Tras la determinación adoptada por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, de no hacer lugar a la recusación realizada por la defensa de Miguel Prieto Vallejos contra el juez penal Humberto Otazú, en la causa conocida como “Tía Chela”, el intendente recusó de vuelta ayer al magistrado con el objetivo de dilatar el proceso judicial. En su rechazo, de manera unánime, la Cámara integrada por Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Digno Fleitas, explica que ha sido constante la opinión de “los Tribunales de rechazar la pretensión, cuando provengan de una de las partes, pues la misma corresponde a la iniciativa del magistrado, cuando no se encuentre en condiciones, por causas graves, de atender en un proceso si siente en duda su imparcialidad o independencia. Consecuentemente, no corresponde hacer lugar a la recusación formulada”, refiere el argumento de rechazo a la chicana promovida por la defensa del intendente Miguel Prieto. Sin embargo, al presentarse la “Acción de Inconstitucionalidad” por la defensa de Prieto, contra la Resolución de la Cámara de Apelación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, “aún no queda firme la competencia del juez”, refiere la resolución judicial, por lo que se aguardará que se resuelva este hecho, para de vuelta fijar una nueva fecha para su imposición de medidas. La defensa de Prieto alega como motivo la causal prevista en el art. 50 inc. 13) del Código Procesal Penal, en la postura de que el citado magistrado “es compadre de la familia Zacarías”, precisamente de la diputada Rocío Abed y su marido Justo Zacarías Irún, del cual “este último es enemigo declarado de nuestro defendido que es de público conocimiento y constituyendo así una grave irregularidad procesal que genera sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez, y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación”, expresa el escrito presentado.
