Agricultores del asentamiento San Miguel, ubicado en la colonia Toryvete de Hernandarias, llegaron hasta la Penitenciaría Regional de CDE para donar los productos que sembraron y que sean utilizados en la alimentación de los reos. Explicaron que es el comienzo de los aportes que van a realizar para demostrar a las instituciones que son personas que trabajan la tierra. Sostienen que merecen que la tierra que ocupan les sea expropiada a su favor, antes que ser desalojados.
Los labriegos llevaron diversos tipos de maíz, poroto, mandioca, zapallo, calabaza y otros productos que cultivaron en la comunidad de 1200 hectáreas que ocupan. Cristina Martínez, una de las lideresas, explicó que también harán este tipo de entregas en hogares de niños, de ancianos y otras entidades benéficas, con el fin de hacer saber a las autoridades que son trabajadores y que están labrando la tierra para producir rubros de autoconsumo.
Martínez se despachó contra la fiscal de Hernandarias, Natalia Montania, quien los investiga por supuesta invasión de inmueble ajeno. “Esta fiscal dice por nosotros que ingresamos hace dos meses a las tierras y ¿acaso el maíz se cosecha en ese tiempo, la mandioca se produce en dos meses?, no es como ella dice y con esta donación queremos demostrarle a ella y a todas las autoridades que necesitamos esas tierras para trabajar”, insistió.
El director del penal regional, Benjamín Ozuna, agradeció el gesto de los labriegos y les comentó que para alimentar a la población penitenciaria con alimentos a base de poroto, por ejemplo, deben contar con al menos 90 kilos de los granos, pues son casi 2 mil personas que están recluidos en el sitio, además de los funcionarios.
Asimismo, indicó que la mandioca es aprovechada dentro de los alimentos cocinados y que los rubros de huerta que fueron donados serán de suma utilidad para los tipos de comida que van elaborando. Los representantes de Toryvete explicaron que en la comunidad decidieron que el primer aporte sea para la cárcel regional, precisamente por la gran cantidad de personas que están en el lugar.
LAS TIERRAS EN CONFLICTO
Los campesinos están asentados en un espacio de 1.200 hectáreas, de las 3.500 que abarca el inmueble en conflicto, y que actualmente está a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Para la semana pasada estaba previsto el desalojo de los labriegos, pero se pospuso debido a que no se podría tener la cantidad de policías necesarios para un procedimiento complejo.
Los labriegos afirman que el intento de sacarlos de las tierras que ocupan hace más de un año, se hace con documentos apócrifos. Agregaron que cuentan con un compromiso de la Senabico, que no serían molestados mientras se tramita el pedido de expropiación del inmueble. El mes pasado el grupo de campesinos se manifestó frente al Ministerio Público de Hernandarias para cuestionar la labor de la fiscal Montania.
Esta amplia extensión de tierra que abarca los municipios de Hernandarias y Santa Fe del Paraná pertenecía al libanés Hussein Mounir Mouzzanar, quien está investigado por sus presuntos vínculos con terroristas y el atentado a la AMIA en Argentina, ocurrido en 1994.
En el año 2023, el juez Gustavo Amarilla dispuso la prohibición general de enajenar y gravar bienes de dos personas buscadas por la justicia del vecino país, entre ellas el libanés, por lo que se dio intervención a la Senabico para administrar los inmuebles. Con estos antecedentes, los labriegos ingresaron a la propiedad y piden que sea expropiada para ellos.
