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Acompañar propósitos positivos de autoridades es también obligación ciudadana

Con respecto a proyectos, gestiones y labores de autoridades en pos de emprendimientos importantes para la ciudadanía, estos deberán tener respaldo comunitario, de manera que sumen en favor de las atenciones requeridas.

Todo cuestionamiento y acción individual no logra fuerza real y necesaria para que de proyectos se pase a concreciones en tiempo y forma. El reclamo conjunto tiene el poder de persuadir a quienes prefieren no oír clamores por abandonos.

Gobernadores, intendentes, senadores, diputados, concejales, deberían siempre efectuar acciones conjuntas, de modo a que puedan tener a la par el interés ciudadano. Independientemente a la organización política a la que pertenecen, se deben al pueblo. Toda petición ante legislativos y ejecutivos debería encontrar unida a la población, acompañando acciones y expresiones de sus representantes.

La falta de unidad, el cada quien por su lado, hace que se debilite todo pedido o queja ante estamentos oficiales. Pero todo apoyo debe estar basado en conocimiento de causa y no dejarse utilizar para fines populistas. Una ciudadanía preocupada y ocupada debería primero conocer qué se plantea,  reclama, o el por qué se llega a medidas.

La falta de información hace más bien de ciudadanos idiotas útiles.

El pueblo en su confianza somera, debe despertarse y no solo consumir lo que le dicen, sino analizar apropiadamente y sacar conclusiones personales sobre cuestiones planteadas a la opinión pública. Si en este tiempo de nuevo Gobierno se llega a visualizar ejemplos de autoridades locales, regionales y nacionales haciendo postura conjunta, es momento que la comunidad de esta parte del país también haga sentir su respaldo, y no creer que solo los colores identifican a diablos y ángeles.

De la misma forma, presionar para que referentes regionales puedan concordar en acciones en beneficio de todos y no solo de proyectos políticos. Particularmente, el nuevo Gobernador y los intendentes deben asumir la obligación de trabajar juntos, de forma organizada y coordinada, y no exponer caprichos personales como las experiencias sucesivas en el Alto Paraná.

Ese es el deber del pueblo ejercer presión para que los dirigentes cumplan con sus obligaciones de manera real, ser observador y actor del poder. Así como el Gobierno central debe devolver el dinero producido por departamentos y ciudades, estos a su vez deben emprender obras que den soluciones a los problemas más graves de las regiones, lograr inversiones y fuentes de trabajo, dejando de lado la pérdida de tiempo sobre el absurdo criterio que afiliaciones partidarias definen bondades y malvivencias.

Los integrantes de comunidades que conocen lo que pasa en su entorno, informados y preocupados, tienden a sacar sus propias opiniones y generar sus propias críticas. Hay que optar por dejar de escuchar a resentidos sociales, que no tienen otra capacidad que insistir en oponerse por el mero hecho de tener en frente a líderes de partidos políticos tradicionales. Sobresalir por dividir antes que unificar para el bien, confirma verdaderos fines.

Es momento que la ciudadanía asuma su función, incremente su capacidad de discernimiento y elija el bienestar general por sobre diferencias políticas.

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