El Colegio de Abogados del Alto Paraná anunció ayer que denunciará a la Corte Suprema de Justicia el caso de la polémica y cuestionada juez penal de Garantías Cinthia Garcete, quien recientemente levantó una orden de captura a dos procesados residentes en España, imputados por millonaria estafa, en una clara violación de las normas jurídicas del país. En un caso muy similar, en febrero pasado la máxima instancia judicial había suspendido al juez de Concepción Eduardo Manuel Agüero, por levantar el estado de rebeldía de un procesado que fija domicilio en España. Sin embargo, la citada magistrada contaría con la “protección” de altos referentes del Poder Judicial, como el superintendente de la Corte para la VI Circunscripción Judicial, el ministro César Diesel, motivo por el cual la misma, pese a sus aberrantes actuaciones, permanece en el cargo sin recibir ningún tipo de sanciones.
En una preocupante señal de retroceso en la justicia paraguaya y sentando un nefasto precedente jurídico, algunos polémicos magistrados y camaristas han comenzado a permitir que procesados litiguen desde la clandestinidad, en una clara violación de las normas jurídicas del país. Entre ellos se destaca la juez Cinthia Garcete, cuya reciente decisión de levantar una orden de captura a dos procesados residentes en España ha generado indignación y alarma.
A través del Auto Interlocutorio Nº 97, Garcete extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra Julio César Martínez y Mirta Antonia Torres, acusados de una millonaria estafa. La pareja, declarada rebelde, reside en Málaga, España, y presentó su defensa a través de su abogado sin comparecer personalmente ante la justicia paraguaya. La magistrada, ignorando la obligatoriedad de la presencia de los imputados, resolvió liberarlos de su condición de rebeldes, en lo que juristas consideran una acción ilegal.
El caso está en consonancia con lo resuelto recientemente por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, cuyos miembros también levantaron la captura que pesaba sobre el abogado Walter Acosta, quien golpeó a una funcionaria del INTN, permitiéndole litigar desde la clandestinidad. Los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, beneficiaron al letrado revocando su orden de captura. Similar medida tomó la cuestionada juez Cinthia Garcete.
En un caso calcado, el juez de Concepción Eduardo Manuel Agüero levantó el estado de rebeldía de un procesado que fija domicilio en España. Sin embargo, en ese caso sí la Corte actuó y suspendió al magistrado en cuestión. El ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, se hizo eco de la auditoría al juzgado a cargo del citado magistrado, que recomendó la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “A mí me parece que esto también es insostenible, porque ¿Qué es el estado de rebeldía? Desde mi humilde punto de vista, es el extrañarse de la jurisdicción del juez que tiene a cargo un procesamiento, y cómo es posible que no esté en rebeldía quien está a diez mil kilómetros de la jurisdicción del juez que lleva la causa”, manifestó el ministro. Giménez Rolón había solicitado “medidas que sean suficientemente ejemplificadoras”; la suspensión sin goce de sueldo y la remisión a la Superintendencia y al Jurado. El JEM tomó conocimiento de los antecedentes remitidos por la Corte, que resolvió suspender al juez de Concepción.
MAGISTRADA DE NEFASTOS ANTECEDENTES
La juez Cinthia Garcete es calificada como “la más nefasta del Alto Paraná” por gremios de abogados. Pero pese a sus múltiples cuestionamientos, Garcete incluso está ternada por el Consejo de la Magistratura y aspira a integrar los nuevos Tribunales de Alzada de Alto Paraná, gracias a sus influencias en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, su trayectoria está plagada de denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que han sido sistemáticamente ignoradas.
Entre los casos más escandalosos que involucran a Garcete está su decisión de conceder arresto domiciliario a 11 policías procesados por un doble homicidio, en un caso donde se denunció el pago de una coima de 150 millones de guaraníes. Además, en 2021, benefició con arresto domiciliario a un feminicida que asesinó a una joven de 17 años, argumentando que “no había peligro de fuga”. También ha sido señalada por irregularidades en casos de cohecho, protección a policías implicados en secuestros y extorsión a turistas. La falta de acción del JEM y la permisividad del sistema judicial han permitido que jueces como Garcete continúen ejerciendo sin consecuencias. Uno de sus principales protectores sería justamente el superintendente de la VI Circunscripción Judicial, ministro César Diesel.
No obstante, desde el Colegio de Abogados del Alto Paraná indicaron que esperan que la justicia “sea igual para todos” y que la juez Cinthia Garcete sea ejemplarmente sancionada, así como se ha hecho con el juez Agüero de Concepción, quien incurrió en la misma irregularidad, siendo suspendido por la máxima instancia judicial y ahora corre riesgo de ser incluso destituido del cargo.
