La jueza Sara Silva, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Presidente Franco, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, tras una nueva ola de denuncias impulsadas por abogados que aseguran estar hartos de su inacción. La magistrada fue calificada como “la reina de la morosidad” por los profesionales del derecho, debido a los prolongados retrasos en la tramitación de expedientes en su juzgado, lo que genera graves perjuicios tanto a litigantes como a sus clientes.
Una abogada, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, relató a periodistas de Vanguardia que hace dos meses presentó una demanda ante el juzgado de Silva y, hasta la fecha, la causa no ha tenido ningún tipo de impulso procesal. “No estamos pidiendo una sentencia. Es simplemente una providencia para mover el expediente, pero la jueza ni siquiera firmó ese paso básico”, explicó.
La situación no sería aislada. La profesional también comentó que tiene un interdicto que lleva más de tres años sin resolución, sin que la magistrada haya dictado una sentencia. “No firma ni un traslado de demanda nueva. Imagínese esperar una resolución definitiva. Así los colegas pierden clientes, porque los usuarios del sistema judicial creen que es culpa de los abogados que no se muevan los expedientes, cuando en realidad es la jueza la que no hace su trabajo”, lamentó.
Ante esta situación, los abogados han optado por recusarla sistemáticamente sin expresión de causa cada vez que sus casos caen en su juzgado. “Ya nadie quiere litigar en Franco. Cuando el sorteo determina que el expediente cae en su unidad, los colegas directamente la recusan porque saben que los casos no serán tramitados”, concluyó.
DENUNCIAS FORMALES SIN RESPUESTA
En marzo pasado, la Comunidad Jurídica del Alto Paraná, presidida por la abogada Liz Rilsy Martínez, presentó una denuncia formal contra la jueza Sara Silva ante las autoridades judiciales, exigiendo una intervención urgente debido a su reiterada morosidad. El documento fue remitido a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, así como al Consejo de la Magistratura, con la solicitud de que se evalúe su desempeño y se ordene una auditoría sobre los expedientes que duermen el sueño de los justos en su despacho.
“Queremos alentar a los abogados afectados a que se acerquen a la Comjurap. Nosotros les facilitamos los formularios necesarios para formalizar sus quejas. Solo así se puede ordenar una auditoría específica sobre cada caso”, explicó la titular del gremio.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de las denuncias y de los reclamos sistemáticos, hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida concreta contra la cuestionada magistrada. Las notificaciones enviadas por la Superintendencia no se han traducido en acciones efectivas, y el Consejo de la Magistratura sigue sin pronunciarse con claridad sobre el asunto.
SILENCIO E INACCIÓN INSTITUCIONAL
Incluso el ministro superintendente de la circunscripción, César Manuel Diesel Junghanns, habría sido informado de la situación, pero tampoco ha demostrado interés en tomar cartas en el asunto, según afirman los denunciantes.
“Estamos desesperados. Las instituciones responsables de garantizar el funcionamiento del sistema judicial están totalmente ausentes. Esta desidia institucional nos empuja a pensar que existe una red de complicidades que protege a jueces como Sara Silva, a pesar del daño que generan al acceso a la justicia”, expresó otra abogada afectada.
