El ex presidente de la Liga Paranaense de Fútbol evita cumplir su condena a 3 años de prisión por estafa, gracias a una serie de chicanas judiciales. José Luis Velázquez Popov, propietario de la casa de cambios Uniexpress, fue condenado en marzo de 2022 por el Tribunal de Sentencia N° 4 de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. El fallo fue emitido tras comprobarse que había estafado a dos ciudadanos árabes, de quienes recibió US$ 100.000 para realizar un cambio de divisas a guaraníes, operación que nunca llevó a cabo. En lugar de realizar el cambio prometido, se quedó con el dinero de los extranjeros. Tras la denuncia, el tribunal lo halló culpable de estafa, imponiéndole una condena que hasta la fecha no se cumple.
El fallo judicial fue ratificado en septiembre de 2022 por el Tribunal de Apelación, que rechazó el recurso presentado por la defensa. En abril de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también rechazó un recurso de casación presentado por Velázquez Popov, declarando inadmisible el intento de revisión del fallo. Sin embargo, lo que parecía ser el final de un proceso judicial se convirtió en un nuevo capítulo marcado por chicanas legales que han retrasado su ejecución.
Desde que la condena se hizo firme, Velázquez Popov recurrió a una serie de maniobras legales que han impedido que cumpla con la condena impuesta, utilizando recursos procesales de manera abusiva para alargar el proceso. Entre las tácticas más frecuentes se incluyen la presentación de recursos de reposición y apelación en subsidio, la renuncia y designación de nuevos abogados, y la recusación de jueces con el fin de retrasar la ejecución de la sentencia.
Desde el inicio de la ejecución de la sentencia, Velázquez Popov presentó un incidente de nulidad de actuaciones, un recurso de reposición y una aclaratoria, todos con el objetivo de retrasar la ejecución de la pena. Estos recursos fueron sistemáticamente declarados inadmisibles por el Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia, pero la defensa continuó insistiendo en cada una de las instancias procesales.
En abril de 2023, la defensa presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual también fue rechazado, lo que llevó a los abogados del condenado a presentar nuevos incidentes de nulidad, de reposición y aclaratoria.
Uno de los recursos más polémicos fue la recusación del Ministro Dr. Luis María Benítez Riera, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema. La defensa presentó la recusación como parte de su estrategia para frenar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, esta recusación fue rechazada in limine por la Sala Penal a través del Auto Interlocutorio Nº 28, del 20 de febrero de 2024.
La defensa, al no poder frenar el proceso con la recusación, continuó con una serie de recursos más, incluyendo la apelación de la decisión tomada por la Sala Penal.
MANEJO DE ABOGADOS Y CAMBIO DE LA DEFENSA
En otro movimiento de dilación, los abogados del condenado comenzaron a presentar maniobras que evidencian el abuso del derecho. En un momento, la defensa decidió renunciar al mandato de dos de sus abogados y designó a Luis Alberto Zárate como nuevo representante legal. Este cambio de abogado tuvo implicaciones procesales, pues Zárate había previamente denunciado a la juez interviniente Fabiola Galeano, ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que obligó a la misma a inhibirse de continuar con el caso.
La defensa, al saber de antemano que la juez se inhibiría, aprovechó la situación y forzó la asignación de un nuevo juez. La magistrada Galeano se apartó del caso el 16 de febrero de 2024, pasando el expediente al siguiente juez de turno Adalberto Soto Espínola, que impugnó la inhibición, argumentando que la denuncia presentada por el abogado contra su colega no era motivo suficiente para apartarla del caso. Este tipo de maniobras dilatorias permitió que el proceso continuara atascado.
En el marco de los intentos para evitar la ejecución de la sentencia, Velázquez Popov y su defensa no comparecieron a varias audiencias programadas. En una ocasión, tras el señalamiento de fecha para una audiencia de reposición, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia bajo el argumento de que uno de los abogados tenía una cita en otro juicio. A pesar de haber solicitado dicha suspensión, los abogados no asistieron, y Velázquez Popov tampoco se presentó ante el tribunal, lo que generó más retrasos en el proceso.
EL IMPACTO DE LAS CHICANAS
A pesar que la condena a Velázquez Popov está firme, su ejecución se ha visto obstaculizada por los abusos legales cometidos durante todo el proceso. La falta de acción de los jueces y la pasividad ante las maniobras de la defensa han permitido que el condenado continúe libre, evadiendo su pena de 3 años de prisión. Las múltiples chicanas y recursos legales presentados, que se repiten de manera sistemática, no solo retrasan el proceso, sino que evidencian una falta de voluntad para aplicar la ley de manera efectiva.
A lo largo de todo este proceso, Velázquez Popov ha logrado evitar la prisión mediante la estrategia de apelar a todos los recursos disponibles, con el fin de que el proceso judicial se alargue indefinidamente. Su defensa ha demostrado un uso abusivo del derecho y una mala fe procesal, lo que ha resultado en una evidente ineficiencia del sistema judicial para hacer cumplir la sentencia.
El futuro de la ejecución de la sentencia sigue siendo incierto. Mientras tanto, Velázquez Popov continúa utilizando todas las herramientas seudo legales a su disposición para evitar pagar por el delito que cometió. Por otro lado, las víctimas de la estafa esperan que finalmente se haga justicia.
