En entrevista brindada ayer a Radio La Clave, el presidente de la Ande, Ing. Félix Sosa, confirmó que el 60% de todas las intervenciones de granjas ilegales de minería de criptomonedas se realizan en Alto Paraná, convirtiendo a nuestro departamento en el epicentro de esta actividad ilegal, explotada por delincuentes y seudo empresarios. El robo de energía causa un perjuicio mensual de unos G. 5.000 millones a la estatal, indicó Sosa, señalando que de las 8 intervenciones realizadas este año, cinco se hicieron en el décimo departamento.
Debido a las multimillonarias pérdidas por robo de energía, la Administración Nacional de Electricidad ya denunció ocho casos en lo que va de este año, los cuales culminaron en allanamientos con acompañamiento fiscal y policial. Cinco de las mineras intervenidas están ubicadas en Alto Paraná y las investigaciones están a cargo del agente fiscal Julio Paredes.
ALTO PARANÁ ES EL EPICENTRO
El ingeniero Félix Sosa reconoció que el Alto Paraná constituye actualmente el epicentro de la minería ilegal de criptomonedas, explicando que por eso se intensificaron las intervenciones en la región. Las mineras intervenidas robaron energía por un valor cercano a los G. 5.000 millones por mes. Todas están clausuradas, con medidores retirados, pero hasta la fecha ninguna se ha acercado para regularizar su situación. Cada granja minera de criptomonedas, dependiendo de la cantidad de máquinas procesadoras instaladas, roba un promedio de 400 y 700 millones de guaraníes por mes en consumo de energía eléctrica, explicó Sosa.
De las intervenciones realizadas, se lograron identificar con número de NIS a tres clientes, mientras que dos clientes estaban conectados de manera totalmente irregular, sin contar siquiera con medidor. Los clientes identificados en Alto Paraná son: Héctor Caballero Fernández de Juan León Mallorquín, a quien la Ande reclama G. 547.728.000; Takayuki Obara de Yguazú, acusado de robar energía eléctrica por valor de G. 703.000.000; Antonia Barrios de Puerto Paranambú, cuya deuda por robo de energía asciende a unos 700 millones de guaraníes; mientras que una minera de Domingo Martínez de Irala, que contaba con una conexión directa, fue calculado su consumo en G. 461.705.240, y otra minera con conexión directa instalada en Minga Guazú, se calcula que robó energía por valor de G. 432 millones.
A raíz de este nuevo delito, que causa pérdidas millonarias a la Ande, la institución ha invertido en equipamientos tecnológicos con la intención de determinar durante cuánto tiempo estuvo robando cada minera, basándose en las variaciones registradas en cada lugar intervenido. En todos los casos se confirmó además que los responsables contrataron a profesionales, quienes realizaron trabajos de ingeniería, en algunos casos con líneas subterráneas. Pero siempre las conexiones irregulares se inician a una distancia prudencial, a fin de dificultar ser pillados.
El Ing. Sosa comentó que en la mayoría de los casos determinaron que los transformadores de gran tamaño utilizados por estas empresas son de procedencia china y no cuentan con ningún registro legal de ingreso al país, ni se sabe qué empresa comercializó el producto. También confirmaron que las máquinas procesadoras son de procedencia china y aparentemente no cuentan con distribuidor autorizado o representante legal en nuestro país, por lo que se puede afirmar que se trata de un gran mercado negro, donde todo es ilegal. De hecho, se viene manejando que los dueños de estas empresas son empresarios vinculados al crimen organizado, que lavan activos mediante este tipo de negocios, ya que las ganancias son en dólares.
BUSCAN REDUCIR INDICE DE MOROSIDAD
El Ing. Sosa comentó que la Ande registra una morosidad que orilla los US$ 200 millones y que se busca recuperar uno US$ 50 millones. De esa suma, unos US$ 20 millones corresponden a deudores de Alto Paraná. Señaló que la deuda creció mucho durante la pandemia, cuando prácticamente no se cobraba a muchos clientes, situación que ahora se busca normalizar, mediante posibilidades de refinanciar las deudas, sin embargo también con amenazas de cortes, a las personas que se niegan a acercarse para buscar soluciones de pago.
“Empezamos este año con 29% de deuda, con un total de deuda de clientes particulares que llega a US$ 200 millones. Entonces nuestra meta es eso, reducir este año a 20% para poder recuperar aproximadamente unos US$ 50 millones de esa cantidad de deuda que se tiene, justamente para que la Ande también pueda pagar sus compromisos financieros como cualquier otra empresa”, puntualizó Sosa. En cuanto al sector público, la deuda acumulada llega a US$ 75 millones. El Gobierno actualmente requiere a las instituciones públicas pagar su factura, a fin de ponerse al día de manera gradual y progresiva.
