
Un año con pocas luces y muchas sombras fue el 2023 para los cuatro distritos cabecera del Alto Paraná. En Ciudad del Este, muchas promesas incumplidas de parte del intendente Miguel Prieto (Yo Creo), que desperdició más tiempo defendiéndose en estrados judiciales, donde soporta una imputación por lesión de confianza y otros delitos, antes que traer obras a la ciudadanía. La famosa planta asfáltica no trajo los resultados deseados y el bacheo intensivo de calles jamás ocurrió, quedando como materia pendiente para el 2024. En las comunidades de Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, también muchas quejas sobre el desempeño de los intendentes Nelson Cano (ANR), Roque Godoy (PLRA) y Diego Ríos (Yo Creo), quienes se destacaron por sus negociados y sospechas de hechos de corrupción, antes que por sus obras importantes en beneficio de sus comunidades.
Desde el fin de la pandemia, en materia económica, el 2023 fue para Ciudad del Este el mejor año. Pero lamentablemente, la municipalidad no pudo acompañar el “tren del éxito”, recibiendo muchas críticas en los últimos 12 meses. Iniciativas como la planta asfáltica y los buses eléctricos no tuvieron el efecto deseado y acabaron generando más críticas que elogios. Si bien se asfaltaron algunas calles en el microcentro, la mala calidad de las obras hizo que el asfalto sufra importantes deterioros con las fuertes lluvias. También el plan intensivo de bacheo anunciado por la comuna jamás se materializó. Se hicieron algunas obras en algunos barrios, pero se estima que el 90% de los baches subsisten y habrá que ver si en 2024 la campaña “anti bache” será llevada adelante con mayor seriedad.
Este año, Prieto fue imputado por la Fiscalía por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Las imputaciones se basan en una denuncia presentada por la Contraloría General de la República, que encontró irregularidades en la compra de insumos alimenticios por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este. Algunos pocos puntos positivos de su gestión son la campaña “Navidad Sustentable” y la reparación de aulas, trabajos que estaban muy atrasados y que pudieron ser concretados a lo largo del 2023, aunque todavía falta mucho para que todas las instituciones públicas de CDE estén en óptimas condiciones edilicias, con miras al año lectivo 2024.

DESASTROSA GESTIÓN EN PDTE. FRANCO
El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), es probablemente el más cuestionado de los cuatro intendentes de los distritos cabecera. Debido a su pésima gestión, la comuna está prácticamente en la quiebra técnica y no ha realizado obras de importancia en la comunidad. La distribución del almuerzo escolar tuvo mucha polémica este año en Franco, de la mano de la cuestionada empresa Copacabana S.A., vinculada al clan Zacarías. Las denuncias por servirse comida conteniendo insectos a los niños circularon por todo el país, pero no tuvieron mayores consecuencias, ni para el intendente ni para la firma mencionada. Ya a finales del año, fue muy criticado el derroche de G. 200 millones para la construcción de lomadas, mientras existen otros aspectos de urgencia en el distrito y que son ninguneados por el intendente. Igualmente, la falta de transferencia de fondos a los bomberos voluntarios hizo que éstos alertaran días pasados que ya no cuentan con ambulancia, que están todas con desperfectos mecánicos y no pueden ser reparadas debido a la falta de recursos. Trascendió que hace 6 meses Godoy no transfiere el recurso a los bomberos, unos G. 15 millones mensuales. También fue duramente cuestionado que en los meses de crisis, no tuvo mejor idea que irse de vacaciones a la Argentina, acompañando a su esposa, la diputada Roya Torres, a una misión oficial de observadora de las elecciones presidenciales, en octubre pasado.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Godoy tiene una mayoría de concejales obsecuentes, que apoyan su gestión e impiden que prospere cualquier denuncia en contra del mismo.

HERNANDARIAS Y MINGA GUAZÚ, ABANDONADAS Y EN QUIEBRA
La situación no es mucho mejor en Hernandarias y Minga Guazú, en donde los intendentes Nelson Cano (ANR) y Diego Ríos (Yo Creo) llamaron la atención por escándalos de presunta corrupción y mala gestión, y no por obras o servicios eficientes a la ciudadanía.
En el caso de Cano, estuvo en el ojo de la tormenta por la presunta compra irregular de un terreno. La Municipalidad de Hernandarias compró un terreno por un valor de G. 3.600 millones. Sin embargo, los concejales opositores denunciaron que el terreno ya era propiedad de la Municipalidad y que la compra fue una maniobra para desviar fondos públicos. Así también el pago de indemnización a una iglesia. La Municipalidad pagó una indemnización de G. 3.900 millones a la Iglesia de Dios del Paraguay. Los concejales opositores denunciaron que el pago era irregular y que no había justificación para el mismo. Los concejales opositores también han denunciado la falta de transparencia en la gestión de Nelson Cano. Afirman que el intendente no rinde cuentas de sus actos y que no permite el acceso a la información pública. Además de las denuncias, Cano también ha sido cuestionado por su estilo de gestión. Algunos sectores lo critican por ser autoritario y por no tomar en cuenta las opiniones de los demás.
Tampoco estuvo exento de escándalos el intendente minguero Diego Ríos. Prácticamente desde que asumió el cargo, en 2021, vive un descalabro financiero en la institución que administra. Surgieron documentos de la Contraloría General de la República que comprueban que auditores de dicha institución alertaron sobre la no existencia de un sistema de control interno, fundamental para una gestión municipal transparente y eficaz. El intendente Ríos en tanto, se viene caracterizando por “bicicletear” deudas y solicitar préstamos millonarios en bancos de plaza, con los que mantiene “a flote” su desastrosa administración.
Recientemente, la Junta Municipal de Minga Guazú decidió aprobar un pedido de destitución del director de Obras de la municipalidad, Arq. Miguel Cáceres y de su jefe de Obras y Servicios, iniciativa que partió de la concejal Laura Torres (PLRA). La edil argumentó que durante todo el 2023, los funcionarios “brillaron” por su inacción. Uno de los casos más graves, que atañen directamente a los funcionarios superiores de la Dirección de Obras, es una supuesta “tragada” de unos G. 293 millones, en concepto de insumos para asfalto. La empresa proveedora S&V Service del Grupo Mega, había informado al Legislativo que los insumos fueron entregados en su totalidad a la planta asfáltica de Ciudad del Este y se ha rubricado un acta de recepción definitiva el 20 de abril de este año.

En tanto, el director de obras de la comuna dijo a los ediles que se pagó la totalidad por los materiales, pero solo se utilizó por un monto de G. 207 millones, cuando que la dimensión y la calidad de las obras verificadas son de montos muy inferiores. Los materiales adquiridos por unos G. 293 millones no aparecen por ningún lado y las obras realizadas, de acuerdo a la rendición del segundo cuatrimestre, alcanzaron G. 207 millones. Pero en la verificación que realizaron los concejales, encontraron que solamente se hicieron 167 metros de asfalto en el Km 14.
Otra denuncia afecta a la escuela “General Bernardino Caballero”, donde presuntamente se sobrefacturó el precio total de las obras de refacción, de modo a que unos G. 200 millones, de los G. 825 millones que se presupuestaron para la obra, habrían parado en los bolsillos del intendente, según las denuncias. Otra denuncia está siendo investigada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y afecta a dos empresas constructoras que fueron descalificadas por Ríos, a los efectos de privilegiar a otra firma en la construcción de empedrados, sin importar que haya pasado un presupuesto mucho más alto que las demás oferentes. Dos firmas presentaron menor oferta de costos pero fueron “eliminadas” del proceso de adjudicación, pese a reunir todos los requisitos legales,
En otro caso, Ríos habría adjudicado a sus amigos millonarios montos para la construcción de varios lotes de empedrado. De acuerdo a los datos, Diego Guillermo Franco Vargas fue beneficiado por el intendente minguero en la adjudicación de varias obras, donde desembolsó más G. 480 millones, pese a que la empresa administrada por el mismo, “Dos Hermanos”, está impugnada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dato que fue pasado por alto por Ríos a los efectos de beneficiar a su amigo, según las denuncias en su contra.
En síntesis, en líneas generales ha sido decepcionante la gestión de los cuatro intendentes y sólo resta esperar que los mismos aprovechen la pausa de las fiestas navideñas y año nuevo para una sana reflexión y autocrítica, tomando con mayor seriedad su compromiso con la ciudadanía en 2024 para emprender obras que beneficien a sus compueblanos.