El abogado de la firma Agrofértil, Marcos Fernández, presentó un escrito de apelación ante la decisión de un Tribunal de Sentencia de sobreseer a 27 ex trabajadores de la empresa, quienes al ser despedidos fueron acusados de supuesta “apropiación” de combustible, como una medida de la firma, junto con “Tecnomil”, para no pagar la indemnización correspondiente.
Con el poder económico y las influencias políticas que posee este conglomerado de empresas, se está llevando a cabo en el poder judicial un verdadero “operativo apriete” para poder lograr revertir esta situación en el Tribunal de Apelación. Según los datos, el abogado de la firma recorre los pasillos y realiza gestiones en el Poder Judicial de modo a lograr instalar un tribunal “a medida” de los intereses de sus clientes.
De no haber sido la imparcialidad de tribunal compuesto por Oscar Genez, Lourdes Morínigo y Nelio Prieto, probablemente los ex trabajadores de la firma hubieran sido condenados a pasar sus días en la cárcel.
Los citados jueces resolvieron, a través del A.I. No. 471, de fecha 30 de octubre pasado, hacer lugar a la falta de acción por existir un obstáculo legal para proseguir, planteada por la defensa técnica de los procesados, por lo que se declaró “la extinción de la acción penal en la presente causa”, además de sobreseer definitivamente a los procesados.
La decisión de los jueces puede hasta ser considerada valiente, pues fallar en contra de una de las empresas más grandes del país, con un gran poder económico y contactos políticos y judiciales, no es algo que ocurra con frecuencia.
En su escrito, el abogado afirma que la decisión de elevar la causa a juicio oral “es cosa juzgada” y que los derechos de sus clientes fueron soslayados ante tal situación, pues en una etapa anterior se había concedido una prórroga a la fiscalía para presentar su acusación.
Sin embargo, el letrado afirma que la decisión de conceder la prórroga, si bien fue anterior a la decisión de elevar la causa a juicio oral, fue hecho “en una instancia superior”, por lo que no podría ser revisada por el Tribunal de Sentencia.
Los jueces de sentencia consideraron, sin embargo, que al producirse en forma extemporánea el pedido de prórroga de parte de la Fiscalía, todo el proceso quedó extinguido y procedía el sobreseimiento de los trabajadores.
Los trabajadores y su defensa técnica alegaron que se trató de un proceso totalmente irregular, montado, con venia de la fiscalía, en el que se violentaron varios derechos procesales de los acusados como la defensa, no siendo notificados ni formando parte de las pericias, que fueron convalidadas por el Juzgado de Garantías. Por dicho motivo, luego de una lucha feroz, se logró apartar a la juez penal de garantías Teresita Cazal, por su actitud claramente parcialista a favor de los empresarios.
