13 de septiembre de 2024

Un padre de familia, oriundo de la comunidad Puerto Barra, distrito de Naranjal, relató en una entrevista la lucha por conseguir recursos económicos para solventar el tratamiento médico de su pequeño hijo. Contó que el bebé de 2 meses está en terapia intensiva tras complicaciones por un cuadro de neumonía. Se trata de Arturo Tatui (22), de la etnia Aché de la comunidad Puerto Barra, quien es de escasos recursos. El nativo se encuentra en el Hospital Regional de Ciudad del Este para acompañar el tratamiento de su hijo. El pequeño ingresó en terapia intensiva por causa de un cuadro de neumonía y complicaciones que derivaron a una infección grave. El hombre explicó que su hijo debe ingerir medicamentos todos los días, los cuales no están disponibles en el hospital. El costo promedio es de G. 100.000 a G. 150.000, y ya no pueden solventar los gastos. El padre de familia mencionó que con la madre del niño se quedan en la sala de espera para no abandonar a su bebé, mientras que su hijo de 4 años se encuentra en la comunidad Puerto Barra. Arturo comentó que le dificulta cubrir los gastos de alimentación y medicamentos, por lo que solicitó a la ciudadanía colaboración. “Le pido a los de buen corazón que nos puedan dar efectivo para comprar los remedios o comida y jugos para nuestro día”, indicó. Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al número (0982) 978-764. FALTA DE MEDICAMENTOS En junio, familiares de internados del Hospital Regional de Ciudad del Este, se quejaron por la falta de medicamentos e insumos en la farmacia del sanatorio, un hecho vergonzoso, tratándose del principal centro médico de Alto Paraná, que diariamente recibe pacientes de todos los distritos del décimo departamento.

El Programa Alimentario Nutricional Integral, del Ministerio de Salud Pública, entregó a unas 1934 personas la leche fortificada que llega comunidades indígenas y familias de zonas vulnerables de Itakyry. Estos beneficiados reciben el alimento en forma mensual, a través de los representantes del programa que están instalados en el Centro de Salud del distrito. Esta iniciativa atiende a niños/as, mujeres embarazadas y casos excepcionales que se encuentran en situación de fragilidad nutricional. Con la implementación del «PANI Ampliado», se expandió la cobertura en Itakyry a franjas en situación de vulnerabilidad, proporcionando leche enriquecida a infantes de 0 a 5 años y gestantes, independientemente de su estado nutricional en situación de pobreza extrema. Del total de beneficiarios del programa, 609 son niños de comunidades indígenas y 1.054 de comunidades no indígenas. Además, 116 mujeres embarazadas indígenas y 145 no indígenas con bajo peso reciben esta ayuda, mientras que los casos excepcionales suman 10 en el distrito. El licenciado Julio Romero, encargado del PANI en el Centro de Salud de Itakyry, tiene a su cargo la supervisión de la distribución de la leche fortificada a los servicios de la zona. Dichos servicios realizan controles constantes de talla y peso para mejorar los niveles de nutrición de la población en estado de riesgo en el distrito. EL PROGRAMA El PANI pretende mejorar la calidad de vida de la población a través de la prevención, asistencia y el control de la desnutrición. La atención de usuarios se realiza en servicios de Salud Pública e incluye evaluación nutricional, consejería sobre lactancia materna, y/o alimentación saludable, según sea el grupo, así como la entrega de dos kilogramos de leche entera en polvo, enriquecida con hierro, zinc, cobre y vitamina C.

Esta situación se viene repitiendo en varias instituciones de la zona, poniendo a la comunidad educativa de diversas localidades en pie de guerra. Si bien la mayoría las quejas son generalizadas en los grupos de WathsApp, normalmente quedan solo en eso, ya que los padres no se animan a elevarlas al nivel de las instituciones pertinentes, debido al temor a represalias contra sus hijos o incluso a ellos mismos por parte de los directivos  o docentes. Casos similares se dieron en la Escuela Espíritu Santo del Área 4, donde los padres también denunciaron el uso exclusivo de remeras y equipos deportivos de una sola empresa, que ofrecería ciertas ventajas como regalías para la institución y los equipos. En su momento, los padres también hablaron del pago de un porcentaje a los directivos por parte de la empresa, pero ninguno realizó una denuncia responsable y oficial, quedando todas las acusaciones en el famoso “opareí”. Otro de los casos se da actualmente en la Escuela del Área 1, donde la exclusividad para una determinada marca se viene dando en el tercer ciclo desde el año pasado, donde los padres llegaron a abonar la suma de G. 85.000 por remeras. Ahora el contrato de exclusividad ya alcanzó al nivel inicial hasta el 6to grado, sumando una cantidad mínima de 800 alumnos, quienes deberán pagar la suma de G. 65.000 por cada remera. En caso que todos compren, la empresa beneficiada debe recibir G. 52 millones. Esta situación -como cada año- generó una ola de críticas, conflictos y hasta enfrentamientos dentro de la comunidad educativa, que finalmente termina acatando las disposiciones y todo se vuelve a repetir el año siguiente. Las empresas de confección de atuendos deportivos ofrecen oficialmente una especie de “beneficio” a las instituciones con quienes cierran trato, como la provisión de banderas, standartes, trofeos, pintura de canchas, provisión de redes, pelotas, entre otros. Lo que hasta la fecha nadie pudo probar es el rumor de que los directivos reciben un porcentaje por cada remera o atuendo vendido. Pese a las inúmeras quejas que se generan cada año, ninguna institución ha tomado cartas en el asunto. Tampoco el  MEC  ha dispuesto la suspensión de estos contratos exclusivos que atentan contra la economía de las familias, especialmente las de escasos recursos.