Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y representantes de una consultora externa, analizaron la importancia de la implementación de un enfoque basado para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde las organizaciones políticas en nuestro país. En la oportunidad, se evaluó la importancia desde el punto de vista de los roles que cumplen la Justicia Electoral, como supervisor natural y, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, como organismo rector en la lucha contra el financiamiento político en campañas electorales.
En tal sentido, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín González, valoró el esfuerzo realizado por los parlamentarios al promulgar una ley que busca debilitar la influencia de organizaciones delictivas en potenciales candidatos a cargos electivos. “Estoy convencido que este momento es propicio para recordar que desde la promulgación de la Ley 4743/2012, que regula el Financiamiento Político y su reglamentación, se han proporcionado herramientas cruciales para controlar la actividad financiera de las organizaciones políticas como el Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip) y su divulgación a través del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (Onafip)”, resaltó.
La Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político es la destinataria directa de la cooperación de USAID Paraguay, a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0, el cual proporciona, además, la asistencia técnica, nuevas y sofisticadas herramientas para cumplir su función de manera efectiva, agregó.
Bogarín aseguró que es de gran relevancia la creación de mecanismos de seguridad que impidan la influencia de organizaciones de narcotraficantes sobre los políticos y, que estos, a su vez, se comprometan en brindar apoyo a integrantes de bandas delictivas. “Deseo enfatizar que la implementación de un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de las organizaciones políticas del Paraguay, se convierte en una prioridad máxima para el TSJE y en consecuencia para la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político”, aseveró.
