En un fallo que ha generado un profundo malestar y fuertes sospechas de corrupción en el ámbito laboral, la jueza Graciela Panza, del Fuero Laboral de Ciudad del Este, nuevamente es centro de controversia. Conocida por su tendencia a favorecer a los patrones en detrimento de los trabajadores, la magistrada rechazó recientemente una demanda laboral presentada por Jorge Silva Domínguez, un hombre que trabajó durante más de 30 años para la empresa Petroil SRL y fue despedido de manera injustificada sin recibir la correspondiente indemnización. La sentencia definitiva Nº 71, expone la decisión de la jueza Panza de desestimar la demanda de Silva Domínguez, quien reclamaba una suma de dinero por diversos conceptos laborales, entre ellos salario atrasado, indemnización por despido injustificado, y aguinaldo proporcional. A pesar que el demandante presentó pruebas contundentes, incluyendo el testimonio de cinco personas y documentación que evidenciaban su relación laboral con Petroil SRL, Panza negó la demanda, alegando que “la parte actora no probó la relación laboral con los denunciados”. Este argumento ha sido calificado como absurdo por los abogados del demandante, que subrayan que la jueza ignoró las pruebas presentadas y que la decisión parece estar motivada por intereses oscuros. La magistrada también impuso las costas del juicio al trabajador, calificando la acción de “notoria temeridad”, un término que muchos consideran inapropiado y desproporcionado dadas las circunstancias. La trayectoria de la jueza Graciela Panza está marcada por denuncias de parcialidad y venalidad. En el año 2010, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por su manifiesta parcialidad en casos que involucraban a la entidad Itaipú, siendo apercibida judicialmente por dicha acción. A pesar de esto, la magistrada continuó ejerciendo su cargo sin mayores repercusiones, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial en Paraguay. Es más, la citada no acude a su oficina y serían otras personas las que manejan el despacho. Más recientemente, en 2023, Panza fue nuevamente señalada por supuestamente haber recibido una coima de USD 5.000 para favorecer a empresarios chinos en un caso de despido injustificado, perjudicando a dos trabajadores brasileños. Estos antecedentes no solo erosionan la confianza en la justicia laboral, sino que también destacan un patrón de comportamiento corrupto que afecta directamente a los derechos de los trabajadores. UNA LUCHA POR LA JUSTICIA El caso de Jorge Silva Domínguez es un ejemplo claro de cómo la venalidad judicial puede destruir la vida de un trabajador que ha dedicado más de tres décadas a una empresa. Según los antecedentes, Silva Domínguez fue contratado por Petroil SRL en 1988. A lo largo de los años, la empresa cambió de razón social, pero el mismo continuó trabajando bajo la misma dirección. Para asegurar la demanda, Silva incluso dirigió la acción contra los ex propietarios, Alejandro Martin Martin, Shuk Wah y Estela Maetin But, pero aun así la jueza le negó el derecho de reclamar su indemnización. En junio de 2022, fue despedido abruptamente y se le prohibió el ingreso a su lugar de trabajo sin recibir ninguna compensación por su larga trayectoria laboral. La demanda presentada por Silva Domínguez incluía reclamos por salarios adeudados, horas extras no pagadas, aguinaldo y vacaciones, además de la indemnización por despido injustificado. Sin embargo, a pesar de la evidencia abrumadora, la jueza Panza decidió en favor de los patrones, perpetuando un sistema donde la justicia se vende al mejor postor. Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema judicial paraguayo. La falta de transparencia, la parcialidad, y las prácticas corruptas de jueces como Graciela Panza socavan la confianza en la justicia y perpetúan un ciclo de impunidad que afecta a los más vulnerables. Los abogados de Jorge Silva Domínguez han apelado la sentencia y esperan que el Tribunal de Alzada revierta esta decisión que, a todas luces, es una aberración jurídica. Mientras tanto, el caso sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia en un sistema plagado de corrupción.
