Campesinos aglutinados en la Comisión Vecinal Sin Tierra de la Colonia Toryvete de Hernandarias, que forma parte de la Federación Nacional Campesina, mantienen una serie de reuniones con autoridades del Gobierno a fin de garantizar que su lucha por un pedazo de tierra sea pacífica y sin desalojos violentos. Actualmente reivindican la concesión de un inmueble que fuera propiedad del empresario libanés Hussein Mounir Mouzannar, vinculado al terrorismo. La propiedad ya fue expropiada y actualmente está siendo administrada por la Senabico. Los labriegos lamentaron la actitud del fiscal Adolfo Santander, quien se hizo eco de una supuesta denuncia por invasión de inmueble ajeno, donde aparecen como denunciantes un guardia de seguridad y la administradora del libanés.
Los principales líderes de los supuestos sin tierra mantuvieron la semana pasada una reunión con el viceministro de Seguridad Interna Oscar Pereira, donde trataron la situación de una finca de 1.294 hectáreas ubicada en la colonia Toryvete. La propiedad denominada “Agroganadera Santa Felicidad S.A.”, era propiedad del ciudadano libanés Hussein Mounir Mouzannar, con orden de captura internacional por el atentado cometido contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires.
Mouzannar estaría involucrado como financista del atentado contra la sede de la AMIA. El atentado que dejó al menos 85 muertos ocurrió el 18 de julio de 1994. Según medios argentinos, Mouzannar se esconde en su país de origen, donde se mantiene prófugo de la justicia.
Si bien la confiscación de los bienes del libanés ya se produjo en junio del año pasado, hasta el momento la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, que en teoría debe administrar la propiedad, no dispuso ni inició trámites para la enajenación del valioso inmueble que está ocupado por campesinos pertenecientes a la Federación Nacional Campesina, quienes reclaman las tierras en el marco de la reforma agraria.
Al decir de los referentes labriegos, el viceministro Pereira mencionó que de momento la Policía Nacional no ejecutará ningún procedimiento en la propiedad, indicando que averiguará todo lo concerniente al proceso judicial que se le sigue.
Los campesinos también dirigieron una nota al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, preocupados por una denuncia sobre supuesto hecho punible invasión de inmueble ajeno, que se está tramitando en la unidad del fiscal Víctor Adolfo Santander. Aparece como “denunciante” Luis Alberto Aquino Flores, un guardia de seguridad privada. Como supuesta “testigo” declaró la administradora del libanés prófugo de la justicia, María Ester Almeida. Estas personas ni siquiera son parte del proceso, pero aparentemente estarían intentando instrumentar al Ministerio Público para favorecer al libanés, por lo que piden en su nota al FGE que los mencionados sean investigados por supuesta complicidad con el extranjero prófugo.
Los campesinos indicaron que seguirán manteniendo la ocupación del inmueble pacíficamente, en espera de que el Gobierno pueda culminar el proceso de desafectación y que lo incluya dentro de la reforma agraria, lo que implicaría la distribución de las parcelas a personas que no poseen tierras en el país.
