En medio de la polémica desatada por publicaciones de nuestro diario sobre las graves irregularidades laborales en la empresa Hoahi S.A., el encargado regional del Ministerio del Trabajo, Miguel Ángel Segovia, brindó detalles sobre una fiscalización realizada el año pasado en la compañía. El ente estatal actualmente se encuentra bajo fuertes críticas por su evidente inacción frente a reiteradas denuncias de violaciones al Código Laboral en Ciudad del Este. Entre las empresas señaladas se encuentra justamente la citada maquiladora, propiedad del chino rojo Long Jiang. La firma ha sido objeto de múltiples acusaciones por prácticas laborales que vulneran los derechos de sus empleados. Entre las denuncias se incluyen jornadas laborales extendidas sin pago de horas extras, condiciones de trabajo precarias y despidos injustificados. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, el Mtess ha adoptado una postura que, en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes laborales, parece destinada a encubrir a esta empresa y a su propietario. Segovia confirmó que a mediados del año pasado se llevó a cabo una inspección en la planta de Hoahi S.A., ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Según explicó, el operativo fue dirigido por técnicos del ministerio con apoyo de personal proveniente de Asunción. La empresa empleaba en ese momento a 1.350 trabajadores en turnos rotativos. El encargado relató que el proceso incluyó entrevistas personales con los empleados para verificar condiciones laborales, como acceso a seguro social, cumplimiento de horarios y pago de horas extras. También se inspeccionaron aspectos físicos de las instalaciones, destacando la ventilación y las condiciones ergonómicas, como la disponibilidad de asientos para trabajadores obligados a permanecer de pie durante largos períodos. Entre las observaciones, el equipo detectó carencias en ventilación y climatización, así como problemas relacionados con la salud ocupacional. Sin embargo, Segovia aseguró que todas las recomendaciones fueron incluidas en un informe remitido a la Dirección de Asistencia Jurídica del Ministerio en Asunción, para que tomara medidas correspondientes (de las que nunca se tuvo conocimiento). En respuesta a denuncias públicas realizadas recientemente por una exfuncionaria, Segovia negó haber encontrado evidencia de menores de edad trabajando en la empresa. Según explicó, todas las encuestas realizadas a los empleados indicaron que cumplían con los requisitos de edad establecidos por la ley. Sobre las acusaciones de cámaras en los sanitarios, restricciones para ir al baño y confiscación de teléfonos celulares, Segovia afirmó: «Nosotros inspeccionamos los sanitarios y no encontramos cámaras instaladas. Si hubiese habido, deberíamos haber tomado medidas inmediatas. Tampoco tuvimos indicios de que se incautaran teléfonos”, dijo. Igualmente señaló que “no hay pruebas” de que los empleados son obligados a trabajar 12 o más horas, o que son confinados a una “sala de castigo”, como había denunciado públicamente la sindicalista Emilia Britos. El Ministerio del Trabajo, lejos de cumplir con su misión de garantizar condiciones laborales dignas, ha demostrado una preocupante pasividad. Hasta la fecha, no se han realizado inspecciones serias, mucho menos se han impuesto sanciones ejemplares a Hoahi S.A., a pesar de las numerosas evidencias y testimonios de trabajadores. Al contrario, la empresa fue reconocida por el Gobierno paraguayo en 2024, por “crear fuentes de trabajo”. La pasividad del Mtess no solo afecta a los trabajadores directamente perjudicados por estas prácticas, sino que socava todo el sistema de justicia laboral en Paraguay. Esta falta de acción contundente envía una señal de desprotección a los empleados, quienes muchas veces temen denunciar por miedo a represalias. Sin un respaldo claro de las autoridades, los trabajadores se encuentran indefensos ante empresarios inescrupulosos como Long Jiang, que parecen disfrutar de un manto de impunidad gracias a sus conexiones con altas autoridades y políticos nacionales.
