Diputados de distintas bancadas visitaron el Centro Nacional de Prevención y Tratamientos de Adicciones, a fin de verificar el funcionamiento de la institución y atención a las necesidades edilicias, medicamentos y otras áreas. Los parlamentarios fueron recibidos por el director Dr. Manuel Fresco y su equipo técnico, quienes guiaron el recorrido por las instalaciones.
En el recorrido y en conversación con las autoridades del centro, se constató la necesidad de mejoramiento de la infraestructura, así como también de ampliar la atención hospitalaria, lo que implica mayor número de funcionarios de blanco y los rubros que demanden este tipo de atención. El presupuesto anual correspondiente al nosocomio es de aproximadamente Gs. 9.000.000.000 y solo alcanza para gastos rígidos, alimentación de los pacientes y personal de blanco.
Es importante acotar que el Centro Nacional de Adicciones constituye un modelo médico, único en el país abocado al tratamiento de personas con problemas de drogadicción. Desde este servicio se brinda una atención integral al adicto, con un plantel multidisciplinario de profesionales calificados que colaboran en su rehabilitación.
Indicaron que, si bien existen otras instituciones como las comunidades terapéuticas en forma gratuita, algunas de ellas religiosas que se dedican a la asistencia de personas con adicción, estas no cuentan con médicos ni área de internación.
Entre los servicios que ofrecen se encuentra el área ambulatoria dirigida a usuarios en situación de consumo de sustancias tóxicas (alcohol y drogas). Así también, cuenta con tres unidades de desintoxicaciones programadas para niños, adolescentes y adultos, con disponibilidad para un total de 52 pacientes.
Manifestaron que la adicción a las drogas es considerada una enfermedad que no se cura, es como una patología crónica, pero con un adecuado y persistente tratamiento, el paciente puede rehabilitarse. Esta iniciativa legislativa se enmarca en las estrategias planteadas desde la Cámara de Senadores ante los nuevos desafíos que presentan las consecuencias, tanto económicas como sociales, del COVID 19, las cuales generan la necesidad de redoblar y repensar estrategias acordes para paliar la crisis actual como venidera, con el fin de producir cambios vinculados a los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, “sin dejar a nadie atrás”.
Asimismo, cabe resaltar que esta actividad se realizó en consonancia con las líneas de una política social inclusiva y sostenible, que promueve el acceso a derechos, constituyéndose en una hoja de ruta para que los paraguayos acceden efectivamente a la protección social a largo plazo, en el marco del sistema de protección social y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 1 “Fin a la pobreza” y ODS 3 “Salud y Bienestar”.
