A pesar de haber sido condenado en marzo de 2022 a tres años de prisión por el delito de estafa, José Luis Velázquez Popov, ex presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y propietario de la casa de cambios Uniexpress, sigue evitando cumplir su condena mediante una serie de maniobras jurídicas. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Nº 4 de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, tras comprobarse que el cambista había recibido USD 100.000 de dos ciudadanos árabes para realizar un cambio de divisas a guaraníes, transacción que nunca concretó y cuyo dinero jamás devolvió.
La condena fue ratificada en septiembre de 2022 por el Tribunal de Apelación, que rechazó el recurso presentado por su defensa. Posteriormente, en abril de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por Velázquez Popov, confirmando así la validez del fallo. Sin embargo, en lugar de acatar la sentencia, el condenado ha utilizado una serie de recursos y tácticas dilatorias para evitar su ejecución, prolongando el proceso de manera indefinida.
Desde la firmeza del fallo, Velázquez Popov ha interpuesto diversos incidentes procesales con el fin de frenar la ejecución de la pena. Entre las estrategias más recurrentes se encuentran la presentación de recursos de reposición y apelación en subsidio, la recusación de jueces y la designación de nuevos abogados, tácticas que han contribuido a extender el proceso sin justificación válida. A pesar de que estos intentos han sido sistemáticamente rechazados por los tribunales, su defensa persiste en presentar nuevas acciones legales que dificultan el cumplimiento de la condena.
Uno de los episodios más controversiales en esta estrategia dilatoria fue la recusación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, presentada por la defensa con el aparente objetivo de frenar el proceso. Sin embargo, la Sala Penal rechazó la recusación in limine mediante el Auto Interlocutorio Nº 28 del 20 de febrero de 2024, desestimando el intento de apartar al magistrado del caso.
Otra táctica utilizada fue la renuncia de parte de sus abogados defensores, seguida de la designación de Luis Alberto Zárate como nuevo representante legal. Esta maniobra resultó especialmente cuestionable, ya que Zárate había presentado previamente una denuncia contra la juez Fabiola Galeano, quien estaba a cargo de la ejecución de la sentencia. Ante este escenario, la magistrada optó por inhibirse del caso el 16 de febrero de 2024, lo que llevó a la designación de un nuevo juez, Adalberto Soto Espínola. No obstante, este último impugnó la inhibición argumentando que la denuncia contra su colega no justificaba su apartamiento del proceso, evidenciando así la maniobra dilatoria de la defensa.
A lo largo del proceso, Velázquez Popov y su equipo legal han evitado presentarse a varias audiencias programadas, generando retrasos adicionales en la ejecución de la sentencia. En una ocasión, la defensa solicitó la suspensión de una audiencia bajo el argumento de que uno de los abogados tenía otro compromiso judicial, pero finalmente ni los abogados ni el condenado comparecieron ante el tribunal, prolongando aún más la causa.
A pesar de que la condena se mantiene firme, su cumplimiento sigue siendo obstaculizado por un abuso sistemático de los mecanismos legales. La inacción de las autoridades judiciales y la permisividad ante estas tácticas han permitido que Velázquez Popov continúe en libertad, burlando la justicia con recursos que solo buscan dilatar lo inevitable. Mientras tanto, las víctimas del fraude siguen esperando que se ejecute la sentencia y se haga justicia en este caso que pone en evidencia las falencias del sistema judicial para hacer cumplir sus propias decisiones.
