Una ola de indignación se generó tras la polémica decisión del juez Penal de Garantías Nelson Ojeda, quien otorgó arresto domiciliario al suboficial inspector de la Policía Nacional, Augusto Concepción Oviedo Martínez. El uniformado fue imputado por homicidio doloso por la fiscal Natalia Montanía, tras haber presuntamente ejecutado a sangre fría a un ciudadano desarmado durante un supuesto operativo policial en el barrio Bella Vista de Hernandarias. Sin embargo, de manera antojadiza y hasta ilegal, la misma fiscal pidió arresto domiciliario para el encausado, pese a la elevada expectativa de pena existente y el peligro de fuga.
La víctima Alcides de la Cruz Lezcano Ortíz (45), perdió la vida el 23 de abril de 2025, en un confuso episodio que, según los familiares y abogados de la querella, encubre una ejecución extrajudicial disfrazada de enfrentamiento. Fotografías tomadas en el lugar minutos después del crimen contradicen la versión oficial. En una primera imagen, el cuerpo aparece tendido en el asfalto sin arma alguna; en una segunda, ya cubierto por una sábana, la mano derecha sostiene repentinamente un revólver, lo que sugiere una posible manipulación de la escena.
Pese a estos indicios y a la gravedad de los hechos, tanto la fiscal del caso como el juez actuante consideraron que Oviedo Martínez merecía la medida sustitutiva de prisión domiciliaria, lo que fue inmediatamente apelado por los abogados querellantes Juan Carlos Vera Zarza y Luis Aponte. Los juristas calificaron de “inaceptable” e “irrazonable” la decisión judicial, que —afirman— favorece una vez más la impunidad de los llamados “gatillo fácil” dentro de las filas policiales.
“La prisión preventiva es la única medida razonable en un caso de esta naturaleza. No estamos ante un robo simple o un altercado callejero. Estamos ante un homicidio cometido por un funcionario público armado, en aparente abuso de su autoridad, y con claros indicios de encubrimiento posterior”, expresó uno de los abogados.
VERSION POLICIAL NO TIENE SUSTENTO
Según la versión policial, Vera Zarza habría intentado huir durante una persecución y se habría enfrentado a los uniformados con un revólver calibre 38mm, lo que habría derivado en un forcejeo que terminó con el fatal disparo. Sin embargo, testigos y familiares de la víctima sostienen que no existió ni persecución ni enfrentamiento. Alegan que Oviedo y otros agentes se movilizaban en un vehículo particular, sin identificación oficial, y que interceptaron a la víctima sin seguir procedimiento alguno.
“El disparo fue en la cabeza. Eso no se produce en un forcejeo. Es una ejecución”, sentenció el abogado de la viuda, que también denunció el robo de G. 3 millones que la víctima llevaba consigo para comprar materiales de construcción.
Los querellantes insisten en que el arresto domiciliario del suboficial, en su domicilio de Minga Guazú, es una medida completamente desproporcionada y representa una amenaza a la integridad del proceso. Consideran que esta resolución envía un peligroso mensaje de impunidad y alienta la continuidad de prácticas violentas y extorsivas por parte de ciertos sectores policiales.
“La víctima ya venía siendo extorsionada por estos mismos agentes. Esta vez se negó a seguir pagando y lo mataron. No podemos permitir que el aparato judicial se convierta en cómplice de estos crímenes”, denunció un familiar directo.
CUESTIONADO JUEZ Y POLÉMICA FISCAL
En el 2022, el juez Nelson Ojeda fue reincorporado por la Corte Suprema, luego de haber sido destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El pleno de la Corte dio trámite y suspendió los efectos del fallo del JEM en la acción de inconstitucionalidad promovida por el citado magistrado.
En marzo de 2022, los miembros del JEM resolvieron, en mayoría, remover del cargo al magistrado tras comprobarse que incurrió en el mal desempeño en sus funciones. Posteriormente, Ojeda Quintana presentó una acción de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia sugestivamente dio trámite.
La fiscal Natalia Montanía también estuvo involucrada en diversas polémicas y casos muy cuestionados, sin embargo, siempre zafó gracias a las influencias políticas de su esposo, el ex juez y ex diputado Manuel Trinidad. En 2007, versiones periodísticas señalaban que Montanía pagó 300 mil dólares para ser confirmada en el cargo de agente fiscal. La misma sigue ejerciendo el cargo hasta la actualidad, protegida por el poder político.
