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Cámara revocó decisión de cuestionada jueza Garcete y funcionario de IB deberá ir a prisión

Cinthia Garcete, juez penal.

La Cámara de Apelaciones revocó una resolución de arresto domiciliario concedida por la cuestionada y polémica juez Cinthia Garcete a favor de un funcionario de la Itaipu Binacional, quien ejerció violencia física y psicológica contra su pareja por 25 años. De esta manera, el Tribunal de Alzada, tras la presentación de un recurso de apelación de la fiscal Liliana Denice Duarte, anuló la medida dispuesta por la magistrada, quien sigue cometiendo barbaridades en sus funciones, amparada políticamente por sus “amigos” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

El Tribunal de Alzada, Segunda Sala, conformado por los jueces Marta Acosta, Nilda Cáceres y Raúl Insaurralde, anuló la medida dispuesta por la juez Cinthia Garcete, que había beneficiado con su polémica decisión al imputado Gregorio Báez Ramírez (47), con domicilio en el barrio Remansito de Ciudad del Este, que de acuerdo a la acusación ejerció violencia física y psicológica contra su esposa durante 25 años. Ahora, el violento funcionario de la Itaipu Binacional deberá cumplir la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario, tal como había requerido el Ministerio Público en su momento, considerando la gravedad del hecho presuntamente cometido.

Según los antecedentes del caso, el procesado era muy violento y desde el inicio de la relación habría sometido a la víctima a constantes agresiones físicas y verbales, al punto de denigrarla en su condición de mujer. La pareja tiene siete hijos, de los cuales cuatro ya son mayores, y que también habrían sufrido violencia en el pasado.

El último acto de violencia se produjo el 18 de abril de 2024, en horas de la mañana, en el sector V del barrio Remansito. En la ocasión la mujer se encontraba cuidando a su bebé de 1 año, momento en que Báez Ramírez la llamó para servirle miel en su desayuno. En un momento dado, el hombre se descontroló y comenzó primeramente a maltratar verbalmente a su pareja, hasta propinarle presuntamente patadas en las piernas, además de agarrarle del cuello con la aparente intención de ahorcarla, ocasionándole lesiones.

Algunos vecinos que se percataron de la agresión alertaron a una de las hijas de la pareja que no vive en el lugar, quien radicó la denuncia. Acto seguido, agentes policiales acudieron al sitio y procedieron a la aprehensión de Báez Ramírez. Estando ya privado de libertad y frente a los policías, el agresor advirtió a la víctima que una vez que salga de la cárcel presuntamente la mataría a ella y a sus los hijos. La fiscal Liliana Duarte inició el proceso contra el sindicado.

Liliana Denise Duarte, fiscal.

Sin embargo, pese a todos estos agravantes, la juez Garcete concedió arresto domiciliario al encausado. La magistrada tiene el mote de ser la más rechazada del Alto Paraná, pero pese a las graves denuncias por las descabelladas resoluciones y mal desempeño presentadas contra la magistrada, la misma sigue campante en el cargo gracias a sus “buenos contactos” y padrinazgos en el Poder Judicial. Según fuentes, el abogado Jorge Bogarín, exmiembro del Consejo de la Magistratura (con permiso y declarado significativamente corrupto por los EEUU), sería uno de los principales defensores de la cuestionada magistrada, sobre quien pesa una larga lista de denuncias por atrocidades cometidas en su juzgado.

Garcete blanqueó en su momento a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún y  Sandra McLeod de Zacarías, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante sus administraciones al frente de la comuna. También liberó a un feminicida que mató a una menor de 17 años, entre otras “perlas” muy cuestionadas, como favorecer a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del buffet jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez.

El 28 de julio del 2023, se presentó una denuncia contra Cinthia Garcete por mal desempeño de sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,  por el caso de los policías “gatillo fácil” que en el 2022 ejecutaron a balazos a una pareja durante un fallido operativo. Por la misma causa también se presentó denuncia contra la magistrada ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño en sus funciones, en fecha 31 de julio del 2023.

Por último se ha presentado denuncia penal por cohecho pasivo agravado ante el Fiscal General Adjunto y fue remitido a la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público de Asunción. No obstante, pese a esta y diversas otras denuncias, la misma sigue campante en el cargo y continúa impartiendo “justicia”, siempre de acuerdo al mejor postor, según comentarios de sus víctimas, abogados pasilleros y otros que saben de sus andanzas.

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