La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó, el pasado 25 de julio, la permanencia de los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, a pesar de la recusación presentada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El jefe comunal es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.700 millones en la adquisición de kits destinados a personas de escasos recursos, conocido como el caso “Tía Chela”.
Mediante la recusación, Prieto buscó apartar de su caso a las magistradas Andrea Vera y Bibiana Benítez, así como al camarista Arnulfo Arias, hecho que le fue negado por la máxima instancia judicial del país. La defensa argumentó que los jueces mostraron una supuesta celeridad en la resolución de los planteamientos, lo cual comprometía su imparcialidad. El argumento fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Prieto tiene una audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, que fue suspendida debido a esta diligencia. No obstante, el proceso sigue trabado, debido a que la Corte Suprema de Justicia tiene otro incidente que debe resolver. Pese a que los abogados de Prieto fueron advertidos por dicha instancia judicial de no abusar de los recursos procesales, siguen impidiendo el avance de las investigaciones y de las determinaciones judiciales mediante estas chicanas, de modo a dilatar el proceso.
