Al parecer, el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), no aprende de las más de 40 denuncias formales realizadas ante el Ministerio Público en su contra; la mayoría por supuestos hechos de corrupción. En esta ocasión, se supo que la Contraloría Ciudadana ha detectado otras irregularidades, por lo que se avecinan más denuncias, según datos filtrados. El esquema para meter la mano en la lata, siempre es el mismo, señalan.
La conformación de “empresas” integradas por los “íntimos” del intendente, la creación de firmas de maletín o cuyos miembros pertenecen a una misma familia, así como la instauración de subcomisiones a cuyos miembros se les “desembolsan” millonarios montos de dinero que no administran, y la clonación de facturas, tal como se denunció últimamente, son algunas de las plataformas utilizadas por Miguel Prieto y su primer anillo para supuestamente quedarse con el dinero de los contribuyentes.
De acuerdo a los datos filtrados, la Contraloría Ciudadana está investigando un nuevo hecho de corrupción. Se trata de la contratación de una empresa para la construcción de empedrados, cuyas facturas se utilizan para “justificar” obras que en realidad nunca se concretaron. Este hecho forma parte del mismo esquema que el jefe comunal viene realizando hace bastante tiempo. Ahora saltó de vuelta, luego que una de las empresas afectadas haya protestado por ser “eliminada” de la lista de “beneficiarios” de Miguel Prieto.
Aunque la investigación es incipiente, ya se logró colectar importantes datos al respecto, por lo que no pasaría mucho tiempo para que la CCCDE presente una nueva denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente.
Sobre Prieto pesan dos imputaciones con pedido de prisión domiciliaria. La primera imputación es por el caso Tía Chela, donde el daño patrimonial sería de poco más de G. 2 mil millones. La segunda imputación es por el caso “Tajy”, donde la lesión de confianza supera los G. 300 millones. Sin embargo, la seguidilla de chicanas interpuestas por el equipo legal de Prieto, que es pagado con dinero de los contribuyentes, frena los procesos judiciales y las imputaciones no avanzan, al igual que las medidas judiciales que deben ser ejecutadas contra el administrador comunal.
Apenas son dos casos que están a las resultas de las determinaciones judiciales. Este proceso legal le permite a Miguel Prieto reiterar, de manera constante, que es inocente y que no existen pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, se olvida de mencionar que las acciones de oposición instauradas por sus abogados, son los motivos reales por los que aún no se pudieron concretar las medidas solicitadas por el Ministerio Público en las dos referidas denuncias.
