Con el afán de evitar que los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo vayan a parar en los bolsillos de los intendentes o gobernadores, se está analizando en la Cámara de Diputados modificar la ley penal respecto a los que cometen este tipo de hechos de corrupción, según dijo el diputado colorado alto paranaense Luis María “Tiki” González Vaesken, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
Igualmente, hizo alusión a la posibilidad de aumentar el monto para el Fonacide en el presupuesto 2024, pero para ello debe ser muy bien analizado el proyecto. “Creemos que es posible aumentar los desembolsos, pero con mecanismos de control mucho más fuertes. También creemos que podemos ajustar la ley penal, con penas más altas para quienes no utilizan correctamente esos fondos”, advirtió.
El legislador franqueño hizo estas declaraciones al aludir que los legisladores están trabajando en la modificación de la Ley del Fonacide, que fue creado para financiar proyectos de inversión pública y de desarrollo. Tiene como objetivo asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de la Entidad Binacional Itaipú al Brasil.
En tal carácter, “Tiki” es del parecer que se le tiene que dar más dinero a los intendentes y gobernadores del país, de modo a que puedan aumentar las inversiones en el interior del país, pese a las denuncias de corrupción existentes en este menester. No obstante, aseveró que los padres que integran las diferentes comunidades educativas del país pueden y deben ejercer un mayor control en sus respectivos municipios, de modo a que el dinero proveniente de esta fuente de ingreso estatal sea bien utilizado. “Creemos que los padres pueden ejercer un buen control y eso lo vamos a trabajar con audiencias públicas y sacar lo mejor de esas audiencias para modificar la ley. La mayor parte de la corrupción está en Asunción, es más que en gobernaciones y municipios. De todos modos, como la ley es para todos, debemos debatir ampliamente esta ley, a los efectos que pueda realmente castigar los hechos de corrupción, eliminar la impunidad y fortalecer la educación nacional”, destacó.
En caso que se apruebe un aumento en el rubro del Fonacide, necesariamente, también deben aumentar las responsabilidades y obligaciones de los gobernadores e intendentes, dijo. “Si otorgamos mayores recursos a las autoridades locales y regionales, también la tendencia es aumentar las exigencias para ellos. Hoy, la Ley del Fonacide otorga el 25% de los fondos recibidos de la Itaipú a gobernadores e intendentes para invertir en escuelas y colegios. Si eso se logra aumentar, lógicamente aumenta la obligación que tienen los gobernadores e intendentes”, subrayó.
