La intervención de ayer en una granja mineradora de criptomonedas, en el Km 24 Monday de Minga Guazú, pone al descubierto la inquietante complicidad fiscal en la operación de estas «empresas». El fiscal Alcides Giménez, encargado del caso, dilató el operativo y omitió la requisa de las máquinas halladas en el lugar, alegando que «no era necesario» investigarlas, a pesar de ser piezas fundamentales en la investigación del robo de energía. Su actuación resulta sumamente llamativa y amerita una investigación interna.
La Ande y la Policía Nacional lideraron el operativo, que estuvo marcado por la sugestiva demora del fiscal Giménez. Funcionarios de la estatal realizaban vigilancia desde el lunes, pero el representante del Ministerio Público retrasó deliberadamente la acción, argumentando la falta de un «poder especial» para el allanamiento, una excusa inverosímil dada la naturaleza del delito de acción penal pública.
Los asesores legales de la Ande, al plantear la denuncia y solicitar el allanamiento, peticionaron expresamente al fiscal la incautación de todos los equipos. Sin embargo, éste no accedió, lo cual fortalece las sospechas de que los dueños poseen fuertes “contactos” a nivel de la Fiscalía y el Poder Judicial. De hecho, aunque se presume que los dueños de estas granjas mineradoras están vinculados al narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, la Fiscalía muestra desinterés en identificarlos. El ex juez César Nider Centurión, quien había renunciado en 2013, vinculado a la liberación de narcotraficantes, se presentó como representante legal de los dueños de la granja, sin revelar sus identidades y aumentando las sospechas.
El fiscal Giménez, a pesar de la abundante evidencia y la presencia de un ex magistrado de nefastos antecedentes, actuó de manera sumamente tibia. Su postura aparentemente complaciente fortalece las sospechas de colaboración con los verdaderos dueños de estas operaciones, quienes permanecen en el anonimato.
DECEPCIONA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La actuación del Ministerio Público frente a las granjas mineradoras de monedas virtuales en Alto Paraná es decepcionante. Aunque los perjuicios a la Ande ascienden a cifras multimillonarias mensualmente, no hay imputados por sustracción de energía vinculados a estas operaciones. Esta falta de acción contrasta con la diligencia en casos menores.
Estas empresas, consideradas un cáncer en Alto Paraná, roban enormes cantidades de energía, afectando gravemente el sistema energético de la región. Los operativos, generalmente impulsados por presión mediática, parten de la capital, mientras los líderes regionales de la Ande mantienen un silencio cómplice ante este flagrante robo de energía.
El presidente de la Ande, Ing. Félix Sosa, impulsa los operativos, pero las críticas se dirigen a la gestión regional liderada por el Ingeniero Juan Rozzano. Este, junto con el Ing. Valerio Rojas y el Ing. Domiciano Silguero, parece inactivo, permitiendo el florecimiento del negocio de la minería de monedas virtuales, supuestamente vinculado al lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado. Es urgente que el Ministerio Público tome medidas concretas para enfrentar esta creciente amenaza y que coloque a agentes idóneos para estos cargos, y no a personas susceptibles a aceptar el dinero sucio de los que operan al margen de la ley.
