El brutal feminicidio ocurrido ayer a la mañana en pleno microcentro de Ciudad del Este, en donde resultó víctima una mujer que ya venía denunciando sistemáticamente a su pareja por violencia familiar, pone dolorosamente el dedo en la llaga de un problema que está en franca expansión en nuestra región, la violencia desenfrenada contra la mujer. En Ciudad del Este se cuenta con tres unidades fiscales especializadas en violencia familiar. En cada una se acumulan miles de causas. Sin embargo, el trabajo de los agentes encargados resulta insuficiente y sumamente negligente, motivo por el cual se siguen registrando hechos de sangre que podrían ser evitados de existir seriedad y responsabilidad en la tarea desplegada por el Ministerio Público, cuyos agentes además son acusados de percibir coimas a cambio de “congelar” las causas.
Causó conmoción en la sociedad alto paranaense el brutal asesinato de la señora Norma Estela Miñarro Marecos (43), que recibió siete balazos en el cuerpo por parte de su pareja Leonor Meaurio Careaga (51). Lo lamentable es que se trata de una muerte que pudo haber sido evitada, de funcionar los organismos de protección (Ministerio Público, Policía Nacional, Juzgado de Paz, entre otros).
De acuerdo a los datos, la mujer asesinada ya había denunciado a su agresor ante el Ministerio Público en varias ocasiones anteriores, desde el año 2019, para ser más específicos. La denuncia más reciente data de julio pasado, ocasión en que la mujer se encontraba en su vivienda compartiendo con otras personas, ínterin en que el sujeto llegó molesto y la agredió con golpes de puño. Supuestamente a raíz de la última denuncia, se aplicó un “protocolo de protección a la víctima”, sin embargo, el hombre no estaba imputado ni con pedido de prisión o alguna otra medida restrictiva, por lo que no tuvo ningún problema para que, en la fatídica mañana de ayer, tomara un arma de fuego para ejecutar a Norma Estela y luego autoeliminarse.
MILES DE DENUNCIAS
ACUMULADAS EN LA FISCALÍA
En Ciudad del Este se cuentan con tres unidades fiscales especializadas en la lucha contra la violencia familiar, existiendo en cada una de ellas miles de causas que “dormitan” y no son impulsadas por los responsables. Solo este año ya ingresaron más de 700 denuncias, pero la cantidad de imputaciones realizadas por los fiscales es mínima.
Para ejemplificar la desastrosa situación, se puede mencionar el caso de la Unidad 2, en donde hay cerca de 3.500 causas abiertas. De esa enorme cantidad, apenas 19 tienen imputaciones y ocho pedidos de rebeldía. Esta unidad está a cargo de la fiscal Estela Mary Ramírez hace dos meses, quien reemplazó a la cuestionada Rocío González, removida del cargo por su inoperancia.
Según un documento al cual tuvo acceso Vanguardia con exclusividad, desde 2018 hasta el presente año, en la Unidad 2, que hasta hace poco estuvo manejada por Rocío González, ingresaron 4.132 denuncias por violencia familiar, de las cuales apenas 129 causas fueron remitidas.
La fiscal encargada de la unidad 1, especializada en violencia familiar, es Liliana Denice Duarte, quien también asumió el cargo recientemente en reemplazo de Emilce Ovelar, igualmente muy cuestionada y acusada en varias ocasiones de “negociar” y colocar en el “freezer” las causas donde hubo “propinas” de por medio. Esta unidad fiscal también es donde hay más causas encajonadas. En la unidad 3 está la fiscal Susan Vega, que también acumula miles de causas, de las que la mayoría no tienen resolución ni se toman medidas.
ABOGADOS DENUNCIARON SUPUESTO
ESQUEMA DE “COIMAS Y APRIETES”
Desde el Colegio de Abogados aseguran que, en muchos casos, los fiscales ya esperan que se les acerquen los abogados de los acusados de violencia familiar para “negociar” las causas, dejando así totalmente desprotegidas a las víctimas, como lo fue el caso de la señora Norma Estela Miñarro, que fue brutalmente asesinada por culpa de la negligencia fiscal.
De hecho, el gremio de abogados había denunciado un esquema de “coimas y aprietes”, pidiendo al nuevo FGE, Emiliano Rolón, una auditoría y el urgente traslado de los tres fiscales de las unidades de violencia familiar, Rocío González, Susan Vega y Emilce Ovelar, entre otros fiscales que están en la mira. Esto se cumplió a medias, siendo sacadas González y Ovelar. Sin embargo, no cambia el hecho de que en cada unidad haya miles de causas sin resolución, mientras las víctimas están expuestas a ser asesinadas en cualquier momento.
