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Absurda maniobra para otorgar amparo a empresa y evitar controles en las rutas

A.I. por el cual la Cámara de Apelaciones en lo Laboral anula lo decidido en primera instancia. Habrían corrido “propinas” para motivar la decisión del tribunal de alzada.

Una muestra más de la manera displicente, venal y hasta si se quiere absurda en que se manejan las integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de  CDE, se da en el marco de un recurso de amparo presentado por una empresa de logística, que solicita que sus cargas en ruta “ya no sean controladas por personal de Aduanas ni de la Policía Nacional”. Ante lo absurdo del pedido, la jueza de primera instancia Nélida Alvarenga lo denegó, pero los abogados de la firma apelaron y el tribunal de alzada anuló lo dispuesto en primera instancia. Supuestamente hubo una buena “propina” para que el caso pase a otro juzgado que dé curso favorable al descabellado pedido de amparo.

La empresa de transporte de cargas y logística que solicitó el amparo constitucional es Alto Logistic S.A., representada legalmente por el abogado Luis Zárate. El letrado había iniciado el pleito ante el Juzgado en lo Laboral a cargo de Nélida Alvarenga, pidiendo que las mercaderías transportadas por la empresa no sean objetos de controles por parte de Aduanas y la Policía Nacional mientras circulen entre Ciudad del Este y Asunción, u otros puntos del país.  Al menos es lo que se lee en el punto 7 del petitorio presentado.

Ante la descabellada solicitud, la magistrada solicitó una aclaratoria, por lo cual se “reformuló” el pedido, que ahora es contra personas innominadas. Sin embargo, la disparatada petición señala en un punto que es contra “piratas del asfalto”, citando a un grupo de personas, algunas incluso privadas de su libertad, que formarían parte de bandas de piratas del asfalto. Se trata de Antonio Rodas Portillo, de Itakyry; Arnaldo Brítez, alias “Polaco”, del Km 9 Acaray de CDE; Eugenio Melgarejo Encina, alias “Pini”, de Caaguazú; Ever Manuel Chaparro Leiva, de Luque; el agente policial en actividad Freddy Armando Alderete León, del barrio Remansito de CDE; y Juan Carlos Zeballos Bogarín, alias “Carlos Rico”. Sorprendida por el ilógico pedido, la citada magistrada lo rechazó in limine en fecha 27 de octubre, por no ajustarse a las normas del Derecho.

En su escrito, los abogados de Alto Logistic S.A., pedían que la firma de transporte de cargas no sea “molestada” por autoridades aduaneras o policiales.

El abogado Zárate no desistió de su absurda petición y recusó a la juez para llevar el caso a segunda instancia, recalando en la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de CDE, conformado por las polémicas magistradas Bertha Avalos, Alba Centurión de García de Zúñiga e Ybete Welter de Troes, de múltiples cuestionamientos en su gestión.

Sugestivamente, el 21 de noviembre dicho tribunal promulga el A.I. Nº394, por el cual anula el A.I. del 27 de octubre, firmado por la juez Nélida Alvarenga y dispone que el caso pase al siguiente juzgado en lo Laboral. Fuentes fidedignas aseguran que todo esto se da luego de una “negociación” entre las partes, algo que sería bastante usual en este tribunal de alzada. Con esto, se da vía libre a que una empresa de logística cuente con una medida judicial para no ser abordada en sus viajes de transporte de cargas, algo verdaderamente absurdo y descabellado, según indicaron abogados consultados por Vanguardia. Refirieron nuestras fuentes que tampoco tiene mucho sentido un amparo judicial contra delincuentes, como “piratas del asfalto”, ya que éstos no acostumbran consultar a sus víctimas si existe algún “impedimento jurídico” para asaltarlos. El amparo es una verdadera tomadura de pelos que debió ser rechazado in limine, como bien lo hizo la juez Alvarenga. Por otro lado, se comprueban las sospechas que las citadas camaristas aprueban cualquier petición, por más descabellada que sea, cuando hay algún “incentivo” económico, según aseguran nuestros informantes.

Cabe recordar igualmente que en la noche del sábado 13 de noviembre de 2021, un camión de la trasportadora Alto Logistic S.A., repleto de aparatos celulares que ingresaron en frio por el aeropuerto Silvio Pettirossi, con destino a Ciudad del Este, fue retenido en el puesto de control de la COIA en el distrito de Yguazú, en el Km. 60 de la ruta PY 02.

Toda la carga no tenía despacho. Según se había publicado en diversos medios, los funcionarios aduaneros quitaron mercaderías por US$ 50.000 y dejaron pasar el resto. Fueron descubiertos y llamados a Asunción, pero el caso no fue informado debido a que la carga es 100% de contrabando. A juzgar por este tipo de antecedentes, con certeza no sería una buena idea impedir de ahora en más que esta empresa sea controlada.

En una aclaratoria absurda, los letrados alegan que el amparo es contra “piratas del asfalto”, siendo que los bandidos no piden permiso ni tienen en cuenta medidas judiciales para actuar.

CUESTIONAMIENTOS NO SON DE AHORA

Miembros de la Asociación de Abogados Laboralistas de Ciudad del Este habían expresado en reiteradas oportunidades su profunda preocupación ante las arbitrarias e injustas decisiones de la única Cámara de Apelaciones en lo Laboral de CDE, cuyos miembros se destacan por fallar sistemáticamente en contra de los intereses del trabajador, poniéndose del lado de empresarios y comerciantes a cambio de dádivas y réditos económicos.

Además, sostienen que sus miembros desconocen a profundidad el derecho laboral, ya que no cuentan con especialización en la materia, lo cual se evidencia en sus fallos. Los denunciantes indicaron que a raíz de su desconocimiento, en algunos casos las magistradas se caracterizan por anular, reducir o revocar sistemáticamente los fallos dados en primera instancia, cuando se le concede al trabajador denunciante sus derechos. No obstante, el demandante luego se encuentra con la triste realidad que en segunda instancia, todo lo actuado resulta anulado y finalmente los grandes beneficiados son los patrones.

Los abogados laboralistas indicaron que ya elevaron en varias oportunidades sus protestas a las principales autoridades del Poder Judicial sobre esta situación, que no adoptan ninguna determinación para acabar con esta lamentable situación.

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