A finales del mes de junio la Junta Municipal de Juan León Mallorquín aprobó el pedido de revisión de la gestión de Elvio Coronel, a cargo de la Contraloría General de la República, pero no hay respuestas. Sin embargo, el presidente de la Junta Municipal, Leandro Ramón Ovelar, dijo que con base a denuncias ciudadanas e investigaciones que realizan los ediles, han detectado serias falencias en la gestión del ejecutivo, quien desoye las recomendaciones de la Junta Municipal.
“Ahora se van a pagar G. 260 millones para arreglar una motoniveladora de la municipalidad, que estaba depositada en un taller de motos de la ciudad, donde literalmente fue carneada y estaban tiradas las piezas en el suelo. Luego de la denuncia, se derivó el equipo a cargo de una empresa autorizada para su reparación, pero el intendente primero adjudicó al taller de motos y eso de por sí ya generó desconfianza”, señaló el titular del legislativo.
OBRAS DEMASIADO CARAS
Otra de las denuncias de los concejales mallorquinos es que obras con recursos del Fonacide se han hecho por montos muy elevados, como alcantarillados y baños en instituciones educativas que no cuentan con infraestructura acorde a los precios que figuran, según los registros en Contrataciones Públicas.
Hace unos meses fueron inaugurados baños en tres instituciones educativas, todos de la misma dimensión y con áreas masculinas y femeninas, a un costo de G. 71.810.034 y en esa ocasión, muchos contribuyentes han indicado lo exorbitante que fueron para el erario público esas construcciones.
Sin embargo, el intendente Elvio Coronel dio oídos sordos a esos cuestionamientos y puso énfasis en que los nuevos sanitarios en las instituciones educativas públicas del distrito, se hacían luego de 11 años de reiterados pedidos realizados ante la comuna.
“Nosotros buscamos un trabajo coordinado con el ejecutivo, pero él siempre dio la espalda a la Junta Municipal, aunque también algunos de nuestros colegas le aprueban sus pedidos a ciegas, sin revisar ningún documento. Habíamos denunciado que el encargado de la Unidad de Contrataciones Públicas (UOC), Ramón Paredes, era el eslabón principal para el direccionamiento de las licitaciones y ahora él ya no es funcionario municipal, pero sigue ahí muy cerca nomas”, reveló el concejal Ovelar Viñales.
OTROS CUESTIONAMIENTOS
Entre otros puntos que los ediles mencionaron en su denuncia ante la CGR, están los trabajos en el vertedero municipal, donde no se habrían cumplido las especificaciones técnicas. Lo mismo se mencionó sobre el puente Ka´arendy Guazú, a unos 7 mil metros de la ruta internacional, las obras en la sede Juan León Mallorquín de la Facultad de Filosofía donde también cuestionaron los costos de los baños construidos en el campus.
El concejal Ovelar recordó que hace algunas semanas se supo que los antecedentes de seis municipios del Alto Paraná fueron enviados al Ministerio Público por irregularidades en la gestión de los jefes comunales. Sin embargo, hasta el momento las denuncias enviadas desde Juan León Mallorquín fueron pasadas por al alto.
