La inseguridad sobrepasó sus límites habituales, y lo insoportable no es posición de exageración sino de desesperación. Si las instituciones encargadas de dar respuestas a inquietudes sobre la falta de seguridad no reaccionan, la ciudadanía debe actuar en consecuencia, presionando desde abajo para arriba.
Meros cambios de titulares departamentales de la Policía Nacional, nunca han sido solución integral y sostenida ante la criminalidad, por lo que es momento de poner en acción prácticas que al menos generen sensación de seguridad.
Si la policía no tiene la capacidad de hacer frente, la militarización, si bien tampoco es solución, debería desempolvarse y al menos aumentar la presencia en puntos estratégicos.
Tal como se hacía referencia desde este mismo apartado, si no existe una verdadera política de Estado contra todo tipo de criminalidad, todo será parche y cíclico.
El debate debe centrarse en este mal presente, y no en nimiedades, por lo que desde la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional, senadores, diputados, concejales, intendentes y Gobernador, deben abocarse indefectiblemente en dar soluciones inmediatas.
No existe un solo rubro que no haya sufrido los embates de la delincuencia, por lo que el pedido de que algo se debe hacer, es unísono. El imperio de la inseguridad es directamente proporcional a la ausencia del Estado, por lo que la claridad es manifiesta.
No es normal ni siquiera para el índice delincuencial maquillado por la institución policial para presentarlo en informes y estadísticas, por lo que no existe manera de minimizar lo que la población local y nacional padece.
Sin excusas, sin retóricas, poner en práctica lo que se supone tienen la formación y experiencia necesarias como para llevar a las praxis medidas efectivas contra delincuentes. Si no se sabe qué hacer, entonces es mejor dedicarse a la jardinería.
Ya no hay paciencia, y a este nivel, la justicia por manos propias podría ser alternativa extraoficial para intentar proteger y protegerse. La paz y tranquilidad, obligaciones del Gobierno, hace años dejaron de ser reglas, para abrir paso al descontrol vivenciado por violencias y saqueos.
Grandes comerciantes, medianos y pequeños emprendedores, empleados privados y estatales, son víctimas sucesivas y periódicas. Cada rubro pareciera que tiene especialistas de la delincuencia, con tremendo hedor de complicidades de propios agentes policiales.
Si no se puede confiar en la Policía, el efecto de degradación institucional podría generar, o mejor debería originar una revolución ciudadana imponiendo lo que por derecho le corresponde. Si las autoridades políticas no toman el tema con la seriedad y urgencias debidas, la presión del pueblo debe imponerlo, pues al final es el que padece con el contexto hecho costumbre dolorosa.
La protección de personas y sus bienes es una de las contraprestaciones para someterse al mando-obediencia, así como pagar impuestos, por lo que todo se encamina como para romper ese “contrato social”, de seguir el caos.
