El almuerzo escolar es un negocio que mueve millones de guaraníes y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques de firmas gastronómicas que, casi por arte de magia, siempre ganan las licitaciones y adjudicaciones. En los últimos 10 años, según la Contraloría General de la República, el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a US$ 1.044.292.695. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).
Sin embargo, hasta el momento no se escuchó que algún intendente o gobernador haya sido privado de libertad por haber sido descubierto en la comisión de hechos punibles, como llenarse los bolsillos con el dinero destinado al alimento de los escolares. Si bien es cierto, se abrieron sendas investigaciones en relación a los hechos de robos de los almuerzos escolares por parte de los gobernadores o intendentes; pero casi siempre terminan en impunidad. Una salida elegante a este acuciante problema es la figura legal de la prescripción del delito, que se da cuando nunca se ha iniciado un procedimiento judicial, o habiéndose iniciado ha quedado paralizado sin que hayan existido actos que la interrumpan.
De este modo, los pocos intendentes y gobernadores que fueron denunciados por este hecho, siguen disfrutando de su “millonaria” libertad, ya que son blanqueados por las instituciones que deberían encarcelarlos. La influencia política o la utilización del poder mediante la influencia de algún elemento enquistado en el poder, es el factor predominante para que los que incurrieron en hechos punibles con la merienda o el almuerzo escolar sigan impunemente libres.
