En una decisión cargada de controversia, la Junta Municipal de Presidente Franco aprobó la adjudicación de una plaza pública ubicada en el barrio San Lorenzo al Poder Judicial, para la construcción de una nueva sede. La medida, que fue sancionada con 7 votos a favor y 5 en contra, ha sido ampliamente cuestionada por su ilegalidad y la falta de transparencia en el proceso. Se presume que el cuestionado intendente Roque Godoy “ordenó” a sus ediles leales y obsecuentes a aprobar la adjudicación, en el marco de un pago de favores a personeros del Poder Judicial, quienes “salvaron” a su esposa de una imputación y que también estarían blanqueando las denuncias radicadas en su contra en la Fiscalía.
El concejal Hugo Mendoza (ANR) lideró la oposición a la adjudicación, argumentando que la cesión contraviene el artículo 136 de la Ley Nº 3966/2010, que protege las plazas como bienes públicos intransferibles, así como disposiciones de la Constitución Nacional que refuerzan su carácter inalienable. «No estoy en desacuerdo con que el Poder Judicial tenga una sede, pero es irónico que reciba algo violando las normas que debería hacer cumplir», expresó Mendoza.
La semana pasada, en una sesión extraordinaria, se había logrado frenar un intento similar tras presentar el edil Mendoza un dictamen que exponía la inviabilidad legal de la adjudicación. Sin embargo, ante la presunta presión del intendente Roque Godoy (PLRA) y su esposa, la diputada Roya Torres, la Junta Municipal reactivó la propuesta en la sesión del martes último y la aprobó de manera acelerada, sin los estudios técnicos y sociales necesarios.
Votaron a favor de la adjudicación los concejales Lucio Vera, Blanca Acuña, Roberto Brizuela, Semión Duarte, Jorge Fernández, Luis Fernando Vargas y Amelio Garcete; mientras que Hugo Mendoza, Luis Gallardo, Joel Torres, Mauricio Torres y Miguel González se opusieron.
Sobre el punto, el concejal Mendoza mencionó que “mi preocupación no es la construcción de la sede judicial en sí, sino el precedente que se sienta al ignorar la legislación vigente. Aunque el terreno esté descuidado, sigue siendo un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos. En lugar de cederlo, podríamos haber buscado alternativas para recuperarlo y convertirlo en un espacio útil para la comunidad, como un parque o una zona de recreación”, argumentó.
Añadió que comprende que la construcción de la sede judicial puede traer progreso al barrio, como ocurrió en el km 8 de CDE, donde fue construida la sede del Palacio de Justicia. “Sin embargo, también es importante considerar el impacto a largo plazo en el entorno y la calidad de vida de los vecinos. Es importante aclarar que la situación del terreno en el km 8 de Ciudad del Este, donde se construyó la sede del Poder Judicial, difiere significativamente del caso de la plaza en el barrio San Lorenzo. Según la información disponible, el terreno en el km 8 no era una plaza pública, sino que fue adquirido o donado por un particular para la construcción de la sede judicial”, enfatizó.
PAGO DE FAVORES
El trasfondo de esta maniobra deja entrever un presunto «pago de favores» por parte del intendente Godoy y la diputada Torres al Poder Judicial. Recientemente, la parlamentaria se vio beneficiada con el archivamiento de una imputación por cobro indebido de honorarios en un caso que involucraba a su hijo Elías Martín Godoy Torres (caso nepobabies del Congreso). Además, el propio Roque Godoy está bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades en la ampliación del polideportivo municipal, lo que refuerza las sospechas de que la adjudicación de la plaza es un «gesto de agradecimiento» al Poder Judicial.
La decisión sienta un peligroso precedente para la privatización de espacios públicos y pone en evidencia el control absoluto que ejercen Godoy y Torres en la administración municipal de Presidente Franco. Pese a los reiterados cuestionamientos y denuncias en su contra, ambos siguen operando a su antojo, sin atender el clamor ciudadano ni respetar la legalidad vigente. Inclusive, Roya Torres está prácticamente confirmada para ser candidata a la intendencia y suceder a su marido en el cargo, buscando prolongar el dominio del Clan Godoy – Torres en el municipio.
