Fecha Actual

15 de agosto de 2024

Automovilista ebrio embiste contra una columna de la ANDE

Un automóvil dirigido por un argentino que se encontraba bajo efectos del alcohol embistió  contra una columna de la ANDE, en la madrugada de hoy. El conductor dio positivo con un alto grado a la prueba de alcoholemia. Ocurrió en el barrio Juan E.  O´leary de Ciudad del Este. Se trata de Juan Pablo Sánchez, quien conducía un automóvil de la marca Chevrolet,  modelo Onix HB, con chapa N° AAEL-826, registrado a nombre de Fabiola Aracelli Díaz Galeano. El agente fiscal de turno, abogado Osvaldo Zaracho, ordenó que el conductor fuera sometido a la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,862 mg/l. Tras la diligencia, el fiscal interviniente dispuso la incautación del vehículo y la liberación del conductor. Se labró un acta de lo sucedido, y se continúa con el proceso legal correspondiente.

Por falta de insumos, persisten atrasos en la expedición de Registros y Habilitación Vehicular

A pesar de las denuncias públicas y las quejas, los usuarios de la Municipalidad de Ciudad del Este continúan enfrentando graves dificultades para acceder a servicios básicos debido a la persistente falta de insumos. Los registros de conducir y carnets de habilitación vehicular no se pueden expedir hace semanas o se emiten a cuentagotas, lo que ha generado una creciente frustración y descontento en la ciudadanía. Fuentes confiables dentro de la Dirección de Recaudaciones, informan que la causa principal es la falta de pago a los proveedores, lo que ha provocado un desabastecimiento crítico de materiales esenciales. Aunque los carnets de habilitación comenzaron a ser expedidos nuevamente en un breve lapso, el problema está lejos de solucionarse. La lenta cancelación de las deudas municipales ha llevado a los proveedores a liberar los insumos a cuentagotas, empeorando la situación y prolongando el malestar de los contribuyentes. Lo más indignante para los ciudadanos es que, mientras la administración municipal no logra garantizar el suministro de insumos básicos, el intendente Miguel Prieto continúa derrochando recursos en eventos y proyectos de dudosa prioridad. Entre los gastos que han levantado polémica, se destaca la reciente «cena de oro» ofrecida a empresarios esteños, un evento costoso que contrasta radicalmente con la precariedad en la que se encuentra el servicio municipal. Además, Prieto ha destinado millonarios rubros al supuesto arreglo de plazas, un gasto que muchos consideran innecesario en el contexto de la crisis actual. Desde que Miguel Prieto asumió la administración en 2019, la Municipalidad de Ciudad del Este lidia con millonarias deudas que han afectado gravemente su funcionamiento. De acuerdo con el informe cuatrimestral que cerró el 31 de diciembre de 2023, la deuda total ascendía a G. 60.784.148.005. Estas deudas incluyen montos significativos con proveedores, funcionarios contratados y otros gastos operativos. El manejo financiero de la administración de Prieto ha sido ampliamente criticado. En lugar de destinar los ingresos de 2024 para cubrir los gastos previstos, se han utilizado estos fondos para saldar deudas del ejercicio anterior, una maniobra conocida como «calesiteo”. Esta práctica ha sumido a la municipalidad en un círculo vicioso de insolvencia y falta de recursos, afectando directamente a los ciudadanos que dependen de sus servicios. La situación actual refleja una profunda crisis de administración y una evidente falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, agravada por la aparente prioridad de la intendencia en gastos ostentosos en lugar de en la provisión de servicios esenciales. Los contribuyentes continúan esperando soluciones, mientras la insatisfacción y el malestar crecen.

Dividirán en tres lotes la ruta entre O´Leary y San Cristóbal

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, confirmó que el asfalto de 64 km, entre Juan E. O´Leary y San Cristóbal, se realizará por lotes.  De acuerdo al precio referencial presentado, tendría un costo de G. 77.768.638.021. Ayer se desarrolló una reunión en la cartera de Estado entre la titular y los intendentes Valcir Pelizza y Everaldo Acosta, junto a otras autoridades. En julio se publicó en el Portal de Contrataciones Públicas que para diciembre estaba previsto el inicio de la obra, coincidiendo con el anuncio de la ministra, quien dijo que en dos semanas más estará listo el llamado a licitación pública nacional. Lo que si varía considerablemente son los costos, ya que en un principio se mencionó que la obra alcanzaría unos G. 244.000 millones, a ser costeado con recursos del Ministerio de Obras Públicas. Si bien no entraron en detalles en el último encuentro, los intendentes de O’leary y San Cristóbal manifestaron que no habría inconvenientes para la colocación de un peaje en el tramo de 64 km, ya que contribuirá para su mantenimiento y limpieza. Con esta obra la conexión vial del suroeste del departamento tendrá un importante progreso. Hace décadas que los pobladores de ambos municipios reclaman el asfalto. En dos ocasiones salieron a la ruta PY 02 a manifestarse. El anuncio de la ministra Centurión y la comunicación de ambos intendentes a sus comunidades sobre el llamado a licitación abre una enorme esperanza para un pueblo que vive aislado por el impenetrable camino de tierra roja que en días lluviosos se vuelve intransitable y en los días soleado muy polvoriento.

Precario puente pone en riesgo vida de estudiantes

Otro de los graves problemas en la zona es la pequeña pasarela que une a los barrios Belén y Che La Reina, cuya improvisada estructura conformada por varillas de hierro, retazos de tablas y piolines que funcionan de agarraderos, es utilizada por una gran cantidad de trabajadores y estudiantes de la escuela San Dionisio, que sin medir el peligro cruzan el puente como una aventura. Los más pequeños son quienes corren mayor riesgo, ya que las aberturas entre una tabla y otra son considerables, donde fácilmente podrían caer y ser arrastrados por las corrientes que son más fuertes y peligrosas en los días de lluvia. Los cables colocados como agarraderos sirven para “equilibrarse” o atarse al tiempo del cruzar, pero ante un descuido o un movimiento brusco, podría resultar hasta fatal. “Las autoridades conocen, saben de esta situación que conocieron durante las campañas políticas, donde prometieron una estructura de material, digno y seguro, pero pasan los años y esto se vuelve cada vez más peligroso”, indicó uno de los moradores. Si bien en las últimas semanas se autorizaron varias licitaciones para obras, el “puente” en cuestión no figura en ninguna de ellas, por lo que las condiciones tienden a ser peores. Según informaciones proveídas por los vecinos, ya se habría realizado un estudio del área, que indica una inversión de aproximadamente G. 40 millones para construir una estructura modesta pero segura y cómoda, garantizando la integridad de todos los pobladores de ese sector.

Desde hoy, Junta Departamental tiene a sus nuevas autoridades

Desde este jueves, el nuevo presidente de la Junta Departamental de Alto Paraná es el liberal Elio Castillo. Le acompañan en la mesa directiva el colorado Fernando Schuster como vicepresidente, en tanto que Caros Avalos (Carlitos) de la ANR, fue ungido como primer Secretario Político y el independiente Marcelo Benítez (Yo Creo), como segundo Secretario Político. Estos concejales oficialmente son las nuevas autoridades de la entidad corporativa departamental, cuyo mandato fenecerá en agosto del 2025. Castillo suple en el cargo a Carolina Rivas (ANR), quien cumplió con su mandato constitucional. La misma desempeñó el cargo de manera idónea, según opinaron sus pares, quienes le agradecieron por haber conducido el órgano político de manera transparente, según se pudo escuchar en la sesión de la semana anterior. El sector de Yo Creo, que formaba parte del grupo disidente al gobernador César “Landy” Torres (ANR), hará gobierno departamental con el mismo, ya que forma parte de la conducción de la entidad legislativa de la institución. Tras la alianza de los concejales liberales con los colorados, de modo a ser mayoría y posicionar a las autoridades respectivas, tanto los de Yo Creo como los del partido Cruzada Nacional, quedaron en minoría, por lo que no tuvieron mejor idea que sumarse a la concertación azulgrana para formar parte ella.

Discusión en cancha de piki termina con un baleado

Un hombre resultó herido de bala en una cancha del barrio San Roque, en Presidente Franco. El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas de ayer, tras una discusión entre dos personas. El autor del disparo se dio a la fuga, pero está identificado. La víctima está identificada como Óscar David Morínigo Duarte (33), quien sindicó como  presunto autor a Vidal Valdez Florentín. Según la información policial, ambos se encontraban en un partido de piki-voley en la noche de ayer, cuando comenzaron a discutir a causa del juego.  En un  momento, Valdez Florentín desenfundó un arma y realizó el disparo contra la víctima, quien fue auxiliada por vecinos y trasladada en un vehículo particular al Hospital Distrital de Presidente Franco. Debido a la gravedad de la herida, fue derivado al Pabellón de Trauma en Ciudad del Este, donde permanece internado. El caso ya fue comunicado a la agente fiscal en lo penal, la abogada Thais García, y se convocó al personal de criminalística para realizar las investigaciones correspondientes. La policía continúa las averiguaciones para dar con el paradero del agresor.

Afirman que es más complicado trabajar con el gobierno actual

Para la diputada liberal por el Alto Paraná, Roya Torres, en el gobierno de Mario Abdo Benítez se trabajó mejor en cuanto a la realización de proyectos de desarrollo para el interior del país, comparado con el gobierno actual de Santiago Peña. La legisladora es tildada por sus correligionarios como una “liberocartista”, por haber levantado la mano varias veces para aprobar proyectos provenientes del cartismo, cuando el resto de sus colegas de la oposición estaban en contra. Pese a ello, la parlamentaria desaprobó en parte la gestión de Peña, afirmando que es más complicado trabajar con este gobierno que con el anterior. “Es tan difícil trabajar con este equipo, es más complicado llegar a los ministros, comparado con el gobierno anterior, donde se llegaba con más facilidad”, aseveró. Insistió en que esta traba impuesta por el gobierno del presidente Peña, dificulta mucho más llegar en tiempo y forma para responder a las necesidades de la población. “Esto hace que se dificulte el trabajo que queremos llevar adelante, porque se cierran bastante, y comprendemos que quizás no quieren darnos protagonismo porque se trata de un gobierno colorado”, se quejó. Sin embargo, la legisladora, mantuvo por varios meses en un cargo público a su hijo Elías Martín  Godoy Torres, quien ocupó el cargo de “asesor” de la Cámara Baja, apenas habiendo concluido sus estudios secundarios y con un salario de G.9.500.000, muy superior a lo que cualquier otro joven de su edad ganaría en su primer empleo.

Mucho por hacer

El primer año de gestión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha estado marcado por una serie de desafíos estructurales y coyunturales que han influido en la dirección de su administración en este lapso de tiempo. Como representante del Partido Colorado, Peña asumió la presidencia en un contexto político complejo, con altas expectativas por parte de sus seguidores y una crítica constante de la oposición, siendo este el panorama del primer año de labor presidencial. Es importante hacer un análisis generalista y simplista de lo emprendido y por emprender. En el ámbito económico, Peña ha buscado consolidar las finanzas públicas y atraer inversiones, en línea con su formación como economista y su experiencia previa como ministro de Hacienda. Durante su primer año, el gobierno ha hecho esfuerzos para mantener la estabilidad macroeconómica y ha promovido incentivos para la inversión extranjera. No obstante, la economía nacional sigue enfrentando retos significativos, como la necesidad de diversificar sus fuentes de crecimiento más allá del sector agroexportador y de enfrentar las desigualdades persistentes en el país. Uno de los logros de su administración ha sido la implementación de medidas para mejorar la infraestructura, especialmente en el sector de transporte y energía. Esto se ha visto impulsado por el deseo de hacer de Paraguay un punto estratégico en la región para la producción y distribución de energía limpia, aprovechando los recursos hidroeléctricos del país. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos ha enfrentado dificultades burocráticas y falta de financiamiento adecuado, lo que ha limitado su impacto inicial. En el plano político, el Mandatario ha tenido que navegar en un escenario de polarización interna, donde las presiones dentro del propio Partido Colorado, así como de la oposición, han sido constantes. Su liderazgo ha sido puesto a prueba en temas críticos como reformas  y la lucha contra la corrupción, áreas en las que los avances han sido lentos y han generado insatisfacción en la ciudadanía. Asimismo, las demandas sociales han seguido en el mismo tenor. Los sectores más vulnerables del país continúan exigiendo mejoras en la calidad de los servicios públicos, como la salud y la educación. A pesar de algunos esfuerzos por aumentar la cobertura y la calidad de estos servicios, persisten problemas estructurales que limitan su eficacia. Además, el crecimiento de la pobreza y el desempleo en algunas zonas del país subraya la necesidad de políticas sociales más inclusivas y por sobre todo efectivas. En política exterior, “Santi” ha buscado posicionar a Paraguay como un actor relevante en la región, trabajando en sus relaciones con países vecinos y promoviendo acuerdos comerciales que beneficien al país. El Mercosur ha sido un foco importante de su política exterior, aunque las diferencias internas en el bloque han dificultado la concreción de avances sustanciales. La relación con Brasil y Argentina siempre es particular, teniendo en cuenta lo clave que representan para la estabilidad económica de Paraguay. Se ha enfrentado tensiones relacionadas con la renegociación de acuerdos hidroeléctricos, especialmente con Itaipú. La hidrovía compartida con Argentina, sigue en el marco de disputa. Males como el nepotismo siguieron, y la perspectiva sobre la ley de la función civil genera más dudas que certezas. Hay mucho por hacer en aspectos fundamentales y el desinterés en ellos los acrecienta. El periodo que arranca estará marcado por la necesidad de consolidar las reformas económicas y políticas que han comenzado a implementarse. La lucha contra la corrupción y la mejora en la transparencia de las instituciones públicas serán temas fundamentales para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el desarrollo del país. Además, deberá enfrentarse a la presión social para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y garantizar un crecimiento económico más inclusivo. Los desafíos son los mismos, bajo los mismos rubros, por lo que ocuparse en ellos, y dejar de lado temas baladíes o de intereses caprichosos ajenos, serán determinantes para el eventual éxito de su administración en los próximos años, y construir el estar mejor más allá de séquitos.

Condenaron a contador por perjuicio de G. 6.000 millones a una empresa

El Ministerio Público, representado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, logró la condena de un contador que ocasionó un perjuicio patrimonial de 6.000 millones de guaraníes a una empresa al presentar facturas apócrifas a la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación para quedarse con el dinero del contribuyente. El juicio oral concluyó este miércoles 14 de agosto en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El sentenciado es Adrián Benítez Espínola, quien recibió una sanción de 3 años de pena privativa de libertad, tras ser encontrado culpable por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Durante el debate, la representación pública presentó diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales que determinaron la existencia de los hechos punibles y la responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Marino Méndez, Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, emitió el fallo condenatorio. Según los antecedentes del caso, el condenado durante muchos años llevó la contabilidad de la firma Ali Import-Export, propiedad del empresario Abundio López. El contador recibía importantes sumas de dinero para el pago de tributos a la SET, pero desviaba el dinero a su cuenta personal y luego introducía en la contabilidad de la empresa facturas con contenidos falsos e inconsistentes, provocando de esa manera el millonario perjuicio. En ese sentido, durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015 y 2016, Benítez Espínola introdujo en la contabilidad de Ali Import-Export facturas supuestamente emitidas por los siguientes contribuyentes: Fabián Saúl Benítez Gómez, Liza Raquel Quiñónez de Piñánez, Arnaldo Pereira Sosa, José Sidinei Kemmerich Ferreira, Gladys Inocencia Usher, Fátima Isabel Talavera Chamorro, Dionicio González Gutiérrez, Gilda Catalina Acuña de Domínguez, Herógenes Vera y Tomás López Guerrero. No obstante, todos ellos confirmaron posteriormente ante la SET que nunca mantuvieron relaciones comerciales con López. Los hechos punibles cometidos por Benítez Espínola se descubrieron luego de una fiscalización realizada por la SET a la empresa Ali Import-Export y que constató la defraudación fiscal. Tras recibir la notificación sobre las irregularidades cometidas, Abundio López descubrió la existencia de un correo electrónico paralelo utilizado exclusivamente por el contador y a través del cual realizaba las presentaciones de la empresa y recibía todas las notificaciones provenientes del Ministerio de Hacienda. A raíz de esta situación, el empresario formuló la denuncia ante el Ministerio Público. En el marco de la investigación de los hechos denunciados, la Fiscalía allanó el estudio contable del sospechoso, ubicado en el quinto piso del edificio Urundey, en el centro de Ciudad del Este. En esa ocasión, una comitiva fiscal-policial incautó del lugar una gran cantidad de facturas, libros contables, equipos informáticos y otras evidencias relacionadas con los hechos punibles. Posteriormente, se inició el proceso penal contra Adrián Benítez Espínola, que finalmente derivó en su condena a 3 años de prisión.

UPG debe cerrar carreras de grado en filiales de Hernandarias y O’leary

La Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre de varias carreras universitarias en 18 filiales de la Universidad Privada del Guairá, incluidas las sedes de Juan E. O’Leary y Hernandarias, tras revocar la medida cautelar que permitía su funcionamiento,  según el informe la Procuraduría General de la República. La resolución de la CSJ se dio en respuesta a un recurso interpuesto por la PGR y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que solicitaron la suspensión de 39 carreras de grado y programas de posgrado en 18 filiales de la Universidad Privada del Guairá. Argumentaron que estas carreras no cumplían con las disposiciones necesarias para su habilitación, lo que llevó a la exigencia de su clausura. La PGR afirma que los actos administrativos deben ejecutarse aun cuando no sean aceptados por las partes involucradas. Esta postura es respaldada por la Sala Penal de la CSJ, que finalmente revocó la decisión anterior del Tribunal de Cuentas, permitiendo que la universidad operara provisionalmente las carreras en cuestión. PARANAENSES  AFECTADOS El fallo afecta directamente a varias ciudades, entre ellas Hernandarias y Juan E. O’Leary. En Hernandarias, las carreras de Química y Farmacia, y Bioquímica se encuentran entre las que deben cerrar, mientras que en Juan E. O’Leary, los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Electromecánica también están suspendidas. Estas decisiones generan preocupación entre los estudiantes, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro académico. Las autoridades del Cones y la PGR reiteraron que su objetivo principal es garantizar que todas las instituciones educativas operen dentro del marco legal establecido, asegurando así la calidad y validez de los títulos emitidos. EN TODO EL PAÍS En Villarrica se clausuraron programas como Radiología, Química y Farmacia, Medicina, Odontología e Ingeniería Electromecánica. En Caazapá, las carreras afectadas son las de Enfermería e Ingeniería Agronómica, al igual que en otras ciudades como Carapeguá, Curuguaty y Encarnación, donde se cerraron programas en áreas de salud y ciencias aplicadas.

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