La criptominería en Paraguay ha generado debate y controversia en la Congreso Nacional, donde buscan prohibir las actividades relacionadas a los criptoactivos y criptomonedas dentro del territorio paraguayo, ya sea para su creación, almacenamiento y comercialización. El proyecto de ley fue postergado para su tratamiento por al menos un mes y se convocó a una audiencia pública para su debate.
En primer lugar, se aprobó postergar por un período de 30 días el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir temporalmente diversas actividades relacionadas con criptoactivos y criptomonedas en territorio paraguayo. Este proyecto, presentado por el senador Colym Soroka, será objeto de una audiencia pública programada para el martes 23 de abril a las 9:00, en la cual se convocará a todos los actores involucrados en la industria de los activos virtuales.
Además, se aprobó un proyecto de declaración propuesto por el senador Salyn Buzarquis, instando al Ministerio de Industria y Comercio a estudiar las ventajas económicas de vender el excedente energético del país a las industrias tecnológicas a precio de mercado. Este proyecto fue respaldado con el objetivo de promover inversiones tanto locales como extranjeras en infraestructura y garantizar un mensaje de seguridad jurídica en el contexto de las actividades de criptominería ilegal.
Buzarquis destacó la importancia de esta declaración en el contexto de las negociaciones con Itaipú sobre las tarifas de energía, donde el gobierno paraguayo busca obtener un precio más favorable por su potencia excedente. Recordó casos donde otras entidades han obtenido beneficios significativos al vender energía paraguaya a precios considerablemente más altos en el mercado internacional.
En la última década decenas de fábricas mineradoras de criptomonedas se instalaron en todo el país, pero principalmente en el Alto Paraná, debido a la cercanía con la Itaipu Binacional y la calidad en el servicio de energía con la que se cuenta en la región actualmente.
Expertos en tecnología afirman que el departamento cuenta con gran potencial para el desarrollo criptofinanciero, siempre que se cuente con una ley que ponga reglas claras sobre la actividad. Uno de los principales inconvenientes con el sector son las granjas mineradoras que se instalan de manera ilegal y que se aprovechan para robar energía eléctrica y no abonar el consumo real, siendo un perjuicio considerable para la Ande.
