La designación de la magistrada Alba Meza Ávalos como integrante del nuevo Tribunal de Apelación Penal – Tercera Sala, de la VI Circunscripción Judicial, fue recibida con cierto alivio por parte de la comunidad judicial, principalmente por la exclusión de la polémica juez Cinthia Garcete, quien se postulaba al cargo pese a ser considerada “la peor magistrada del Alto Paraná”. No obstante, previamente habían sido fuertemente criticadas las designaciones de Fátima Burró y Marino Méndez, como integrantes de la nueva Cámara de Apelaciones.
La Corte Suprema de Justicia oficializó ayer la integración de esta nueva Cámara de Apelaciones, completada por los ya electos Fátima Burró y Marino Méndez Hermosilla, ambos con antecedentes controvertidos. Sin embargo, la exclusión de Garcete, ampliamente resistida por el gremio de abogados y sectores ciudadanos, fue considerada un pequeño triunfo dentro de un proceso marcado por decisiones cuestionadas.
Garcete, quien habría asegurado a allegados que tenía “lugar seguro” en el nuevo tribunal, cuenta con al menos seis denuncias en su contra. Entre los casos más graves, se le acusa de haber recibido una coima de G. 150 millones para otorgar arresto domiciliario a policías imputados por doble homicidio. Asimismo, benefició con medidas similares a un feminicida en 2021 y recientemente extinguió la rebeldía de una pareja acusada de millonaria estafa, a pesar de que nunca se presentaron ante la justicia.
La posibilidad de que Cinthia Garcete fuera designada camarista generó una fuerte oposición por parte del Colegio de Abogados del Alto Paraná, que había hecho llegar su postura a los ministros de la CSJ. La presidenta del gremio, Nidia Silvero de Prieto, expresó su satisfacción ante la exclusión de la juez, aunque no ocultó su molestia por las otras dos designaciones.
“La designación de Fátima Burró y Marino Méndez es nefasta. Es una puñalada de frente, de atrás, de todos lados a la ciudadanía, a los justiciables y a los abogados de bien”, afirmó Silvero. “Es premiar a delincuentes que administran justicia”, sentenció.
Fátima Burró fue elegida de forma unánime por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a propuesta del superintendente de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, César Diesel. La magistrada arrastra denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por fallos escandalosos y mantiene vínculos con sectores cuestionados del poder. Su actuación en el caso del asesinato de Juan Daniel Ortigoza Ávalos, ocurrido en 2022, fue duramente criticada. En esa ocasión, otorgó medidas sustitutivas y penas mínimas a policías imputados por homicidio doloso, pese a la gravedad del hecho.
Por su parte, Marino Méndez, exjuez penal de la adolescencia, fue nombrado con el respaldo mayoritario del pleno de la Corte, salvo la abstención del ministro Manuel Ramírez Candia. Méndez es conocido por su cercanía con el Clan Zacarías, influyente grupo político del Alto Paraná, y fue favorecido en la terna por encima de los postulantes Hildo Mohr Benkenstein y Óscar Genes Ayala.
Pese a que las designaciones de Burró y Méndez provocaron indignación, la comunidad jurídica y numerosos actores del sistema celebraron al menos la exclusión de Cinthia Garcete. Para muchos abogados del Alto Paraná, el hecho de que Garcete haya quedado fuera representa un alivio frente a un sistema judicial muchas veces percibido como cómplice de la impunidad.
