20 de junio de 2024

El diputado Walter García (Yo Creo), solicitó ayer a la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de  autoridades de Ciudad del Este y Presidente Franco, con el propósito de “discutir” los problemas de límites existente entre ambas ciudades. Se trata de un conflicto que se arrastra desde hace más de tres décadas y sigue sin resolverse. Los pobladores ubicados en la zona de conflicto no tienen la certeza en qué municipio se encuentran. La petición del legislador esteño motivó la reacción de los franqueños, quienes comenzaron a cuestionar la actitud del parlamentario por las redes sociales, afirmando que la propuesta es tendenciosa, debido que los esteños buscan sacar réditos de la situación. En octubre del 2017, el entonces concejal municipal franqueño, César Benítez, había planteado la realización de una mensura judicial respetando lo establecido en la Ley 776/79. La intención del edil fue realizar una compensación para ambas partes y dar solución al diferendo. Sin embargo, hasta a la fecha no se avanzó en nada. Más que perder territorio, la discrepancia radica en la recaudación en materia de impuesto inmobiliario, que más que nada, estaría perjudicando a la localidad de Presidente Franco, según las autoridades actuales. De acuerdo a los datos, la disputa real se basa en que se dejaría de recaudar unos G. 5.000 millones, aproximadamente. La propuesta del legislador, aliado político del intendente Miguel Prieto, es que una mesa técnica analice exhaustivamente los pro y los contras, de modo a establecer un mecanismo que no sea perjudicial para ambas partes, aunque la versión del parlamentario no convence a los franqueños, quienes afirman que la comuna esteña busca quedarse con una importante cantidad de porción de tierras, lo que perjudicaría bastante la recaudación a la comuna franqueña.

Miembros de la organización “Consejo CDE Libre”, celebraron la posibilidad de que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sea encontrado culpable de las denuncias de corrupción existentes en su contra. Igualmente, refirieron que no se trata de una persecución política, tal como lo quiere hacer entender el intendente municipal. Sostienen que hace bastante tiempo el jefe comunal debió ser procesado, acusado y condenado por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal para delinquir, entre otros. Recordaron que el intendente no tiene palabras, ya que en el 2019, cuando los fiscales Manuel Trinidad y Hermenegilda Cubilla intervinieron la comuna, había dicho que no los recusaría porque eso significaría admitir los hechos que le endilgaban por el caso “Tía Chela”. Sin embargo, dos días después accionó y apartó a los referidos fiscales, con lo que inició su prolongado juego chicanero. Desde entonces Prieto viene manteniendo una campaña donde se presenta como inocente. Sus críticos expresaron que la elevación de la causa a juicio oral genera esperanzas para volver a confiar en la Justicia, aunque no del todo, ya que se dilató bastante el proceso, por lo que estarán atentos a lo que pudiera suceder con este caso, advirtieron. El grupo de ciudadanos viene desarrollando movilizaciones y acciones para demostrar la autoría de Miguel Prieto en varios supuestos hechos de corrupción.

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez formularon este miércoles una acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El mandatario municipal enfrenta cargos por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso conocido como “Esquema tía Chela”, que implica el desvío de más de 2.000 millones de guaraníes del patrimonio municipal. Según los fiscales, entre los meses de marzo y junio de 2020, Prieto, en su calidad de administrador general y ordenador de gastos de la comuna, habría orquestado una licitación irregular para la compra de insumos destinados a la fabricación de panificados. Esta iniciativa, supuestamente destinada a beneficiar a familias de escasos recursos durante la pandemia de Covid-19, resultó ser una fachada para el desvío de fondos públicos. La acusación indica que el intendente contaba con la colaboración de varios miembros de su equipo, quienes facilitaron el proceso irregular. Entre los implicados se encuentran Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, exdirector de administración y finanzas de la comuna; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, concejal municipal y exdirector de Desarrollo Social; Higinio Ramón Acuña, jefe de División de Adquisición y Suministro de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A., empresa proveedora. El Ministerio Público sostiene que el proceso de compra pública estaba amañado y dirigido para beneficiar a una estructura jurídica favorable a Prieto. Se alega que esta estructura se encargó de “todo el proceso de pago a la empresa proveedora TÍA CHELA SRL por mercaderías inexistentes a través de la órdenes de compra y las órdenes de pago suscritas por las cuales se autorizó el desembolso de G 2.949.650.000 del patrimonio municipal. Como resultado de estas conductas, estos funcionarios a sabiendas colaboraron con Miguel Prieto Vallejos en el detrimento negativo (perjuicio) del patrimonio de la institución por la suma total de G. 2.130.036.160”. Miguel Prieto y los demás acusados enfrentarán cargos severos que podrían derivar en sanciones penales significativas, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los fondos desviados.