La comunidad educativa de la escuela General Bernardino Caballero, del distrito de Minga Guazú, espera que todos los responsables en el supuesto hecho irregular que afecta a la institución sean imputados. Refieren que existen méritos para que el intendente de dicha ciudad, Diego Ríos, como la propietaria de la empresa “Emprendimientos S y S”, Sonia Elena Mendoza, como algunos concejales que avalaron el hecho, sean acusados por lesión de confianza; como mínimo, según dijeron.
La irregularidad fue constatada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo que existen suficientes elementos para que las personas involucradas en esta mala actuación sean castigadas por la Justicia, dijeron.
El anuncio de que, como un gesto de buena acción, se devolvió una parte del dinero, consistente en G. 65 millones, para la conclusión de las obras que irresponsablemente la empresa adjudicada no lo hizo, es un elemento más que el Ministerio Público debe castigar, refirieron algunos padres de alumnos de la institución, quienes se sintieron indignados, por considerar que es una burla el devolver un ínfimo monto, más aún al descubrirse que hubo una sobrefacturación de las obras, añadieron.