Agentes fiscales, referentes policiales, en una variedad de ocasiones han demostrado descoordinaciones sumamente llamativas, llegando a permitir ilegalidades de clanes políticos y empresariales, así como a sus respectivos clanes. Argumentos rebuscados, excusas legales, medias verdades, mentiras totales, se solapan por orden superior y las leyes quedan en el más bajo nivel de vigencias. Esto por responsabilidad plena de personajes nefastos que hacen y deshacen conforme planes típicamente mafiosos. Esto se ha dado desde hace décadas en el país y puntualmente en el Este, donde poco o nada varió. Seguir en esta temática de lo incorrecto, donde reivindicadores de la paz apelan a la violencia y la transgresión a las normas de transparencia y del correcto uso del dinero público, es como contar con piratas al mando de barcos oficiales. La ley se cumple, se puede discutir, pero hay que acatarla, por más falsa moral que se publique. Someter normas a criterios personales, echando por tierra pilares de legalidad, y desvirtuando la exclusividad de entender y decidir en derecho del Poder Judicial, sí es una aberración del tamaño del país, pese a reculadas. Este retroceso es cancerígeno para un país que pretende dejar el molde de “kachiai”. El manejo al estilo mafioso sigue intacto. Este país será uno de los pocos que tienen como jueces a exponentes de poderes no correspondientes y a mandatarios no ungidos por el pueblo. Los ejemplos son claros y se sucedieron a lo largo de penosos años. Hay un círculo poco virtuoso de torpezas que anidan miserias para la generalidad y beneficios a unos pocos. Apuntar al futuro, al avance, al debido proceso es fundamental para la salida del estancamiento económico, social y legal del Paraguay y de Ciudad del Este, no buscar retrotraer al país al nivel donde algunos están por sobre las leyes. Muchos quienes intentan aparecer como impolutos viven como verdaderos monarcas, rodeados de guardias, en viviendas lujosas y vehículos únicos, mediante la generosidad de los recursos públicos. Estas incoherencias también se perciben en acciones de algunos cercanos al poder, que más bien se valen de esas prerrogativas para lucrar y hacer un verdadero negocio de sus funciones ad honorem. Los hechos no necesitan más detalles, hablan por sí solos, por lo que intentar desmentirlos es tomadura de pelo. Si de veras se quiere realidades nacionales y locales distintas, como se repite apreciar desde el Gobierno Nacional, ya no se puede seguir defendiendo la práctica malviviente de proteger a ladrones de la cosa pública y castigar a quienes los denuncian. Reflotar viejas prácticas nefastas de caudillos que dictan normas por sobre leyes, siendo en efecto la ley y el orden, no precisamente llevará a buen puerto a la generalidad. La sociedad también debe seguir con sus reclamos en pos de romper la impunidad a quienes robaron consuetudinariamente al pueblo, siendo el mejor elemento de presión hacia serviles al dinero.
