para manejos irregulares de bienes públicos, y aquellos que juzgan selectivamente malvivencias, son tan o más sucios que defendidos. La sanción debe ser severa y pública, por lo que no se espera otra actitud de quienes deberían ser custodios y sancionadores. Los corruptos son la peor clase de malvivientes, careciendo de conciencia, ética y rubor por la vigencia de la impunidad, en base al dinero y poder político. Los negocios de los mafiosos de la política siguen sin pausa, y con los cambios de gobiernos, sean nacionales o comunales, lo que se tienen son apellidos distintos, pero con los mismos vicios. Hay una generalidad preocupante en torno a intendentes ladrones. Cada centavo de la ciudadanía debe revertirse a ella, de eso se trata el manejo de la cosa pública. El desprecio hacia el pueblo es sucesivo, pero ya debe ser considerado como imperdonable. No solo la exposición pública será suficiente para al menos hacer sentir vergüenza a los pillines de la función pública, pues se ha mostrado que con escraches en redes sociales, hasta a los hijos de traficantes de influencias, no surten efecto. La destitución y la cárcel no son cuestiones negociables, sino medidas primeras, pues se necesita dejar el claro mensaje de líderes positivos del país y la sociedad, que ya no habrá permisividad con el actuar de ladrones en estamentos de la función de servicio a la sociedad. Se necesita de mano dura contra malvivientes de guantes blancos, por lo que impartidores de justicia deben hacerse sentir, si en verdad no están igualmente metidos en el engranaje corrupto que desangra al país hace añares. El pueblo está hastiado de lo que no es para el bien común y la paciencia no es opción en la ciudadanía en general, que sigue padeciendo de los mismos males, periodo tras periodo. Nadie en su sano juicio puede seguir siendo tolerante con lo que no corresponde, por lo que hacer saber de ello es obligación de ese pueblo cansado de ser burlado.
