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Allanan colegio ante sospechas de omisión de protocolo para salvaguardar vida de un menor

El Ministerio Publico allanó ayer las instalaciones del Centro Educacional Sagrados Corazones de Franco, para buscar evidencias sobre el caso investigado.

La fiscal Vivian Coronel llevó a cabo ayer un allanamiento en las instalaciones del Centro Educacional Sagrados Corazones, en Presidente Franco. Fue con relación a la trágica muerte de un menor de 13 años, quien se autoeliminó con un disparo en la cabeza el pasado 4 de julio. La tragedia ocurrió en el Lago de la República de Ciudad del Este y causó gran conmoción en la región.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron fuertes sospechas de que el menor pudo  haber sido víctima de agresiones físicas y bullying dentro del colegio. Los agresores incluso habrían filmado la agresión, sin embargo, el colegio no habría activado el protocolo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias para tales situaciones, lo que podía evitar el trágico desenlace.

En conversación con el Diario Vanguardia, la fiscal Vivian Coronel explicó que durante el allanamiento se incautaron diversos documentos que serán analizados minuciosamente. “Con estas incautaciones podremos determinar si se activó o no el protocolo establecido por el MEC. Si se confirma que no se siguió el protocolo, estaríamos ante una posible omisión”, señaló.

El adolescente de 13 años se disparó con una pistola 9mm cuando estaba en el Lago de la República. Habría sufrido bullying y agresiones, pero en su colegio no activaron el protocolo para salvarlo.

La fiscal detalló que el protocolo del MEC establece una serie de medidas que las instituciones educativas deben implementar en casos de agresión física y bullying. “Si el protocolo se hubiera cumplido adecuadamente, es probable que el desenlace no hubiese sido el mismo”, afirmó Coronel.

La investigación busca esclarecer si la falta de acción por parte del colegio contribuyó directamente al suicidio del menor. “Estamos en las primeras etapas de la investigación, se realizarán más diligencias. Los documentos incautados serán cruciales para confirmar si se activó el protocolo correctamente”, añadió la fiscal. En el caso de confirmarse una posible negligencia, las autoridades del centro educativo deberán responder penalmente por omisión grave, advirtieron fuentes del Ministerio Público. Este caso destaca además la importancia que las instituciones educativas sigan estrictamente los procedimientos establecidos para proteger a los estudiantes y prevenir situaciones de crisis.

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