La fiscal Olga Patricia Melgarejo solicitó juicio oral y público para dos presuntos delincuentes acusados por robo agravado en contra de una familia. Ellos son Juan Guillermo Ochipinti Vera (27) y Luis Carlos Domínguez Chávez (21), quienes se encuentran en prisión. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete. Según los antecedentes, el atraco se produjo el 29 de julio de 2024,  a las 16:00 horas, frente a una vivienda ubicada en el Km 12,5 de Acaray de Ciudad del Este, a  1.800 metros de la ruta PY 02. En la ocasión resultaron víctimas Matías Javier Orrego Centurión y su familia. Los acusados y dos cómplices, hasta el momento desconocidos, atacaron a mano armada y a bordo de dos motocicletas a Orrego Centurión cuando estaba por ingresar a su vivienda en su vehículo, en compañía de su esposa y su hijita de 1 año y 11 meses. Uno de ellos golpeó a Orrego con la culata del arma, exigiéndole que descendiera del automóvil Toyota Vitz. A continuación, dos de los autores abordaron el rodado ajeno y huyeron rápidamente, al igual que sus cómplices que estaban en las motos. Los presuntos delincuentes llevaron además una computadora portátil, una cartera y varios otros objetos que había en el vehículo. Media hora después agentes policiales detuvieron a los dos sospechosos circulando en el vehículo robado.

La fiscal Susan Vega imputó a un hombre que habría maltratado física y verbalmente a su esposa por negarse a mostrarle mensajes de su teléfono celular. El presunto agresor, identificado con las iniciales F.O.V., enfrenta un proceso penal por el supuesto hecho punible de violencia familiar y quedó a disposición de la Justicia. La agresión se produjo días pasados, en horas de la madrugada, en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento Pueblo Unido, en el Km 12 de Monday, en Ciudad del Este. En ese momento, el imputado quiso revisar el celular de la víctima, quien se negó a exhibirle, por lo que comenzó a maltratarla verbalmente y luego procedió a la agresión física. El hombre habría aplicado varios golpes de puño en el rostro de la víctima, ocasionándole lesiones diversas. Seguidamente, la empujó y echó en la cama para seguir agrediéndola, instante en que intervino la hija menor de 12 años de la pareja, quien defendió a su madre. Tras la denuncia, la Fiscalía inició la investigación y finalmente decidió imputar al presunto autor de la golpiza. El nombre del procesado se omite a fin de evitar la identificación de la hija menor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

La agente fiscal Viviana Sánchez imputó a una joven que, en estado de ebriedad, habría maltratado a su beba de 1 mes arrojándola desnuda en la calle durante la madrugada. La imputada, de 24 años, enfrenta cargos por maltrato de niños o adolescentes bajo tutela y quedó a disposición del Juzgado de Garantías. La niña fue rescatada por las autoridades. El hecho ocurrió el 5 de diciembre pasado, a las 01:00 horas, en un inquilinato ubicado en el barrio San Rafael de Presidente Franco, propiedad de Teresa Dejesús Cristaldo. En esa ocasión, la imputada, quien ocupa una pieza de alquiler, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con otros dos inquilinos del lugar, ocasionando disturbios. A raíz del incidente, la propietaria se despertó y fue a verificar qué estaba pasando, momento en que la joven tomó a su bebé pequeña y la arrojó en la calle en un montículo de arena. Posteriormente, volvió a tomar a la criatura, que se encontraba desnuda, y la colocó en un basurero en la intemperie, maltratándola. Dos vecinas intervinieron, sujetaron a la presunta agresora y la despojaron de dos cuchillos que tenía en la cintura. Además, rescataron a la pequeña para protegerla. Tras la denuncia, agentes policiales de la zona acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión de la presunta implicada en el maltrato de menor. Posteriormente, por disposición fiscal, la imputada fue sometida a la prueba alcotest, arrojando positivo 0,609 mg/L. Finalmente, quedó privada de libertad en la comisaría de mujeres, con asiento en la Dirección de Policía de Alto Paraná. La Defensoría Pública otorgó la guarda provisoria de la niña de un mes de edad a favor de la abuela materna, quien actualmente ya tiene a su cuidado a otro hijo de la imputada de 5 años de edad, debido a constantes maltratos y falta de cuidado. La fiscal Viviana Sánchez solicitó la aplicación de la suspensión de la prisión preventiva y planteó el otorgamiento de medidas menos gravosas para la procesada. El nombre de la imputada se mantiene en reserva a fin de preservar la identidad de la víctima, en cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia.  

La agente fiscal Viviana Sánchez presentó imputación contra un hombre que habría transgredido una disposición judicial para atropellar a su expareja en su domicilio y maltratarla. El imputado Juan Derlis Cáceres Montiel (40) enfrenta el proceso penal por el supuesto hecho punible de violencia familiar. Según la investigación, el sindicado habría ejercido violencia en reiteradas ocasiones contra la víctima, siendo la última vez el 7 de diciembre de 2024, a las 05:00 horas. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en el barrio Santo Domingo de Presidente Franco, resultando víctima Dionicia Beatriz López González. En esa ocasión, el presunto agresor llegó al lugar y violentó la puerta de acceso para luego amenazar de muerte a la dueña de casa, que inmediatamente alertó a agentes policiales de la zona. Los miembros de la fuerza pública acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso. El acta de imputación establece que el procesado ya venía acosando y amenazando de manera sistemática a la afectada desde tiempo atrás, cuando en la fecha indicada la atacó nuevamente, transgrediendo reglas y obligaciones impuestas en el marco de la causa abierta en el 2022.  Por lo tanto, la fiscal Viviana Sánchez requirió la prisión preventiva del encausado, quien quedó a disposición de la Justicia.

La agente fiscal Natalia Montanía pidió la prisión preventiva de un adolescente imputado por hurto agravado y que además contaba con orden de captura pendiente, declarado en rebeldía, por un caso similar anterior. El menor, identificado con las iniciales J.D.S., de 16 años, se encuentra privado de libertad a disposición del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. La investigación refiere que el hecho ocurrió días pasados, en horas de la tarde, en una vivienda ubicada en el asentamiento 13 de Junio de Hernandarias, propiedad de Elizabeth Aguilar. El presunto ladrón y un cómplice de 13 años violentaron la puerta de acceso de la vivienda para ingresar al interior y apoderarse de un teléfono celular. Sin embargo, la víctima que en ese momento se encontraba descansando en el lugar con un hijo menor, se percató del hecho y reconoció plenamente a los presuntos autores del ilícito, quienes son sus vecinos. Inmediatamente dio aviso a su pareja Ronaldo Dávalos, que con la ayuda de algunos compañeros de trabajo, persiguió en un automóvil a los dos menores, hasta reducirlos y entregarlos a agentes de la Comisaría 24 del barrio Puerta del Sol. Tras la comunicación al Ministerio Público, intervino la fiscal Natalia Montanía, quien procedió a la imputación del adolescente de 16 años y solicitó su prisión preventiva, considerando que es reincidente. El niño de 13 años fue entregado a su madre, puesto que es inimputable.

La fiscal Olga Patricia Melgarejo imputó a una mujer acusada de vender un automóvil perteneciente a una concesionaria de vehículos y que había adquirido a cuotas. Se trata de María Liz Amarilla González, quien enfrenta cargos por presunta estafa. De acuerdo con la investigación, la imputada compró el vehículo Kia Cerato, modelo 2015, color plata, con matrícula CEL 937, de la empresa Garden Automotores S.A., por la suma de 15.000 dólares americanos. La misma realizó un pago inicial de 3.000 dólares y se comprometió a abonar el saldo en 27 cuotas mensuales de 440 dólares. Sin embargo, habría vendido el automóvil a Cristhian David Florentín Garayo sin haber concluido el pago ni contar con la autorización de la firma en cuestión. El caso se descubrió en mayo de 2022, cuando el vehículo fue incautado mediante un mandamiento de embargo preventivo y orden de secuestro firmado por el juez Mario Alberto Aguayo. Durante el procedimiento, se evidenció que el rodado seguía siendo propiedad de Garden Automotores S.A., conforme a la documentación exhibida al denunciante. El contrato de compra-venta establecía una cláusula que prohibía a María Liz Amarilla a transferir, arrendar, gravar o realizar cualquier otro contrato sobre el vehículo sin el consentimiento previo de la empresa, lo que habría sido incumplido por la sindicada. Esto motivó la denuncia posterior ante el Ministerio Público y la consecuente imputación de la presunta responsable. La fiscal Melgarejo solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la prisión preventiva, proponiendo la aplicación de medidas alternativas mientras se desarrolla el proceso.

La fiscal Viviana Sánchez obtuvo una condena de 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad para el autor de un asalto. Se trata de Richard Darío Benítez Pereira (34), alias “Richard’ i”, que fue encontrado culpable del hecho punible de robo agravado. Durante el juicio oral, desarrollado en el Poder Judicial de CDE, la fiscal produjo varias pruebas documentales y testimoniales, demostrando la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Diego Duarte, Margarita Martínez y Gloria Vera, aplicó el fallo condenatorio. De acuerdo con los antecedentes, el atraco armado ocurrió el 17 de enero de 2024, a las 13:30 horas, en la boca de cobranza “Itaú Express” que se encuentra en el interior del supermercado Súper Seis de Presidente Franco. En esa ocasión, el criminal entró al lugar armado con un revólver y de inmediato encañonó al cajero, exigiéndole la entrega del dinero que tenía en su poder, consistente en G. 3.901.610. Todo el movimiento del asaltante quedó registrado en la filmación de la cámara de seguridad, siendo plenamente identificado por los investigadores, quienes posteriormente lograron su detención durante una persecución.

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Edgar René Dávalos Martínez (33) por el presunto feminicidio de su pareja, Marina Benítez, hecho ocurrido el pasado 4 de diciembre en el Km 9 Monday de Ciudad del Este, en el asentamiento 8 de Diciembre. Según la investigación preliminar, el hombre habría intentado encubrir el crimen simulando un suicidio. Actualmente, el sospechoso se encuentra recluido en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná a disposición de la justicia. De acuerdo con la versión inicial proporcionada por el imputado, alrededor de las 03:30 del 4 de diciembre, encontró a su pareja colgada del cuello con una sábana atada a una viga de madera en el techo de la casa. Luego, con la ayuda de vecinos, trasladó a la mujer en un vehículo particular al Pabellón de Emergencias Médicas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. No obstante, el relato generó sospechas tras el examen preliminar realizado por la médica forense Ramona García, quien identificó indicios de una muerte dudosa. Por lo tanto, el fiscal Luis Trinidad resolvió la remisión del cuerpo a Medicina Forense de la Fiscalía General del Estado en Asunción, para una autopsia exhaustiva. Según el informe del médico forense Erwin Escobar, el examen externo del cadáver reveló hematomas en el muslo izquierdo, escoriaciones en la región cervical y hemorragias internas en los músculos del cuello y el páncreas. Además, no se observaron surcos de compresión típicos de un ahorcamiento, lo que descartó la hipótesis de suicidio y apuntó a una muerte violenta de causa externa. El fiscal Trinidad Colmán planteó la hipótesis de que el imputado preparó la escena del crimen utilizando una sábana blanca con flores rojas para simular un suicidio, atándola al techo con el fin de eludir su responsabilidad penal. Esta versión se refuerza con las declaraciones de Pablina Benítez, madre de la víctima, quien denunció ante la comisaría primera de Caazapá el 6 de diciembre que su hija sufría constantes maltratos por parte de Dávalos. En su testimonio, descartó tajantemente que Marina se hubiera quitado la vida, acusando directamente al hombre de haberla asesinado. Asimismo, la autopsia confirmó lesiones de alta probabilidad de violencia externa, incluyendo equimosis múltiples en las caras internas de los muslos, hemorragias severas en órganos internos y marcas de rasguños en el cuello. Estas evidencias llevaron al Ministerio Público a concluir preliminarmente que la víctima sufrió una asfixia mecánica de origen violento. El 6 de diciembre, Edgar René Dávalos Martínez se presentó en la Unidad Penal Nº 4 de Ciudad del Este acompañado de su abogado, Alexis Fleitas, para prestar declaración indagatoria. Estando en sede del Ministerio Público y basándose en las pruebas recabadas, el fiscal ordenó su detención preventiva y posteriormente resolvió imputarlo por feminicidio. Asimismo, debido a la gravedad del caso y la alta expectativa de pena privativa de libertad, que puede alcanzar hasta 30 años, el representante público solicitó al Juzgado Penal de Garantías Nº 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos, la prisión preventiva del imputado.