Inspectores de la Patrulla Caminera habrían convertido la báscula ubicada sobre la ruta PY 06, en el distrito de Tavapy, en una herramienta de extorsión sistemática contra camioneros, mediante supuestos controles por exceso de altura y carga. Las denuncias señalan que las multas son impuestas de forma arbitraria cuando los conductores se niegan a pagar coimas. Todo estaría siendo apañado por el director regional, el Inspector Mayor Ramón Torres, quien rinde cuentas al director general de la institución, Inspector Gral. Ignacio González.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la altura máxima permitida para vehículos de carga es de 4,30 metros, conforme al artículo 11° de la Resolución Nº 1762 de la Dirección Nacional de Transporte, en concordancia con la Ley Nacional de Tránsito Nº 5016. No obstante, según relataron los afectados, los agentes utilizan esta normativa como excusa para inventar infracciones y aplicar sanciones económicas injustificadas.
Uno de los camioneros perjudicados mostró a este medio una multa que le fue impuesta por supuestamente exceder las dimensiones permitidas de su carga. La sanción ascendió a G. 1.076.270. El afectado aseguró que la multa fue aplicada porque se negó a «arreglar» con los agentes de la Caminera, es decir, a pagar una coima.
“Es un modus operandi de todos los días. Si no pagás, te multan igual con cualquier excusa. Pero muchos colegas pasan sin problema, porque arreglan con ellos semanal o mensualmente”, indicó el denunciante, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
DIRECTOR REGIONAL EN LA MIRA
Las críticas más duras recaen sobre el Inspector Mayor Ramón Torres, actual director regional de la Patrulla Caminera en Alto Paraná. Torres ocupa el cargo hace casi dos años y arrastra denuncias por presunta corrupción, permisividad con prácticas ilícitas dentro de la institución y decisiones impopulares, como el intento de prohibir colectas de bomberos voluntarios en rutas.
Pese a los múltiples cuestionamientos, Torres se mantiene firme en su puesto, gracias al respaldo del director general de la Patrulla Caminera, Inspector General Eustacio González, con quien lo une una estrecha relación. Esta protección lo ha convertido, según denuncian transportistas, en una figura «intocable» dentro de la estructura de la Caminera. Ambos se estarían beneficiando con las millonarias recaudaciones, según indicaron fuentes fidedignas desde dentro de la propia institución.
CONTROL DOBLE
Recientemente, la instalación de dos puestos de control en un tramo de menos de cinco kilómetros sobre la misma ruta PY06, entre Tavapy y Santa Rita, ha desatado una ola de indignación entre los conductores y pobladores de la zona. Uno de los puestos se encuentra en el Km 30 de Minga Guazú y otro junto a la báscula en Tavapy. “Estos controles no buscan prevenir accidentes ni hacer cumplir la Ley. Están diseñados para recaudar. Inventan infracciones para sacarte plata”, afirmaron pobladores indignados, que ya han hecho llegar su malestar a autoridades locales.
Los testimonios coinciden en que, lejos de velar por la seguridad vial, muchos inspectores están más enfocados en obtener ingresos ilícitos a costa del trabajo de los camioneros, quienes ya enfrentan múltiples dificultades en las rutas del país. Hasta el momento, ni la dirección regional ni la dirección general de la Patrulla Caminera han respondido sobre estas graves denuncias. El silencio institucional genera aún más sospechas sobre una práctica que, a juzgar por los testimonios, se ha vuelto cotidiana y sistemática.
