La fiscal Zunilda Ocampos Marín logró, tras recurrir a segunda instancia, que la Cámara de Apelaciones anulara la absolución de dos acusados por delitos ambientales, dictada en noviembre del 2024, y ordenara la realización de un nuevo juicio oral. Los acusados, João Emanoel de Almeida, productor agrícola de nacionalidad brasileña, y Griselda Martínez Benítez, consultora ambiental y abogada, de nacionalidad paraguaya, enfrentan cargos por delitos relacionados con perjuicios a reservas naturales, desecación de humedales y declaración falsa. Además, por eludir obligaciones legales relacionadas con medidas de mitigación del impacto ambiental.
Según los antecedentes, el 14 de junio de 2022, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente detectó que Almeida permitió y autorizó actividades como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos proveniente de una naciente y la eliminación completa de vegetación, parte de un bosque protector del cauce, en el interior de su propiedad, en el distrito de Los Cedrales. Con su accionar, el acusado atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro del inmueble, según la acusación fiscal.
El brasileño, para obtener la licencia ambiental, habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de esa forma consiguió la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales.
Por su parte, Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos relacionados con la obtención de la licencia ambiental del Mades, por lo que igualmente fue imputada y acusada en su momento. Posteriormente, la causa se elevó a juicio oral, pero el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Marino Méndez, absolvió a los procesados de culpa y pena, a pesar de las pruebas que sustentaban la acusación fiscal.
