Detractores del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, nucleados en la organización “Consejo CDE Libre”, levantaron el miércoles la huelga de hambre que llevaban a cabo frente al Poder Judicial de Asunción. Los mismos exigieron celeridad en los procesos abiertos contra el jefe comunal y tras conversar con el juez Humberto Otazú, quien lleva los casos de “Tía Chela” y “Tajy”, dieron por concluida la medida de fuerza.
El magistrado se reunió ayer con los huelguistas que se apostaron frente a la sede del Poder Judicial, en Asunción, a quienes explicó que los procesos judiciales abiertos contra el intendente Miguel Prieto están bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia, por lo que nada puede hacer, ya que los documentos no se encuentran en su despacho.
Refirió que cuando la determinación de los ministros esté bajo su administración, le dará el trámite procesal que corresponda. Otazú fue recusado en varias ocasiones por Miguel Prieto, por lo que si vuelve a chicanear, sus abogados pueden ser amonestados sus abogados e incluso tener sus matrículas casadas.
Hace más de un año que las diligencias judiciales contra Prieto obran en poder de los ministros de Corte, sin que hasta el momento resuelvan el caso, según criticó el exconcejal municipal Celso “Kelembú” Miranda. “Hace 1 año 2 meses que la recusación de Prieto a Otazú (Humberto) está en la Corte Suprema de Justicia, bajo 7 llaves. Es claro que tiene protección de políticos, quienes les ordenan a los ministros de Corte que le pongan freno a los dos casos donde Prieto está imputado, acusado y con pedido de prisión domiciliaria. Es llamativa y sospechosa la protección que tiene, por lo que, puede ser que se lo proteja por cuestiones políticas o económicas”, cuestionó.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez acusaron a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones. Este hecho data del 2020, en plena pandemia del Coronavirus.
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos remitieron una nota al juez Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en la pandemia. Por las innumerables chicanas, que aún no fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia, Miguel Prieto sigue administrando la ciudad.
Igualmente, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, acusaron y pidieron juicio oral para el intendente de Ciudad del Este y otras diez personas, por supuestamente ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la comuna en el caso conocido como “Tajy”, cuyo presidente es Buena Ventura Morínigo, ex suegro de Prieto.
