La designación de jueces ampliamente cuestionados por corrupción y fallos escandalosos como nuevos miembros del Tribunal de Apelación Penal del Alto Paraná, ha desatado una ola de indignación en el gremio jurídico y la ciudadanía. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, una vez más, se han doblegado ante las presiones del poder político y decidieron premiar a magistrados con antecedentes nefastos, desoyendo las advertencias y reclamos de los actores judiciales del Este del país. Entre los designados figuran Marino Méndez Hermosilla, de conocida cercanía con el Clan Zacarías; y la exfiscal y exjuez Fátima Burró, ambos con un prontuario de denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La resolución de la CSJ no solo fue calificada como lamentable, sino como una auténtica traición a los principios de justicia.
“Es nefasto, es una puñalada de frente, de atrás, de todos lados a la ciudadanía, a los justiciables y a los abogados de bien”, fustigó la presidenta del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Nidia Silvero de Prieto, al conocer la decisión. “Es premiar a delincuentes que administran justicia”, remató, visiblemente molesta.
Silvero lamentó que, pese a las denuncias y carpetas documentadas entregadas a cada uno de los ministros de la Corte, especialmente al superintendente de la circunscripción César Diesel y a la presidenta regional Juliana Jiménez, los magistrados hayan hecho oídos sordos. “Todo nuestro esfuerzo no sirvió para nada. Pasaron por alto todo”, señaló con indignación.
La juez Fátima Burró fue designada de forma unánime por los ministros de la Corte, pese a su trayectoria marcada por resoluciones aberrantes. Es recordada por el caso del asesinato del joven Juan Daniel Ortigoza Ávalos, ocurrido en julio de 2022, donde otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a siete policías imputados por homicidio doloso. Burró incluso aplicó un procedimiento abreviado en un caso de crimen grave, permitiendo que los uniformados evitaran la cárcel con sanciones ridículas, como pagar 200.000 guaraníes mensuales como “reparación social”.
Por su parte, Marino Méndez, exjuez penal de la adolescencia, tiene una larga historia de resoluciones a favor de miembros del Clan Zacarías, grupo político con gran influencia en la región. Fue elegido con mayoría de votos en la Corte, salvo la abstención del ministro Gustavo Santander, lo que evidencia que incluso los magistrados considerados “independientes” optaron por el silencio.
TERCERA VACANCIA “YA TENDRÍA DUEÑA”
La tercera vacancia en la Cámara de Apelaciones aún no fue oficialmente cubierta, pero todo apunta a que será ocupada por Cinthia Garcete, otra juez con múltiples denuncias por presuntos hechos de corrupción. Se le atribuye haber recibido G. 150 millones a cambio de otorgar arresto domiciliario a policías acusados de homicidio, además de beneficiar a un feminicida y levantar órdenes de captura contra estafadores prófugos. “La única que falta para completar el combo es Cinthia Garcete o Alba Meza. Es lo único que ya falta”, ironizó Silvero de Prieto.
La presidenta del CAAP no ocultó su decepción por el comportamiento de los ministros que, según dijo, prefirieron callar. “Creíamos que Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia, César Garay o Gustavo Santander podrían oponerse, pero se callaron todos. Es un mazazo”, dijo. Citando la Biblia, expresó: “Maldito tú, que pones tu esperanza en el hombre”, y concluyó que la decisión de la Corte “es peligrosa, nefasta, y condena a la ciudadanía a seguir bajo un sistema judicial podrido y funcional al poder político”.
Silvero apeló a la conciencia de los ministros: “Que piensen en sus hijos, en sus nietos, en qué sociedad van a dejar. No se puede seguir premiando a delincuentes con cargos judiciales. Esta gente no debería estar un segundo más administrando justicia”.
