El pleno del Senado aprobó ayer formular una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes revocaron la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, imputado por agredir violentamente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. La medida, impulsada por la senadora Lilian Samaniego, se da en medio de una ola de críticas contra el actuar de los magistrados, quienes favorecieron al procesado con una polémica decisión. Paradójicamente, la cuestionada Asociación de Magistrados del Alto Paraná emitió un comunicado justificando la aberrante decisión del Tribunal de Alzada, evidenciando una vez más que el gremio es un mero instrumento de defensa corporativa de los jueces venales de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.
El misógino y prepotente abogado Walter Acosta fue imputado por coacción, coacción grave y resistencia, luego que se hiciera viral un video donde se lo ve abofeteando a la ingeniera Lourdes Sosa durante una fiscalización en la estación de servicio 3 Fronteras, en el distrito de Tavapy. Tras el cobarde ataque, el juez penal de Santa Rita, Bernardo Silva, ordenó su detención. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revirtió la decisión, permitiendo que el letrado enfrente el proceso en libertad y sin ser capturado.
La resolución de los camaristas desató una ola de repudio tanto a nivel local como nacional. Diversos sectores han denunciado que la medida sienta un peligroso precedente en la lucha contra la violencia de género y la impunidad judicial, beneficiando a un agresor que, según denuncias, cuenta con influencias en el ámbito judicial.
DEFENSA CORPORATIVA
En un movimiento sugestivo, ayer la Asociación de Magistrados del Alto Paraná salió en defensa de los jueces cuestionados, argumentando que el fallo se ajusta a derecho y que la revocación de la captura buscaba garantizar el debido proceso. A través de un comunicado, la Asomap sostuvo que la decisión de los jueces se basó en el Código Procesal Penal y que Acosta expresó su voluntad de someterse a la justicia.
Esta postura ha sido duramente criticada por sectores que consideran que la Asomap actúa como una cofradía que protege a sus miembros, en lugar de velar por la correcta aplicación de la ley. La percepción general es que, más que garantizar la independencia judicial, la asociación está encubriendo una decisión que, a todas luces, favorece a un imputado con poder e influencias.
SENADO DENUNCIARÁ ANTE EL JEM
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la moción de denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los miembros de la Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Martha Acosta, por levantar la orden de detención preventiva del abogado Walter Acosta, quien agredió físicamente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.
La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) pidió al pleno autorizar al Senado a denunciar a los miembros de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná por favorecer al abogado Walter Acosta con una resolución mediante la cual se levanta su orden de detención preventiva.
La senadora expresó su preocupación ante la actuación judicial en este caso, considerando que “la violencia contra una funcionaria pública no puede quedar sin respuesta institucional. Este hecho no solo genera impunidad, también envía un mensaje que afecta la credibilidad del sistema de justicia”.
Asimismo, dijo que no pueden permitir que “el abuso de poder y la negligencia judicial sigan socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas”. La denuncia queda a cargo de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores, que deberá formular la denuncia ante el JEM. Igualmente, se informó que el ministro de la Corte Suprema, Gustavo Santander, ordenó una investigación sobre el caso que envuelve al abogado Gustavo Acosta, quien podría verse despojado de su matrícula profesional, según adelantaron profesionales del fuero.
INDIGNACIÓN GENERALIZADA
Instituciones como el Colegio de Abogados del Alto Paraná, la Comunidad Jurídica del Alto Paraná, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo han expresado su indignación por la impunidad en este caso. La Comjurap incluso solicitó que los antecedentes de Acosta sean remitidos a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se le apliquen sanciones disciplinarias.
El fallo de la Cámara de Apelaciones genera un precedente peligroso en la lucha contra la violencia de género y la corrupción judicial. Mientras la comunidad exige justicia, Walter Acosta continúa libre, protegido por un sistema que parece diseñado para beneficiar a quienes cuentan con contactos e influencias, en detrimento de la verdadera aplicación de la ley.
