Este viernes 11 de abril, estudiantes del tercer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad San Lorenzo, Filial Ciudad del Este, realizaron una visita guiada a la sede de la Fiscalía Regional de la capital del Alto Paraná. La actividad se desarrolló en el marco de la asignatura Deontología, con el acompañamiento del docente,  abogado Carlos Jiménez. Durante el recorrido, los alumnos fueron recibidos por la doctora Raquel Cáceres, jefa de la Oficina Forense del Ministerio Público en Alto Paraná, quien ofreció una charla formativa sobre el rol de los profesionales de la salud en el ámbito forense y el trabajo interdisciplinario que se realiza en casos de investigación penal. En su intervención, la doctora Cáceres destacó la importancia del compromiso ético en la formación profesional e instó a los estudiantes a prepararse con responsabilidad para los desafíos del futuro. También valoró el rol fundamental que cumplen los enfermeros en los hospitales, especialmente en situaciones complejas y de emergencia. Asimismo, se refirió a las exigencias propias de la labor sanitaria, señalando que muchas veces los trabajadores de salud deben sacrificar tiempo con sus familias y asumir largas jornadas para cumplir con su vocación de servicio. La visita fue posible gracias a una solicitud formal presentada por la directora de la Universidad San Lorenzo, Filial Ciudad del Este, abogada Carina Cristaldo, dirigida al fiscal adjunto del Área X del Ministerio Público, Dr. Jorge Sosa, quien dio la autorización correspondiente. En la nota, la directora destacó el compromiso institucional con la formación académica basada en valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y el liderazgo emprendedor. La jornada resultó enriquecedora para los estudiantes, quienes pudieron conocer de cerca el funcionamiento del Ministerio Público y reflexionar sobre la importancia de su futura labor dentro del sistema de salud.

  El fiscal adjunto de Alto Paraná, Dr. Jorge Sosa, y el director del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, abogado Nicolás Garcete, mantuvieron una reunión de trabajo con profesionales psicólogas y trabajadoras sociales de Ciudad del Este, en la que se abordó la problemática que afecta a esta dependencia fiscal. También participaron del encuentro las agentes fiscales Vivian Coronel, Julia González, Liliana Denise Duarte, Estela Mary Ramírez y Susan Vega, pertenecientes a las unidades especializadas en hechos punibles contra niños y adolescentes, y trata de personas, incluyendo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y violencia familiar. Durante la reunión se abordaron las carencias en infraestructura y la escasa dotación de personal con que cuenta actualmente el Centro de Atención a Víctimas en la zona. Ante esta situación, el director del Centro, Nicolás Garcete, se comprometió a gestionar la asignación de más psicólogas y trabajadoras sociales. Por su parte, el Dr. Sosa asumió el compromiso de respaldar y acompañar dicha petición, teniendo en cuenta que actualmente en todo el departamento solo se dispone de cinco psicólogas y dos trabajadoras sociales para atender los casos en la Fiscalía Regional de Ciudad del Este y las distintas unidades zonales, lo que genera una evidente sobrecarga de trabajo. Asimismo, el fiscal adjunto anunció que realizará gestiones ante la Fiscalía General del Estado para la provisión de un vehículo que facilite la atención a víctimas de violencia familiar y abusos sexuales en niños, dos tipos de casos que registran un marcado incremento en los últimos tiempos en el décimo departamento.

En el marco del compromiso con la defensa y promoción de los derechos fundamentales, el viernes, el Ministerio de Justicia (MJ) recibió la visita oficial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados al Centro Penitenciario de Minga Guazú. Esta actividad tuvo la connotación de mostrar in situ, los estándares de cumplimiento en derechos humanos que el centro penitenciario reúne. La delegación fue recibida por el interventor del Penal de Minga Guazú, Jesús Pérez; así como por la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; y el jefe del Departamento del Área Laboral de la Dirección de Reinserción Social, Guido González. Durante el recorrido los parlamentarios verificaron las condiciones operativas del penal, los protocolos de seguridad vigentes, el estado de la infraestructura y los avances en materia de reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL). Los diputados presentes fueron, Derlis Rodríguez, Rocío Abed,, Guillermo Rodríguez, Roya Torres y Walter García. Las autoridades de la Cartera de Estado, explicaron el funcionamiento general del centro, haciendo énfasis en los programas de reinserción laboral y social implementados, los perfiles de las PPL involucradas y los resultados obtenidos hasta la fecha. Además, enseñaron pormenorizadamente, un módulo convencional, donde los legisladores pudieron observar directamente las condiciones de vida y la dinámica interna de los internos. Por su parte, la Comisión reafirmó su compromiso con la construcción de un sistema penitenciario más humano, seguro y eficiente, basado en el respeto a la dignidad de todas las personas y en la búsqueda constante de mejoras estructurales y de gestión.

La agente fiscal Claudelina Corvalán imputó a Lidio Epifanio Acevedo Gamarra, de 50 años, por el hecho punible de contrabando, tras ingresar al país con mercaderías de origen brasileño sin la documentación correspondiente. Los productos fueron incautados en la cabecera del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, durante un control rutinario. El acta de investigación refiere que  el 7 de abril de 2025, alrededor de las 23:00 horas, Acevedo Gamarra transportaba 27 cajas de muslo de pollo, 10 fardos de azúcar de 30 kilogramos cada uno y 3 cajas de menudencias de pollo, sin contar con la documentación legal que acreditara su ingreso a territorio nacional. Las mercaderías eran transportadas en un rodado, de la marca Kenton, color rojo, con matrícula N° 499-ABIO, totalmente cubierto. Durante el control realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en coordinación con el personal del Área Naval del Este, el conductor intentó evadir el control realizando maniobras peligrosas, por lo que los intervinientes lo interceptaron. Tras su detención, el motocarro fue trasladado al Depósito A de la DNIT, donde se verificó la carga ilícita. Luego, los antecedentes fueron remitidos a la Unidad Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando Nº 3, a cargo de la fiscal Claudelina Corvalán, quien reunió los elementos de convicción y resolvió imputar a Acevedo Gamarra. El imputado quedó a disposición del Juzgado, y la fiscal Corvalán solicitó la aplicación de medidas alternativas.

La agente fiscal Julia González imputó a un joven de nacionalidad brasileña por el hecho punible de reducción, tras ingresar a Paraguay con una lujosa camioneta robada en Brasil. El sospechoso, identificado como Erick Gabriel Alves Dos Santos, de 21 años, se encuentra recluido en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia. La detención del extranjero ocurrió el 8 de abril de 2025, alrededor de las 08:00 horas, momento en que se encontraba al mando de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux SWD4X4MD, año 2022, con chapa brasileña N° AWY1B77 y chasis N° 8A1BA8AN0NS425420, de color negro. El procedimiento se realizó en la cabecera del Puente de la Amistad por funcionarios aduaneros y personal de seguridad, quienes le solicitaron al sindicado la documentación del vehículo. Sin embargo, solo atinó a decir que fue contratado para trasladar la camioneta desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú hasta Minga Guazú, para entregarla a otra persona. Luego, los intervinientes derivaron el vehículo a un depósito dentro del predio de la Dirección Nacional de Aduanas en Ciudad del Este. Posteriormente, se informó del hecho al jefe de Policía Fluvial, capitán Claudio Cristian Ramírez Acosta, quien ordenó el traslado del conductor a la base de la Policía Fluvial para realizar las diligencias preliminares. Posteriormente, mediante consulta realizada al Departamento del Comando Tripartito, se pudo constatar que la chapa del vehículo no coincidía con el número de chasis y se confirmó que el vehículo había sido denunciado como robado en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), el 31 de marzo de 2025. Tras la comunicación al Ministerio Público, la fiscal Julia González reunió las pruebas incriminatorias contra Erick Alves y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que decrete su prisión preventiva, considerando la falta de arraigo y el peligro de fuga existente.

La designación de jueces ampliamente cuestionados por corrupción y fallos escandalosos como nuevos miembros del Tribunal de Apelación Penal del Alto Paraná, ha desatado una ola de indignación en el gremio jurídico y la ciudadanía. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, una vez más, se han doblegado ante las presiones del poder político y decidieron premiar a magistrados con antecedentes nefastos, desoyendo las advertencias y reclamos de los actores judiciales del Este del país. Entre los designados figuran Marino Méndez Hermosilla, de conocida cercanía con el Clan Zacarías; y la exfiscal y exjuez Fátima Burró, ambos con un prontuario de denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La resolución de la CSJ no solo fue calificada como lamentable, sino como una auténtica traición a los principios de justicia. “Es nefasto, es una puñalada de frente, de atrás, de todos lados a la ciudadanía, a los justiciables y a los abogados de bien”, fustigó la presidenta del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Nidia Silvero de Prieto, al conocer la decisión. “Es premiar a delincuentes que administran justicia”, remató, visiblemente molesta. Silvero lamentó que, pese a las denuncias y carpetas documentadas entregadas a cada uno de los ministros de la Corte, especialmente al superintendente de la circunscripción César Diesel y a la presidenta regional Juliana Jiménez, los magistrados hayan hecho oídos sordos. “Todo nuestro esfuerzo no sirvió para nada. Pasaron por alto todo”, señaló con indignación. La juez Fátima Burró fue designada de forma unánime por los ministros de la Corte, pese a su trayectoria marcada por resoluciones aberrantes. Es recordada por el caso del asesinato del joven Juan Daniel Ortigoza Ávalos, ocurrido en julio de 2022, donde otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a siete policías imputados por homicidio doloso. Burró incluso aplicó un procedimiento abreviado en un caso de crimen grave, permitiendo que los uniformados evitaran la cárcel con sanciones ridículas, como pagar 200.000 guaraníes mensuales como “reparación social”. Por su parte, Marino Méndez, exjuez penal de la adolescencia, tiene una larga historia de resoluciones a favor de miembros del Clan Zacarías, grupo político con gran influencia en la región. Fue elegido con mayoría de votos en la Corte, salvo la abstención del ministro Gustavo Santander, lo que evidencia que incluso los magistrados considerados “independientes” optaron por el silencio. TERCERA VACANCIA “YA TENDRÍA DUEÑA” La tercera vacancia en la Cámara de Apelaciones aún no fue oficialmente cubierta, pero todo apunta a que será ocupada por Cinthia Garcete, otra juez con múltiples denuncias por presuntos hechos de corrupción. Se le atribuye haber recibido G. 150 millones a cambio de otorgar arresto domiciliario a policías acusados de homicidio, además de beneficiar a un feminicida y levantar órdenes de captura contra estafadores prófugos. “La única que falta para completar el combo es Cinthia Garcete o Alba Meza. Es lo único que ya falta”, ironizó Silvero de Prieto. La presidenta del CAAP no ocultó su decepción por el comportamiento de los ministros que, según dijo, prefirieron callar. “Creíamos que Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia, César Garay o Gustavo Santander podrían oponerse, pero se callaron todos. Es un mazazo”, dijo. Citando la Biblia, expresó: “Maldito tú, que pones tu esperanza en el hombre”, y concluyó que la decisión de la Corte “es peligrosa, nefasta, y condena a la ciudadanía a seguir bajo un sistema judicial podrido y funcional al poder político”. Silvero apeló a la conciencia de los ministros: “Que piensen en sus hijos, en sus nietos, en qué sociedad van a dejar. No se puede seguir premiando a delincuentes con cargos judiciales. Esta gente no debería estar un segundo más administrando justicia”.

El fiscal Edgar Delgado solicitó la prisión preventiva de un hombre presuntamente involucrado en un asalto callejero contra dos mujeres. El imputado fue identificado como Rodrigo Daniel Colmán Chamorro, alias “Chino”, de 28 años, quien actualmente se encuentra recluido de forma provisoria en una dependencia policial, a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Según el acta de imputación, el hecho ocurrió este 8 de abril de 2025, alrededor de las 17:15, sobre una calle vecinal del km 9 Monday, en el barrio San Isidro de Presidente Franco. En esa ocasión, el imputado y otro sujeto aún no identificado, armados con cuchillos, habrían interceptado a las víctimas, Mercedes Martínez y Antonella Godoy, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los presuntos delincuentes exigieron a las mujeres que entregaran el biciclo. Ante la resistencia de Mercedes Martínez, Rodrigo Colmán la habría golpeado con el puño en el rostro, mientras que su cómplice tiró del cabello a Antonella. Luego, ambos se dieron a la fuga llevándose la motocicleta. No obstante, el biciclo contaba con rastreo satelital, lo que permitió a las autoridades localizarlo en el barrio Remansito de Ciudad del Este. En el lugar fue detenido Rodrigo Daniel Colmán Chamorro, quien se encontraba a bordo del rodado y sería uno de los autores del hecho.

El agente fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a Crispín Andrés Brizuela Martínez (34) en el marco de una investigación por la supuesta comisión del hecho punible de hurto agravado, y solicitó su prisión preventiva. El imputado se encuentra privado de libertad en sede policial, a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió el 4 de abril del corriente año, alrededor de las 21:10 horas, en un inmueble ubicado en el barrio Valle del Sol de la ciudad de Hernandarias. En esa ocasión, tras trepar el muro perimetral, el sindicado ingresó al patio de la casa ajena y, en primer lugar, forzó la ventana de blindex de la habitación situada en el quincho. Posteriormente, se dirigió hacia la vivienda principal, donde intentó abrir la puerta trasera al forzar el picaporte. En ese momento, la víctima, Erica Clotilde Arzamendia D’Recleissis, quien se encontraba en el interior de la vivienda junto a sus hijos pequeños, se percató de la presencia del intruso y llamó por teléfono a su esposo, quien regresaba de la Facultad. Asimismo, empezó a gritar y alertar a los vecinos, quienes acudieron en su auxilio. Al ser descubierto, el imputado huyó del lugar trepando la estructura metálica del tanque de agua, subiendo al techo de la vivienda y luego saltó hacia el quincho nuevamente. Desde allí, se dirigió hacia la propiedad contigua, que se encuentra en construcción, y pasó a otra vivienda. Finalmente, Brizuela Martínez se escondió entre las ramas de un árbol, pero fue reducido por Aníbal Antonio Ayala, marido de la víctima, y algunos lugareños. Posteriormente, agentes policiales de la comisaría 24 del Barrio Puerta del Sol fueron alertados sobre los hechos y acudieron rápidamente al lugar para aprehender al presunto ladrón.