El caso de una joven que denunció acoso sexual en Ciudad del Este destapó un esquema de represalias y abuso de poder, en el que comerciantes con antecedentes por presunta estafa estarían instrumentalizando al Ministerio Público para hostigar a su familia. El acusado Aníbal Alfredo Barrios, es señalado por supuesto acoso sexual en perjuicio de una joven empleada de su negocio, Power Cell Atacado.
La denuncia presentada ante la Unidad Penal Nº 11 de la fiscal Julia González, llevó a la citación de Barrios para prestar declaración sobre el grave hecho. Sin embargo, lejos de acatar el proceso, el acusado habría recurrido a su poderío económico para desviar la atención, involucrando al polémico fiscal Gabriel Segovia en un aparente acto de persecución contra la familia de la denunciante.
Según los datos, Barrios orquestó una denuncia falsa contra Moisés Miranda, padre de la joven denunciante, junto con otros dos pequeños comerciantes: Osvaldo Ignacio Núñez Sosa y Sergio Ramón Petrut Batista. La acusación presentada por Segovia se basa en un supuesto hecho de estafa en perjuicio de ciudadanos brasileños, de quienes no se tienen registros ni evidencias claras. Esta acción sería una estrategia para intimidar a la joven y forzarla a retirar su denuncia de acoso sexual.
Pruebas contundentes respaldan las denuncias de la familia. Capturas de pantalla y audios viralizados revelan mensajes de los acusados hacia la joven, en los que niegan las acusaciones, la amenazan con contrademandas y exigen que ignore los consejos de su padre. En uno de los audios, el abogado del comerciante, identificado como «Dr. Dionisio», menciona que Barrios estaría dispuesto a «solucionar» el caso por US$ 1.500, evidenciando además un presunto intento de extorsión.
La trama no solo refleja la persecución contra una familia por atreverse a denunciar acoso sexual, sino también el manejo cuestionable del Ministerio Público. La unidad del fiscal Gabriel Segovia, conocida por su inacción en casos de estafa en el microcentro, ahora parece servir como herramienta para intimidar a las víctimas en lugar de garantizar justicia. El caso pone en evidencia cómo algunos sectores con poder económico utilizan sus influencias para torcer la justicia, en un entorno donde las víctimas terminan siendo revictimizadas y perseguidas de manera implacable y antojadiza
